El peor error

AL PARTIDO Popular se le acumulan las denuncias por casos de corrupci¨®n del m¨¢s diverso pelaje, cometidos presuntamente por afiliados suyos en ¨¢reas muy diversas de la Administraci¨®n. La lista de supuestas irregularidades mancha toda la geograf¨ªa espa?ola: enchufismo y nepotismo en las diputaciones de Orense y Lugo; tr¨¢fico de influencias en la de Zamora; falsificaci¨®n de los presupuestos p¨²blicos para ocultar un d¨¦ficit de 3.500 millones en la Diputaci¨®n de Guadalajara; venta de favores urban¨ªsticos en el Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura; escandalosos gastos de protocolo en algunos municipios, o las imputaciones al alcalde de la aldea lucense de O Vicedo, lsaac Prado, de malversar fondos p¨²blicos por importe de 64 millones, por lo, que prest¨® ayer declaraci¨®n ante el juez... Sin mencionar casos ya conocidos, como el de Naseiro o el del t¨²nel de S¨®ller, que provoc¨® la dimisi¨®n, tras una resistencia numantina, del presidente del Gobierno balear, Gabriel Ca?ellas.El ¨²ltimo episodio de lo que parece ya una pandemia estall¨® el domingo pasado, cuando el consejero de Obras P¨²blicas del Gobierno valenciano, Luis Fernando Cartagena, present¨® la dimisi¨®n para evitar que el Gobierno de Zaplana se vea afectado por la acusaci¨®n de fraude fiscal que se le imputa por no haber declarado a Hacienda los rendimientos de 164 millones en cesiones de cr¨¦dito.

La dimisi¨®n del consejero Cartagena tiene una importancia pol¨ªtica indiscutible porque es la primera que se produce desde que Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar fue elegido presidente del Gobierno. A pesar de las explosiones de indignaci¨®n por la "corrupci¨®n socialista" y las altisonantes declaraciones de honradez y responsabilidad pol¨ªtica prometidas un d¨ªa s¨ª y otro tambi¨¦n por el Partido Popular, antes y despu¨¦s de las elecciones de 1996, lo cierto es que la cadena de casos que salpican a un buen n¨²mero de sus responsables regionales indica, por una parte, que persisten los modos y maneras de un cierto caciquismo pol¨ªtico, en el que los altos gestores pol¨ªticos se constituyen en padrinos protectores de allegados, familiares y correligionarios pol¨ªticos, y, por otra, que los m¨¦todos de financiaci¨®n irregular, castigados y reprobados por la sociedad en las urnas, no parecen haber sido erradicados de ayuntamientos, diputaciones y autonom¨ªas del Partido Popular.

La reacci¨®n del PP ante las irregularidades denunciadas entre sus gestores es hip¨®crita y desalentadora. Desde la oposici¨®n acusaron a los implicados en las corrupciones del PSOE de no admitir las responsabilidades derivadas de las conductas fraudulentas; denunciaron, probablemente con raz¨®n, los peligros de la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica y defendieron la distinci¨®n entre responsabilidades pol¨ªticas y penales. Pero, llegado el momento de aplicarse el cuento, el PP ha reaccionado con el silencio, la presunci¨®n de inocencia "rnientras los tribunales no demuestren lo contrario" -como en el caso del presidente de la Diputaci¨®n de Guadalajara, Francisco Tomey- o con aparatosas comisiones de investigaci¨®n interna cuya finalidad es la autoexculpaci¨®n del partido y de los denunciados, como en Zamora.

El PP, ni reconoce ni est¨¢ dispuesto a pagar la cuota de responsabilidad que le corresponda por su gesti¨®n, como demuestran las pintorescas imprecaciones del dimitido Cartagena -quien asegur¨® que a los socialistas que denunciaron su "problema privado" con Hacienda deber¨ªa "quemarles la boca y arderles los dientes"- o el desprecio con el que Manuel Fraga, presidente de la Xunta Galega, ha despachado la desvergonzada ocupaci¨®n familiar de las diputaciones de Ourense y Lugo, argumentando que "los hijos de padres preparados y prominentes salen con m¨¢s posibilidades".

Es de temer que el PP se encastille en estas actitudes, a las que debe sumarse la de Zaplana cuando califica de "acto de generosidad" la dimisi¨®n de su consejero, y que sus dirigentes se protejan tras el silencio, el moh¨ªn de dignidad ofendida o la r¨¦plica hist¨¦rica a sus acusadores. Nada nuevo bajo el sol: lo mismo que hac¨ªa el PSOE desde el Gobierno. Los hechos demuestran que para erradicar la corrupci¨®n no basta con que as¨ª lo proclame el presidente, tal como Aznar se ha encargado de reiterar a los dos a?os de su triunfo electoral. Es necesario extremar el control. Tarea que en una democracia los electores encomiendan de oficio a la oposici¨®n, por mucho que moleste al Gobierno de turno.