La ley exige el permiso previo y por escrito para automatizar los datos

IU, seg¨²n enfatiz¨® ayer Pedro Granados, argumenta que ha actuado amparada por la legalidad. Y para demostrarlo se remite al art¨ªculo 27 de la Ley de Protecci¨®n de Datos (LORTAD). El art¨ªculo 27 efectivamente se?ala que "quienes, por cuenta de terceros, presten servicios de tratamiento automatizado de datos de car¨¢cter personal no podr¨¢n aplicar o utilizar los obtenidos con fin distinto al que figure en el contrato de servicios, ni cederlos, ni siquiera para su conservaci¨®n, a otras personas".

Y en el apartado 2 dice: "Una vez cumplida la prestaci¨®n contractual, los datos de car¨¢cter personal tratados deber¨¢n ser destruidos, salvo que medie autorizaci¨®n expresa de aquel por cuenta de quien se presten tales servicios porque razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se, podr¨¢n almacenar con las debidas condiciones de seguridad por un per¨ªodo de 5 a?os".

Pedro Granados y los servicios jur¨ªdicos de IU prefirieron ayer no hablar del art¨ªculo 7 de esa misma ley que dice: "S¨®lo con consentimiento expreso y por escrito del afectado podr¨¢n ser objeto de un tratamiento automatizado los datos de car¨¢cter personal que revelen la ideolog¨ªa, religi¨®n o creencia". Tan especial cuidado pone la ley en todo lo que se refiere a este tipo de datos, que a?ade que cuando se demande permiso para automatizarlos, "se advertir¨¢ al interesado acerca de su derecho a no prestarlo".

En la tarjeta enviada a los militantes se requiere un dato sensible del que no se advierte al interesado: la afiliaci¨®n sindical, que algunos interpretan como un intento de conocer el grado de implantaci¨®n de los sindicatos.