El Supremo pide autor autorizaci¨®n al Senado para inculpar a Tomey por falsedad continuada

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha abierto diligencias previas contra el senador del PP Francisco Tomey G¨®mez por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial. La sala ha acordado dirigir un suplicatorio al presidente del Senado para que autorice a proceder contra el citado senador, tal y como establece la Constituci¨®n. La resoluci¨®n del Supremo aprecia que en los Presupuestos de la Diputaci¨®n Provincial de Guadalajara, presidida por Tomey, se hicieron figurar "cr¨¦ditos inexistentes o ficticios" por m¨¢s de 3.500 millones de pesetas y no descarta la malversaci¨®n u otros delitos al se?alar los indicios de falsedad, "sin perjuicio de la calificaci¨®n jur¨ªdica que pueda derivarse de una m¨¢s acabada investigaci¨®n".

Seg¨²n el auto de la Sala Segunda del Supremo, del que ha sido ponente su presidente Jos¨¦ Jim¨¦nez Villarejo, se ha estudiado la investigaci¨®n criminal realizada por la fiscal jefe de Guadalajara, ?ngeles Garc¨ªa, de la que se deduce, en principio, que en las liquidaciones de los Presupuestos Generales de la Diputaci¨®n Provincial correspondientes a ejercicios comprendidos entre los a?os 1991 y 1995 "se hicieron figurar, como pendientes de cobro, cr¨¦ditos inexistentes o ficticios por un importe superior a 3.500 millones de pesetas". Dichas liquidaciones aparecen firmadas por Tomey mediante el correspondiente decreto, que cuenta con un informe del interventor de la Diputaci¨®n Jos¨¦ Villalgordo, ya fallecido.El Supremo se?ala que, dado que una de las "personas presuntamente responsables del mencionado delito" es el presidente de la Diputaci¨®n, que "tiene la condici¨®n de senador", el enjuiciamiento del caso corresponde, seg¨²n el art¨ªculo 71 de la Constituci¨®n, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Aunque los indicios apreciados en principio por el Supremo son los de delito continuado de falsedad, la resoluci¨®n no descarta la aparici¨®n de indicios de malversaci¨®n u otros delitos, en el sentido apuntado por la investigaci¨®n fiscal hasta ahora realizada. La resoluci¨®n aprecia "caracteres de delito continuado de falsedad en documento oficial", pero "sin perjuicio de la calificaci¨®n jur¨ªdica que pueda derivarse de una m¨¢s acabada investigaci¨®n".

?Cr¨¦ditos ficticios o pagados?

Fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n inacabada se?alaron que si la nueva indagaci¨®n permite averiguar que los cr¨¦ditos que parecen no existir s¨ª existieron, pero fueron ya pagados, los indicios delictivos podr¨ªan apuntar al delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. As¨ª podr¨ªa ocurrir con los m¨¢s de mil millones en concepto de participaci¨®n en los Tributos del Estado, que la Diputaci¨®n de Guadalajara evaluaba como cr¨¦dito "de dudoso o imposible cobro". Igualmente, los m¨¢s de 29 millones que se esgrimen como intereses bancarios pendientes de cobro de 1992 y 1994 resultan sospechosos, seg¨²n, las mencionadas fuentes, ya que los intereses suelen abonarlos los bancos conforme se generan.El Supremo se declara competente para conocer de los hechos atribuidos al senador Francisco Tomey y acuerda la iniciaci¨®n, "por ahora", dice, "de diligencias previas para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho y personas que en ¨¦l hayan participado". La sala eleva el correspondiente suplicatorio al presidente del Senado y acuerda que, mientras el Senado no resuelva sobre el mismo, se deje en suspenso la investigaci¨®n iniciada.

La ¨²nica investigaci¨®n penal realizada sobre el llamado caso Tomey fue la practicada durante seis meses, por la fiscal¨ªa de Guadalajara y se contiene en 1.324 folios. El 28 de enero de 1998, la fiscal Garc¨ªa remiti¨® al fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, un decreto mediante el que le comunicaba que "hay m¨¦ritos suficientes para la existencia de un delito continuado de falsedad en documento oficial". Respecto a las dem¨¢s l¨ªneas de indagaci¨®n de posibles delitos, "ya que la investigaci¨®n no est¨¢ totalmente agotada", la fiscal invocaba la negativa a entregar la lista individualizada de acreedores y deudores de la Diputaci¨®n de Guadalajara al 31 de diciembre de 1996.

La negativa a entregar tales documentos a la oposici¨®n pol¨ªtica origin¨® que el portavoz socialista Jes¨²s Alique apelara ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha emplazado al secretario y al interventor de la corporaci¨®n provincial para que los aporten. Estas actuaciones judiciales se producen al margen de las penales.