?Contratar s¨®lo 'penenes'?

Dicen que los problemas son la endogamia de los profesores funcionarios (el 95% de las plazas se dan a aspirantes locales) y la precariedad de los contratados (hasta la mitad ser¨ªan ya penenes, pero es falso: los ilegales son muchos menos, sobre todo quitando los m¨¦dicos). Lo primero podr¨ªa achacarse a la Ley de Reforma Universitaria (LRU), aunque no s¨®lo porque el candidato local ponga de hecho dos de los cinco miembros del tribunal, sino sobre todo porque permite que tambi¨¦n ponga su plaza vieja para dotar la nueva, de forma que, si la pierde, ¨¦l se queda en la calle o la universidad tiene dos profesores en vez de uno. Lo segundo es culpa de los rectores que, abusando de la LRU, han contratado ilegalmente profesores asociados hasta convertir esta figura, legalmente excepcional, en normal. Los rectores prefieren un asociado ilegal a un funcionario legal porque, siendo el asociado m¨¢s barato (menos de 150.000 pesetas al mes) y precario, deja dinero libre para actividades de imagen, como los cursos de verano, y aumenta el poder clientelar del rector.Nada, en todo caso, que no pudiera arreglarse desarrollando sensatamente la LRU en los estatutos de cada universidad o simplemente respet¨¢ndola. Pero, en vez de eso, los rectores proponen (en un proyecto de ley que han impuesto al Gobierno) la contrataci¨®n de profesorado sin l¨ªmite a priori y sin control de tribunales. Seg¨²n la LRU, el profesorado est¨¢ formado por cuatro cuerpos de funcionarios; seg¨²n el proyecto, esos cuerpos s¨®lo forman el profesorado funcionario, adem¨¢s del cual las universidades podr¨¢n contratar (esto es lo nuevo) doctores "hasta los l¨ªmites m¨¢ximos que reglamentariamente fijar¨¢ y revisar¨¢ el Gobierno". Estos profesores "ser¨¢n seleccionados entre aquellos doctores cuyo historial investigador y, en su caso, docente, haya sido valorado positivamente por el ¨®rgano que determinen los estatutos de la universidad contratante", y ello cada cuatro a?os. Eso es todo.

Parece incongruente, y lo es. Y ser¨¢ grave si tal disparate llega a concitar el apoyo de muchos de los interesados. El Gobierno lo presenta porque, perdidos en ¨¦sta como en otras materias memoria, entendimiento y voluntad, s¨®lo aspira a arreglar el conflicto de la ministra y los rectores. A los sindicatos llamados de clase puede gustarles porque llevan a?os intentando fomentar los contratos laborales y convertir a las universidades en empresas p¨²blicas donde ara?ar una cuota de poder. Puede enga?ar a los mismos ayudantes y asociados, a los que se promete alargar los contratos de un a?o a cuatro y, vagamente, una plaza. Hace salivar a los actuales numerarlos, en particular a los catedr¨¢ticos, que ver¨ªan crecer su clientela ("equipos estables de investigaci¨®n") de profesores dependientes. Y es una buena jugada pol¨ªtica para los rectores, que echan as¨ª tierra sobre sus desmanes en la contrataci¨®n de asociados, ampl¨ªan su presupuesto y podr¨¢n disponer de una gran variedad de plazas y nombramientos con los que ejercer su magn¨ªfica gracia y su excelent¨ªsimo arbitrio.

Por ¨²ltimo, el contrato sin l¨ªmite ni control entusiasmar¨¢ a las universidades con m¨¢s vocaci¨®n auton¨®mica. Su pol¨ªtica est¨¢ anunciada con meridiana claridad en el proyecto: dejar extinguirse a los funcionarios (estatales, al cabo) y limitarse a contratar a sus propios doctores, exentos del a?o de estancia en otra universidad, por el procedimiento que sus estatutos determinen, siempre, eso s¨ª, que hayan sido previamente habilitados por el ¨®rgano que tambi¨¦n sus estatutos determinen. Dentro de algunos a?os y si se portan bien, quiz¨¢ un rector los haga funcionarios con plaza ad personam, como le gusta pedir a CC OO y dicen que se hace en Estados Unidos.

Todo, como se dijo, para acabar con la precariedad y el reclutamiento interno.