La fiscal¨ªa apunta a los delitos de falsedad y malversaci¨®n en el caso del senador Tomey

La investigaci¨®n realizada durante seis meses por la fiscal¨ªa de Guadalajara sobre la presunta conducta delictiva del senador del PP y presidente de la Diputaci¨®n Provincial, Francisco Tomey, adem¨¢s de a un delito de falsedad en los presupuestos de dicha corporaci¨®n por m¨¢s de 3.500 millones de pesetas, apunta hacia un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos por el mismo importe. Personas conocedoras de las actuaciones de la fiscal jefe de Guadalajara, Mar¨ªa ?ngeles Garc¨ªa, ya en poder de la fiscal¨ªa del Supremo, aseguraron que la investigaci¨®n que la fiscal no pudo continuar al aparecer indicios de falsedad en el aforado Tomey conducen al delito de malversaci¨®n, que corresponde comprobar a la fiscal¨ªa del Supremo.

Las actuaciones se contienen en seis tomos y 1.324 folios, remitidos el pasado 28 de enero al fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal. El decreto firmado por la fiscal jefe de Guadalajara ped¨ªa a Cardenal que ante la investigaci¨®n criminal iniciada en la que aparec¨ªan indicios delictivos en el aforado Tomey, dada su "cualidad de senador p¨²blicamente conocida" ordenara "la continuaci¨®n de la investigaci¨®n por esta fiscal¨ªa o su env¨ªo a la fiscal¨ªa del Supremo".Garc¨ªa vinculaba esta ¨²ltima opci¨®n al supuesto de que Cardenal apreciara "que hay m¨¦ritos suficientes para la existencia de un delito continuado de falsedad en documento oficial al que no es ajeno el Excelent¨ªsimo se?or presidente de la Diputaci¨®n". Cardenal envi¨® el asunto a la fiscal¨ªa del Tribunal Supremo para que, en su caso, iniciara las acciones oportunas contra el senador Tomey ante la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal, encargada de enjuiciar a los aforados.

El decreto de la fiscal jefe de Guadalajara constata indicios del delito continuado de falsedad en documento oficial por la ocultaci¨®n en los presupuestos de la Diputaci¨®n provincial de 1991 a 1996 "mediante apuntes contables mendaces [de] un d¨¦ficit de m¨¢s de 3.500 millones de pesetas". Y estima que de ese delito "veros¨ªmilmente son autores el aforado Francisco Tomey, senador y presidente de la Excma. Diputaci¨®n Provincial de Guadalajara, y el interventor, se?or [Jos¨¦] Villalgordo", fallecido el s¨¢bado ¨²ltimo.

Sin embargo, seg¨²n las citadas fuentes, la investigaci¨®n apunta hacia el delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. En esa l¨ªnea se dirigieron los requerimientos de la fiscal para que Tomey, Villalgordo y otros altos funcionarios de la Diputaci¨®n aportaran "la relaci¨®n nominal de deudores, concepto por el que se tiene esta cualidad e importe de la deuda en las liquidaciones de los presupuestos generales referidos en la denuncia" (1991, 1993, 1994 y 1995). La documentaci¨®n requerida no fue aportada, por lo que esa comprobaci¨®n se encuentra pendiente, a la vista de que se han constatado en los presupuestos "cr¨¦ditos inexistentes o ficticios", seg¨²n la fiscal. Falta averiguar si los administradores del presupuesto, para poder gastar m¨¢s, fing¨ªan que exist¨ªan deudas pendientes o si hac¨ªan figurar como pendientes importes previamente ocultados o sustra¨ªdos.

Los conceptos presupuestarios reiteradamente discutidos por la oposici¨®n alcarre?a dieron lugar a un informe del interventor de la Diputaci¨®n, que el 4 de septiembre de 1997 reconoci¨® a la fiscal jefe "un saldo de dudoso o imposible cobro" por un importe superior a los 3.500 millones de pesetas. Entre las cifras "de dudoso o imposible cobro" que lo integraban figuraban m¨¢s de mil millones de pesetas en concepto de participaci¨®n de la Diputaci¨®n de Guadalajara en los Tributos del Estado.

Sin embargo, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes certific¨® en 1995 que Guadalajara hab¨ªa "percibido la totalidad de la asignaci¨®n, sin que quede cantidad alguna pendiente por ese concepto, ni reclamaci¨®n alguna". ?D¨®nde est¨¢ ese dinero? En su escrito a Cardenal, la fiscal argumenta: "Es indudable que es de imposible cobro lo que no se debe y que nada se debe ni se debi¨® queda meridianamente claro", se?ala, "en el informe del interventor, evacuado el 10 de febrero de 1997, en el que dice que "Ia justificaci¨®n y motivos de la anulaci¨®n de derechos de varios conceptos presupuestarios de ejercicios cerrados, obedece a derechos contra¨ªdos de m¨¢s por error".

Las sospechas producidas por estos errores llev¨® al denunciante, Jes¨²s Alique, a pedir "la lista individualizada de acreedores y deudores de la Diputaci¨®n de Guadalajara a 31-12-96 y los soportes documentales que se han manejado para su confecci¨®n".