El Congreso aprueba un tope m¨¢ximo del 10% para la cesi¨®n de suelo a los ayuntamientos

El Pleno del Congreso aprob¨® ayer, con los votos del PP y sus socios nacionalistas (CiU, PNV y CC), el proyecto de ley del Suelo presentado por el Gobierno. El texto que deber¨¢ pasar por el Senado y volver al Congreso antes de entrar en vigor, recoge que la cesi¨®n obligatoria del terreno utilizado por los promotores a los ayuntamientos sea entre el 0% y el 10% del solar utilizado. Sin embargo, deja en manos de las comunidades no s¨®lo la elecci¨®n de la cifra de cesi¨®n concreta, sino la potestad de que este terreno se entregue urbanizado, lo cual es, en la pr¨¢ctica, un aumento.

La cesi¨®n obligatoria ha sido uno de los extremos m¨¢s pol¨¦micos a lo largo de la larga, ocho meses en estos momentos, tramitaci¨®n de urgencia de este proyecto de ley. El Gobierno, el PP y CiU abogaron desde un principio por una horquilla del 0% al 10% de cesi¨®n, pero sin urbanizar. El resto de partidos y la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP) defendieron elevar ese l¨ªmite al 15%. Los promotores ped¨ªan la desaparici¨®n.Finalmente, la opci¨®n elegida ha sido mantener el tope m¨¢ximo del 10%, pero con una propina significativa. Las comunidades deber¨¢n determinar en sus leyes espec¨ªficas si el terreno cedido debe estar previamente urbanizado o no. En el primer supuesto, y seg¨²n los c¨¢lculos que manejan varios partidos y los promotores, el coste ser¨ªa equivalente a la cesi¨®n del 17% del terreno.

Eso explica, al menos en parte, el apoyo de Coalici¨®n Canaria y PNV al conjunto del proyecto. El PNV defendi¨®, no obstante, una enmienda, rechazada, para que se introdujera el l¨ªmite del 15%. En el Pa¨ªs Vasco, la cesi¨®n obligatoria es del 15%.

El texto, que puede entrar en vigor a finales de marzo o principios de abril tras su paso por el Senado y su vuelta al Congreso, es bastante menos liberalizador de lo planteado en un principio.

El proyecto inicial facilitaba la masiva salida al mercado de terrenos para su urbanizaci¨®n. Los textos posteriores han ido suavizando de manera notable esta posibilidad, hasta el punto de definir el suelo no urbanizable como aqu¨¦l que "est¨¦ sometido a alg¨²n r¨¦gimen especial de protecci¨®n incompatible con su transformaci¨®n de acuerdo con los planes de ordenaci¨®n territorial o la legislaci¨®n sectorial, en raz¨®n de sus valores paisaj¨ªsticos, hist¨®ricos, arqueol¨®gicos, cient¨ªficos, ambientales o culturales, de riesgos naturales contemplados en el planeamiento sectorial, o en funci¨®n de su sujecci¨®n a limitaciones o servidumbres para la protecci¨®n del dominio p¨²blico". Y como aqu¨¦l que "el planeamiento general ( ... ) considere inadecuado para un desarrollo urbano". Una aut¨¦ntico caj¨®n de sastre.

El texto aprobado ayer crea la figura del agente urbanizador -que ser¨¢ reforzada en el Senado, seg¨²n el diputado popular Luis Ortiz-, fija un nuevo sistema de valoraci¨®n del suelo y proh¨ªbe urbanizar "en suelos que presenten riesgos naturales". Esta disposici¨®n se introdujo tras la riada mortal de Badajoz.