El Estado es competente para evaluar el impacto ambiental de sus propias obras

El pleno del Tribunal Constitucional notific¨® ayer una sentencia que declara conforme a la norma fundamental y a la distribuci¨®n de competencias estatales y auton¨®micas el decreto de 1988 que atribuy¨® al Estado la evaluaci¨®n del impacto ambiental en las comunidades aut¨®nomas. El Gobierno vasco impugn¨® tal disposici¨®n y reclam¨® para s¨ª la competencia. El fallo ha sido adoptado por siete magistrados, mientras que los cinco restantes consideran que el decreto impugnado vulnera la distribuci¨®n constitucional de competencias entre el Estado y el Pa¨ªs Vasco.

La ajustada votaci¨®n de los 12 magistrados del ¨®rgano m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n ofrece una muestra del car¨¢cter pol¨¦mico que tiene la concesi¨®n de la llave de la declaraci¨®n de impacto ambiental. La propia tramitaci¨®n durante nueve a?os del conflicto positivo de competencia planteado en 1989 por el Gobierno vasco frente al de la naci¨®n da idea de su complejidad.El inicial ponente, Manuel Jim¨¦nez de Parga -quien invoc¨® en favor del Estado "el inter¨¦s general de Espa?a"-, fue sustituido en mayo de 1997 por Pablo Garc¨ªa Manzano, magistrado que, al quedar en minor¨ªa, fue sustituido a su vez por el presidente del tribunal, ?lvaro Rodr¨ªguez Bereijo.

En cuanto al alcance de la competencia a debate, los proyectos cuya repercusi¨®n ambiental debe ser evaluada antes de su adopci¨®n son: la construcci¨®n de autopistas y autov¨ªas, l¨ªneas de ferrocarril de largo recorrido, aeropuertos puertos de envergadura, grandes presas, refiner¨ªas de petr¨®leo; centrales t¨¦rmicas, sider¨²rgicas e instalaciones qu¨ªmicas integrales, instalaciones de residuos t¨®xicos y peligrosos, extracci¨®n a cielo abierto de minerales y las primeras repoblaciones forestales cuando entra?en riesgos de graves transformaciones ecol¨®gicas negativas.

Instrumento de desarrollo

La sentencia de la mayor¨ªa explica que "la evaluaci¨®n del impacto ambiental es un instrumento que sirve para preservar los recursos, naturales y defender el medio ambiente en los pa¨ªses industrializados". A?ade que su finalidad es "facilitar a las autoridades competentes la informaci¨®n adecuada, que les permita decidir sobre un determinado proyecto con pleno conocimiento de sus posibles impactos significativos en el medio ambiente".En cuanto a la controversia planteada, lo que el Gobierno vasco impugna en el decreto 1.131 / 1988 es que permita a la administraci¨®n general del Esado evaluar el impacto ambiental no s¨®lo de las construcciones sometidas a la intervenci¨®n estatal, sino de las de car¨¢cter auton¨®mico. El Gobiero vasco reclama que "los proyectos localizados en su territorio deben ser evaluados ambientalmente por la administraci¨®n auton¨®mica (...), aunque la Administraci¨®n competente para aprobarlos o autorizarlos sea la estatal".

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional estima "conforme con el orden constitucional de competencias que la normativa impugnada conf¨ªe la evaluaci¨®n del impacto ambiental a la propia Administraci¨®n que realiza o autoriza el proyecto de una obra, instalaci¨®n o actividad que se encuentra sujeta a su competencia". Y a?ade que ello no resta ninguna de las competencias del Pa¨ªs Vasco tanto sobre medio ambiente como sobre ordenaci¨®n del territorio y urbanismo, entre otras.

Adem¨¢s, el Constitucional indica que "cuando la Administraci¨®n general del Estado ejerce sus competencias sobre el territorio de una comunidad aut¨®noma, debe ejercerlas siempre atendiendo los puntos de vista de ¨¦sta". En el caso de la evaluaci¨®n del impacto ambiental, la sentencia se?ala que "la normativa vigente no s¨®lo no niega ese deber de colaboraci¨®n, sino que ofrece cauce e instrumentos para cumplirlo".

En ese sentido se manifest¨® ayer en Alicante la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino. Seg¨²n informa Mar¨ªa Jos¨¦ Pastor, Tocino, que a¨²n no conoc¨ªa la sentencia, se?al¨®: "Mi primera impresi¨®n es que deja claro de qui¨¦n es la competencia, que es del Gobierno, pero se tendr¨¢ en cuenta a las comunidades aut¨®nomas. Esta sentencia permitir¨¢ agilizar los tr¨¢mites de la Ley de Evaluaci¨®n de Impacto Ambiental".

Votos discrepantes

Los cinco magistrados que discrepan de la mayor¨ªa firman un voto particular elaborado por Pablo Garc¨ªa Manzano en el que sostienen que la comunidad aut¨®noma puede tener competencia para elaborar la evaluaci¨®n del impacto ambiental "incluso cuando se trate de proyectos aprobados o autorizados por el Estado". Afirma tambi¨¦n que la gesti¨®n de la protecci¨®n medioambiental es una materia asumible" por las comunidades aut¨®nomas.Los cinco magistrados manifiestan que el ejercicio de la tutela ambiental por la comunidad aut¨®noma del Pa¨ªs Vasco "en ¨²ltimo caso no pondr¨ªa en riesgo la realizaci¨®n de las grandes infraestructuras a cargo del Estado, ni los proyectos privados de indudable trascendencia para la econom¨ªa nacional, si se acude a f¨®rmulas de colaboraci¨®n". En definitiva, consideran que el decreto impugnado vulnera "la distribuci¨®n competencial entre el Estado y la comunidad aut¨®noma del Pa¨ªs Vasco".

Por otra parte, el Tribunal Constitucional notific¨® ayer otras dos sentencias en materia auton¨®mica. Por una de ellas declara contrarios al orden constitucional de distribuci¨®n de competencias varios preceptos de la ley de 1992 de Pesca Fluvial de Castilla-La Mancha. Por la otra, estima conformes a la Constituci¨®n una serie de art¨ªculos de la ley de 1990 de Caza de Extremadura, impugnados por el PP, siempre que la caza se permita mediante autorizaci¨®n administrativa reglada, no concesi¨®n.

Manuel S¨¢nchez, director general de Medio Ambiente de Extremadura manifest¨® ayer que la ley impugnada, "aunque de contenido marcadamente social, no ataca el derecho de propiedad, sino que regula el aprovechamiento cineg¨¦tico y ordena el derecho a cazar de cualquier persona", informa Inmaculada G. Mardones.