Dimite el consejero del Gobierno valenciano investigado por un presunto delito fiscal

Luis Fernando Cartagena, consejero de Obras P¨²blicas del Gobierno valenciano, en manos del PP, anunci¨® ayer su dimisi¨®n para evitar que su vinculaci¨®n con un presunto delito fiscal sea utilizada contra el Ejecutivo de Eduardo Zaplana. El juez investiga a Cartagena como titular de unas cesiones de cr¨¦dito por valor de al menos 164 millones de pesetas, constituidas en el Banco Santander en 1988, cuyos rendimientos, m¨¢s de 15 millones, no declar¨® a Hacienda.

Cartagena se convirti¨® ayer en el primer miembro de un gobierno auton¨®mico del PP que renuncia al cargo desde que Gabriel Ca?ellas dej¨® la presidencia del gobierno balear en julio de 1995.El consejero valenciano fue identificado en 1992 como titular de un producto financiero del Banco Santander que no exig¨ªa retenci¨®n tributaria por parte de la entidad financiera. Cartagena constituy¨® cesiones de cr¨¦dito por valor al menos de 164 millones, seg¨²n informes elaborados por peritos judiciales a requerimiento del juzgado de delitos econ¨®micos de la Audiencia Nacional a los que ha tenido acceso EL PA?S.

La entidad financiera atribuy¨® los dep¨®sitos a un empresario ilicitano, quien asumi¨® la responsabilidad fiscal sobre ellos. Sin embargo, los informes periciales se?alan que los documentos presentados por el Banco Santander no se ajustan a los mensajes inf¨®rm¨¢ticos de teleproceso de la propia entidad, que se?alan inequ¨ªvocamente a Cartagena como titular de los dep¨®sitos opacos. La investigaci¨®n judicial, iniciada por el entonces juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, en 1992, ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El juez Jos¨¦ Flors ha ratificado diligencias anteriores y solicit¨® un nuevo an¨¢lisis de los registros inform¨¢ticos del Santander a t¨¦cnicos de la Universidad de Valencia. El informe, que ratifica otros previos, lleg¨® al juez el pasado viernes.

Cartagena siempre ha negado ser titular de estos activos financieros. En una reciente comparecencia ante las Cortes Valencianas neg¨® cualquier relaci¨®n de "un problema privado" con su condici¨®n de alcalde de Onihuela, diputado provincial y nacional por Alicante, o miembro del Consell, cargos que ha desempe?ado a lo largo de los ¨²ltimos 12 a?os. Es, adem¨¢s, presidente comarcal del PP en la Vega Baja y miembro de la ejecutiva nacional.

En la misma comparecencia, Cartagena anunci¨® que dimitir¨ªa si se llegara al juicio oral. Aunque el juez Flors a¨²n no se ha pronunciado sobre el ¨²ltimo informe que ha recibido, el consejero comunic¨® a Zaplana su intenci¨®n de dimitir el mismo viernes. Al perder su condici¨®n de aforado, la pieza separada que se segu¨ªa contra ¨¦l volver¨¢ a incorporarse al sumario general que instruye desde 1992 la Audiencia Nacional.

Ayer, Cartagena compareci¨® en el Palau de la Generalitat para explicar, en tono distendido, que el peso de su condici¨®n de cargo p¨²blico sobre su vida privada y, paralelamente, el desgaste del gobierno valenciano ante la difusi¨®n de su situaci¨®n le hab¨ªan llevado a renunciar al cargo. Tras consultar con Zaplana, ambos acordaron anunciar su dimisi¨®n.

El consejero atribuy¨® a una estrategia del PSOE "con apoyo de alg¨²n medio" la difusi¨®n "imp¨²dica" de asuntos privados que afectan a sus derechos individuales y a los de otros implicados. Calific¨® como "una perversi¨®n del sistema" que un diario difunda informes periciales "declarados secretos" ampar¨¢ndose en el Ieg¨ªtimo derecho" de la libertad de informaci¨®n y asegur¨® que "se intenta te?ir con vitolas de corrupci¨®n" al PP valenciano. Cartagena expres¨® su absoluta "lealtad" al PP y dijo: "Mi cerebro y mis manos siguen a disposici¨®n del partido".

Como muestra de apoyo, Zaplana acompa?¨® a su consejero y "amigo personal desde hace a?os" a la masclet¨¢ en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. "Yo le creo por encima de todo y estoy convencido de su absoluta inocencia", dijo Zaplana. Agreg¨® que la dimisi¨®n de Cartagena "le enaltece" por comparaci¨®n con la actitud que "otros", en alusi¨®n a los socialistas, demostraron ante sus problemas judiciales.

El caso se remonta a 1992, cuando el juez Moreiras, comenz¨® la instrucci¨®n de una causa contra el Banco Santander y los tenedores de dep¨®sitos opacos a instancias de la Agencia Tributaria. Cartagena era entonces diputado nacional por Alicante y, por lo tanto, aforado. El Supremo indic¨® a Moreiras que no detuviera la instrucci¨®n por la implicaci¨®n de un aforado, pero se desgaj¨® del sumario una pieza sobre Cartagena, que s¨®lo declar¨® como testigo.

La juez Teresa Palacios asumi¨® el juzgado de Moreiras en el a?o 1996 y pidi¨® diversos informes t¨¦cnicos sobre el caso que se?alaron de nuevo a Cartagena como titular de cesiones de cr¨¦dito. El fiscal Jes¨²s Santos, de la Audiencia Nacional, apreci¨® indicios racionales de criminalidad y solicit¨® el traslado de la pieza separada correspondiente a Cartagena al TSJCV, ¨²nica instancia autorizada para abrir juicio oral a miembros del Consell de la Generalitat. El TSJCV se declar¨® competente en enero de este ano.