Siempre jugando a la contra

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional ha mantenido una permanente actitud contra las investigaciones sobre los desparecidos espa?oles tanto en Chile como en Argentina. Cuando en diciembre del a?o pasado la Junta de Fiscales de Sala se pronunci¨® mayoritariamente contra las actuaciones de los jueces espa?oles —siete en contra, cuatro a favor y tres abstenciones—, ya ten¨ªa encima de la mesa el informe del fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairi?o, contrario a las investigaciones.

Su informe con la referencia a los prop¨®sitos de los militares argentinos, que, seg¨²n Fungairi?o, "no pretend¨ªan sino la sustituci¨®n temporal del orden constitucional establecido", provoc¨® una tormenta pol¨ªtica y el fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, se vio obligado a lanzar las m¨¢s encendidas proclamas de su fe democr¨¢tica y de su repudio a las dictaduras en el Congreso de los Diputados.

Las investigaciones del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa- Castell¨®n inquietaron profundamente en los c¨ªrculos chilenos cercanos al ex dictador Augusto Pinochet. Tanto como para que el 3 de octubre pasado el auditor general del Ej¨¦rcito chileno, Fernando Torres Silva, compareciera voluntariamente ante Garc¨ªa-Castell¨®n con el prop¨®sito de que ¨¦ste cerrase la causa.

El propio Fungairi?o se entrevist¨® el a?o pasado con Sergio Pizarro, que acababa de llegar a Madrid como embajador de Chile. Antes, Fungairi?o concedi¨® una entrevista al diario chileno El Mercurio, estrechamente ligado a los intereses de Pinochet, en la que defendi¨® la incompetencia de los tribunales espa?oles y anunci¨® que la Fiscal¨ªa se opondr¨ªa a las actuaciones del juez.

Guerra entre fiscales

La querella contra Pinochet la present¨® la Uni¨®n Progresista de Fiscales el 25 de julio de 1996 y el a?o pasado, en la sesi¨®n de apertura del a?o judicial, el propio Cardenal record¨® que hubo un "dictamen favorable de la Fiscal¨ªa" para iniciar la instrucci¨®n de diligencias por los cr¨ªmenes cometidos por la dictadura chilena entre 1973 y 1990. En enero de este a?o, la Secretar¨ªa T¨¦cnica de la Fiscal¨ªa General del Estado emiti¨® un informe en el que admit¨ªa la investigaci¨®n de los cr¨ªmenes cometidos por la dictadura chilena, pero s¨®lo a partir de 1985, fecha de la entrada en vigor de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, que, seg¨²n la Fiscal¨ªa, introduce la competencia de los tribunales espa?oles para supuestos de terrorismo, aunque hayan sucedido fuera de nuestro pa¨ªs.