Suspenso a Fomento

LA SUSPENSI?N cautelar de la adquisici¨®n de un 25% de las acciones de Antena 3 Televisi¨®n por Telef¨®nica, mediante un auto dictado ayer por la Audiencia Nacional, ha puesto en evidencia de nuevo al Ministerio de Fomento, cuyo respeto a la legalidad es altamente dudoso. Ayer mismo lo puso de manifiesto al juzgar "improcedente y poco rigurosa" la decisi¨®n judicial. Conviene recordar que el prop¨®sito de esta operaci¨®n era crear un grupo multimedia af¨ªn al Gobierno del PP, con el dinero de un monopolio reci¨¦n privatizado y presidido por un gestor cuyo principal valor de mercado era ser amigo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. El irreprimible apoyo de Fomento ha acabado perjudicando a sus te¨®ricos beneficiarios. ?stos se enfrentan ahora a una situaci¨®n jur¨ªdicamente complicada, ya que la suspensi¨®n no se limita al acto de compra de la cadena, sino a todas las actuaciones posteriores derivadas del mismo. ?Qu¨¦ pensar¨¢n los accionistas de Telef¨®nica, su n¨²cleo duro, y los trabajadores de Antena 3, del favor que les hizo Arias-Salgado, ese ministro. que cada vez que toma una decisi¨®n genera un pleito?La Administraci¨®n ha de tener por definici¨®n cuidado extremo en las formas a fin de evitar la arbitrariedad y su apariencia. En el otorgamiento de la autorizaci¨®n para la compra de Antena 3 result¨® llamativo el c¨²mulo de irregularidades, la vulneraci¨®n de los procedimientos y la injustificada precipitaci¨®n. Fomento dio su autorizaci¨®n previa a la compra de estasacciones antes de cerrarse la operaci¨®n y cuando no pod¨ªa conocer siquiera la composici¨®n final de los nuevos accionistas de la cadena de televisi¨®n, cuyos t¨ªtulos, por ley, han de ser nominativos. El auto de la Audiencia Nacional habla de "inusual rapidez, pese a no apreciarse ning¨²n tipo de urgencia".

Pero tambi¨¦n pone: de relieve que, pese a las dudas legales, Fomento no verific¨®, ni siquiera m¨ªnimamente, si los nuevos accionistas cumpl¨ªan la Ley de las Televisiones Privadas en lo que se refiere a la prohibici¨®n de poseer m¨¢s de un 25% del capital de una cadena de televisi¨®n terrestre o ser titular directo o indirecto de acciones en m¨¢s de una sociedad concesionaria, a pesar de que el ministerio sab¨ªa -pues es de dominio p¨²blico- que dos bancos eran accionistas de Sogecable (Canal +) y a la vez de Telef¨®nica.

?sas fueron las razones principales para el recurso interpuesto por el Grupo PRISA, en cuanto empresa gestora de Canal +, ante la autorizaci¨®n de la venta, recurso que la Audiencia ha atendido en principio. Ahora se entienden los sudores de Arias-Salgado para justificar, en su comparecencia parlamentaria del pasado mi¨¦rcoles, la legalidad de la actuaci¨®n de su ministerio. Todo el aparato jur¨ªdico y administrativo desplegado no, disimula el hecho central de que era el, Gobierno el que estaba fomentando la operaci¨®n. Con el claro objetivo, jaleado por sus valedores medi¨¢ticos, de favorecer la creaci¨®n de ese grupo multimedia af¨ªn al PP: arbitrismo e intervencionismo.

El vicepresidente del Gobierno ?lvarez Cascos, verdadero fact¨®tum de esos dos conceptos aplicados a los medios -y, por tanto, jefe natural de Arias-Salgado-, atribu¨ªa ayer todo el problema a un hipot¨¦tico descuido administrativo de Fomento, que ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo. Pero las urgencias y las irregularidades est¨¢n dictadas por la pol¨ªtica, no por una burocracia deficiente.

El auto de la Audiencia Nacional no entra en el fondo, sino en la forma de la autorizaci¨®n de la compra por Telef¨®nica de esas acciones de Antena 3 Televisi¨®n. No anula la compra, pero s¨ª suspende los efectos de la autorizaci¨®n de la misma, con consecuencias insospechadas, pues Telef¨®nica no puede actuar como accionista de Antena 3 Televisi¨®n hasta que la sala se pronuncie sobre el fondo del asunto ni, por tanto, ejercer derechos pol¨ªticos o econ¨®micos. En medio han quedado en entredicho otros accionistas tan significados y reputados de Antena 3 Televisi¨®n como el Banco Santander, el Banco Central Hispano o, indirectamente, el grupo Pearson. Es verdad, como se?ala el voto particular contrario al auto de la Audiencia, que ¨¦ste puede causar da?os a Telef¨®nica; incluso a Antena 3. Pero ser¨ªa peor que por evitar estos da?os se conculcara el Estado de derecho.

El intervencionismo del Gobierno en los medios de comunicaci¨®n qued¨® ayer de manifiesto otra vez, y ahora hasta el rid¨ªculo. El pu?ado de decisiones equivocadas de Fomento, frente al sector y ante Bruselas, tiene pocos precedentes. El Ejecutivo ha sembrado de piedras el panorama audiovisual espa?ol, incluso para sus amigos. As¨ª le est¨¢n saliendo las cosas. Y sin embargo, a pesar de todos los impedimentos, la oferta de televisi¨®n avanza. Eppur si muove.