Dos en lugar de uno

A los pocos d¨ªas de conocerse las declaraciones de Luis Mar¨ªa Anson, el presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, coment¨® que la mejor prueba de que los socialistas no se las tomaban en serio era la ausencia de cualquier "iniciativa parlamentaria" al respecto.Con buen criterio, el presidente del Congreso consideraba que la prueba del nueve de la relevancia de un asunto p¨²blico en cualquier democracia digna de tal nombre la proporciona su tramitaci¨®n parlamentaria. Si el asunto no es serio, no soporta la prueba del debate parlamentario. Y a la inversa. De ah¨ª que Federico Trillo concluyera que si el PSOE no reaccionaba en el lugar en que ten¨ªa que hacerlo, es que tales declaraciones no pod¨ªan ser tomadas en serio.

Cuando le¨ª el comentario del presidente del Congreso me pareci¨® perfectamente razonable. Unas declaraciones como las del ex director del Abc est¨¢n afectadas de entrada por una presunci¨®n de falta de seriedad, que s¨®lo puede ser destruida (o confirmada) por el debate parlamentario.

Y s¨®lo puede serlo, porque el compromiso que se adquiere en un debate parlamentario no tiene equivalente a ning¨²n otro. En el debate parlamentario no valen las garant¨ªas que tiene el acusado en el proceso penal. No hay nada m¨¢s grave, pol¨ªticamente hablando, que faltar a la verdad en sede parlamentaria.

Por eso estaba de acuerdo con el presidente del Congreso. Unas declaraciones que han tenido el eco que han tenido, en Espa?a y fuera de Espa?a, como cualquier lector de prensa europea sabe, tienen que pasar necesariamente por el filtro parlamentario. Los ciudadanos tienen derecho a saber cu¨¢l es la opini¨®n del ¨®rgano constitucional que los representa respecto de la operaci¨®n desvelada por Luis Mar¨ªa Anson.

Tambi¨¦n por eso, me ha resultado sorprendente la actitud leguleyesca de Federico Trillo, interpretando el reglamento de la C¨¢mara para hacer imposible lo que hace unos d¨ªas consideraba una exigencia inexcusable en una democracia parlamentaria.

No s¨¦ si el presidente del Congreso es consciente de que si antes, en relaci¨®n con este tema, hab¨ªa un problema, ahora hay dos. El primero sigue siendo la negativa del vicepresidente primero del Gobierno a comparecer ante el Congreso para explicar su conducta en la operaci¨®n desvelada por Luis Mar¨ªa Anson. El segundo, el comportamiento del presidente del Congreso, que ha incumplido las obligaciones de su cargo y ha actuado no como presidente de la C¨¢mara sino como presidente del grupo parlamentario del PP.

El presidente del Congreso no puede nunca olvidar que es portador de obligaciones antes que de derechos. Est¨¢ al frente de la instituci¨®n a trav¨¦s de la cual conecta la soberan¨ªa popular con la organizaci¨®n constitucional del Estado. En el Congreso descansa "org¨¢nicamente" toda la cadena de legitimaci¨®n democr¨¢tica del Estado. Por eso, la primera obligaci¨®n de su presidente es respecto de todos los ciudadanos, que tienen derecho a que el Congreso se ocupe de todos los asuntos relevantes para la opini¨®n p¨²blica. La segunda es respecto de la propia C¨¢mara. El presidente lo es de todo el Congreso y no de quienes le votaron. Estas dos obligaciones son las que tienen que presidir su actuaci¨®n -y tienen que ser hechas valer incluso frente al Gobierno y al partido que propuso su nombramiento. Si no se est¨¢ dispuesto a ello, mejor no aceptar el cargo.

El incumplimiento de sus obligaciones, se?or presidente, ha sido escandaloso. No s¨®lo no ha encauzado democr¨¢tica y parlamentariamente el problema que estaba planteado, sino que ha generado otro, posiblemente m¨¢s grave todav¨ªa.