La fiscal¨ªa acusa al presidente de la Diputaci¨®n de Guadalajara de falsificar el presupuesto

La fiscal¨ªa investiga la presunta ocultaci¨®n de un d¨¦ficit de m¨¢s de 3.500 millones de pesetas en la Diputaci¨®n de Guadalajara, gobernada por el PP. Mar¨ªa ?ngeles Garc¨ªa Garc¨ªa, fiscal jefe de esa provincia, ha elevado diligencias de investigaci¨®n criminal al fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, ante la existencia de un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial del que "veros¨ªmilmente" son autores Francisco Tomey G¨®mez, presidente de la Diputaci¨®n y senador del PP, y el interventor Jos¨¦ Villalgordo Rodr¨ªguez. Se les acusa de ser responsables de la incorporaci¨®n "ficticia" de 3.574.792.152 pesetas en las liquidaciones de los presupuestos de ese organismo. Cardenal deber¨¢ decidir si la investigaci¨®n la sigue la fiscal¨ªa de Guadalajara o se env¨ªa al Tribunal Supremo, dado que Tomey es aforado.

Las diligencias de la fiscal son consecuencia de una denuncia presentada el 13 de junio de 1997 por Jes¨²s Alique L¨®pez, diputado y portavoz del grupo socialista en la oposici¨®n de esa Diputaci¨®n, quien asegura que esa cantidad podr¨ªa haber sido incorporada ficticiamente a los presupuestos de los a?os 1991 a 1996 como pendientes de cobro cu¨¢ndo no exist¨ªa cantidad alguna por ese concepto. Tomey es presidente de la Federaci¨®n de Municipios y Provincias de Castilla-La, Mancha y vicepresidente de la Federaci¨®n de Municipios y Provincias de Espa?a."Se ha ocultado mediante apuntes contables mendaces un d¨¦ficit de m¨¢s de 3.000 millones de pesetas y se han concertado operaciones de Tesorer¨ªa por importe de m¨¢s de 7.000 millones sin contar los correspondientes intereses" se?ala el escrito de Mar¨ªa Angeles Garc¨ªa, firmado el pasado d¨ªa 28 de enero.

En su relato de los hechos, la fiscal se?ala que tras la presentaci¨®n de la denuncia acord¨® la apertura de una investigaci¨®n para comprobar si efectivamente dichas cantidades son ficticias o si existe un soporte documental de las mismas. A?ade que tambi¨¦n investig¨® si aun no existiendo ese soporte documental "se trata de meros errores contables, irrelevantes penalmente, siendo la denuncia una mera operaci¨®n de desgaste y descr¨¦dito del adversario pol¨ªl¨ªtico".

Diligencias

Durante su investigaci¨®n, la fiscal practic¨® diversas diligencias, entre ellas la comparecencia de los dos citados y la relaci¨®n nominal de los supuestos deudores, "sin que se aportara justificaci¨®n cumplida". En calidad de imputado declar¨® el interventor Jos¨¦ Villalgordo. Asimismo, ?ngeles Garc¨ªa pidi¨® que se aportaran las actas de las sesiones ordinarias del pleno.Tras el relato de esas diligencias la fiscal jefe a?ade, de manera rotunda, que "se ha comprobado la veracidad de la denuncia en cuanto a que efectivamente se han incorporado a la liquidaci¨®n de los Presupuestos como pendientes de cobro cr¨¦ditos inexistentes o ficticicios".

En este sentido, se?ala que las liquidaciones de los Presupuestos Generales acompa?ados a la denuncia mediante fotocopia son concordes con las liquidaciones de los Presupuestos Generales que est¨¢n en la Intervenci¨®n, puesto que se ha pedido fotocopia compulsada a la Diputaci¨®n Provincial y ambos documentos coincinden. La fiscal de Guadalajara apunta en su escrito que con posterioridad a la denuncia del diputado Alique "se anulan derechos de varios conceptos presupuestarios de ejercicios cerrados". Y que en el informe del interventor, evacuado el 4 de septiembre de 1997, "se afirma reconocer un saldo de dudoso o imposible cobro de 3.574.792.152 pesetas, algunos de cuyos conceptos coinciden con los reputados falsos en la denuncia".

En el citado informe aparece como de dudoso o imposible cobro la participaci¨®n de la Diputaci¨®n de Guadalajara en los Tributos del Estado, algo m¨¢s de 1.000 millones de pesetas, "cuando consta documentalmente en las actuaciones la afirmaci¨®n del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes que la Diputaci¨®n de Guadalajara ha percibido la totalidad de la asignaci¨®n que le ha correspondido sin que exista cantidad alguna pendiente de pago por tal concepto ni reclamaci¨®n de cuenta por parte de la misma".

Mar¨ªa ?ngeles Garc¨ªa se?ala en sus diligencias que "es indudable que es de imposible cobro lo que no se debe, y que nada se debe ni se debi¨® queda meridianamente claro en el informe del interventor, evacuado el 10 de diciembre de 1997, en el que se dice que la justificaci¨®n y motivos de la anulaci¨®n de derechos de varios conceptos presupuestarios de ejercicios cerrados obedece a derechos contra¨ªdos de m¨¢s por error".

Las liquidaciones de los presupuestos son aprobadas por el presidente de la Diputaci¨®n previo informe de la Intervenci¨®n, seg¨²n lo dispuesto por la ley reguladora de las Haciendas Locales.

Todas las liquidaciones que aparecen en la denuncia aparecen firmadas por Francisco Tomey con informe del interventor Jos¨¦ Villalgordo, quien debe dar cuenta al pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente.

En la diputaci¨®n desde 1983

Este peri¨®dico no consigui¨® ayer ponerse en contacto con Tomey y Villalgordo para que dieran su versi¨®n de los hechos.Tomey, veterano dirigente del PP en Guadalajara, fue senador en la tercera legislatura, en 1986, y diputado en la cuarta, en 1989. En 1993, repiti¨® tambi¨¦n como senador, lo mismo que en 1996. Recientemente ha sido nombrado vicepresidente de la comisi¨®n de presupuestos del Senado. Ha sido tambi¨¦n consejero delegado y director general de empresas del sector de servicios. Seg¨²n la biograf¨ªa del list¨ªn de diputados de 1990, Tomey es licenciado en gesti¨®n comercial y marketing y periodista.

Como presidente de la Diputaci¨®n Provincial de Guadalajara ha ejercido su mandato desde 1983.