Negociaci¨®n obligada.

EL GOBIERNO de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar est¨¢ pagando cara su resistencia a consultar los cambios que propone y su tendencia a dar explicaciones confusas e insuficientes a la opini¨®n p¨²blica. La penosa presentaci¨®n p¨²blica del llamado medicamentazo -exclusi¨®n de 869 f¨¢rmacos de la financiaci¨®n a trav¨¦s de la Seguridad Social- provoc¨® una inquietud social tan extendida como innecesaria y la sensaci¨®n de que el Gobierno era incapaz de explicar aspectos tan elementales como los criterios con que se hab¨ªan decidido los medicamentos que se pretenden retirar del circuito financiero p¨²blico.No es de extra?ar que algunas comunidades aut¨®nomas pretendan aprovechar tal inquietud para proponer un cambio en el contenido del medicamentazo y forzar, de paso, un acuerdo con el Gobierno central sobre esta cuesti¨®n. La Consejer¨ªa de Salud del Pa¨ªs Vasco pretende aglutinar la oposici¨®n de Catalu?a y Galicia para forzar un nuevo acuerdo, mientras que las comunidades gobernadas por el PSOE, como Andaluc¨ªa, Extremadura o Castilla-La Mancha, han anunciado que no aplicar¨¢n el recorte farmac¨¦utico.

Un an¨¢lisis fr¨ªo de c¨®mo funciona hoy la sanidad p¨²blica en las comunidades con competencias plenas restar¨ªa dramatismo al revuelo originado por la propuesta del presidente andaluz, Manuel Chaves, de asumir el coste de algunos de los medicamentos excluidos, porque las diferencias de cobertura ya existen. Por ejemplo, en la financiaci¨®n p¨²blica de las vacunas. Mientras s¨®lo en el Pa¨ªs Vasco se vacunaba hasta ahora de un tipo de meningitis (HiB), Catalu?a ser¨¢ la primera en asumir el pr¨®ximo a?o una nueva vacuna combinada contra la hepatitis. El documento para la reforma de la sanidad, aprobado recientemente en el Parlamento, prev¨¦ unas prestaciones b¨¢sicas iguales para todos los ciudadanos, pero establece. tambi¨¦n que cada comunidad podr¨¢ establecer servicios adicionales si tiene dinero para pagarlos.

Conviene relativizar, por tanto, el alcance de esta rebeli¨®n en materia de financiaci¨®n p¨²blica de los f¨¢rmacos, y en ning¨²n caso cabe hablar de conflicto institucional o de llamamiento a la desobediencia civil. Pero hay que se?alar al tiempo que resulta impracticable aplicar con cierto rigor una pol¨ªtica econ¨®mica para el conjunto del pa¨ªs si cada decisi¨®n debe ser sometida, por sistema, a negociaci¨®n auton¨®mica. Y tampoco parece demasiado razonable que comunidades aut¨®nomas que arrastran deudas cuantiosas se planteen responder a esta medida con el recurso a sus propios fondos presupuestarios para pagar las medicinas excluidas en el ¨¢rea del Insalud.

Pero una vez que la torpeza del Gobierno ha propiciado este rechazo inicial de una buena parte de los agentes sociales, deber¨ªa hacerse de la necesidad virtud, y abrir, al menos, una v¨ªa para negociar r¨¢pidamente el contenido y el alcance del recorte farmac¨¦utico en t¨¦rminos m¨¢s asumibles por la sociedad y sus representantes pol¨ªticos en el Congreso. La obstinaci¨®n expresada por Aznar en el mantenimiento de su plan frente a la hostilidad de una parte importante de la sociedad est¨¢ fuera de lugar y presagia un ¨¢spero conflicto.