Problemas con el Servicio

LOS SERVICIOS secretos espa?oles han vuelto a convertirse en piedra de esc¨¢ndalo. Esta vez a causa del espionaje practicado por el Cesid en una sede de HB, a todas luces sin autorizaci¨®n judicial previa. Mientras una juez ha abierto sumario para depurar una actuaci¨®n supuestamente delictiva, el ministro de Defensa se dispone a comparecer ante el Parlamento para dar cuenta de la investigaci¨®n interna. En ambos frentes se juegan las responsabilidades penales y/o pol¨ªticas que puedan derivarse del caso. La violaci¨®n de la ley, incluso si el fin perseguido fuera honorable -defender a la sociedad del terrorismo-, no debe quedar impune. Este principio val¨ªa para los socialistas y debe valer tambi¨¦n para el Partido Popular. Pero el asunto no se puede zanjar sin plantearse algunas preguntas. En los meses previos al golpe del 23-F, ?no ten¨ªa que espiar el Cesid a los partidos de extrema derecha -tambi¨¦n legales-, en cuyo seno se tej¨ªa la trama civil? ?Deb¨ªa haber interceptado las comunicaciones telef¨®nicas de las sedes de esos partidos incluso si carec¨ªa de autorizaci¨®n judicial para ello? La duda est¨¢ justificada. Y, aunque se refiera a un tiempo y a un supuesto muy diferentes, ese antecedente ayuda a comprender la dificultad del dilema planteado a la sociedad por este caso de espionaje a HB. Como m¨ªnimo, revela la existencia de un vac¨ªo legal, y como m¨¢ximo plantea la duda de si un servicio secreto -cualquiera que sea su estatuto- es compatible con la Constituci¨®n.

Desde luego, Herri Batasuna es un partido legal. Pero es tambi¨¦n el brazo pol¨ªtico de una organizaci¨®n terrorista, y hay decenas de sentencias de los tribunales que confirman que la relaci¨®n entre ambos va mucho m¨¢s all¨¢ de la mera identificaci¨®n en los fines. Por ello, afirmar, como han hecho algunos portavoces del PNV, que por el simple hecho de ser un partido legal HB es una formaci¨®n democr¨¢tica es una falacia. Y atribuir a la ingenuidad del PNV esa confusi¨®n si que sena ingenuo. HB, formaci¨®n claramente supeditada a ETA, no es una organizaci¨®n democr¨¢tica ni por su ideolog¨ªa, ni por la pol¨ªtica que practica, ni por su organizaci¨® interna.Podr¨ªa concluirse en consecuencia que no deber¨ªa estar legalizada, a la luz del precepto constitucional de que los partidos tienen que ser democr¨¢ticos. Pero la voluntad de integraci¨®n propia del parlamentarismo hace que en todos los pa¨ªses exista una cierta tolerancia hacia las formaciones antisistema. Se admite su legalizaci¨®n en nombre de consideraciones pol¨ªticas: el pluralismo y la voluntad de integraci¨®n.

Que un partido sea antisistema no justifica que se le esp¨ªe desde el Estado. ?Pero si adem¨¢s de ser antisistema forma parte de un entramado terron¨ªsta? ?Un Gobierno responsable no est¨¢ obligado a prevenir actuaciones terroristas investigando en ese entramado que rodea a ETA? Por supuesto que lo est¨¢, pero la Constituci¨®n garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resoluci¨®n judicial. Y en principio, un juez s¨®lo puede autorizar escuchas en el marco de la investigaci¨®n de un delito. No tiene f¨¢cil encaje legal la hip¨®tesis de una intervenci¨®n preventiva, anterior al delito, orientada s¨®lo por la intuici¨®n de que de la escucha podr¨ªa derivarse informaci¨®n que ayude a evitar delitos probables. El problema est¨¢ planteado en casi todos los pa¨ªses. En Alemania acaba de aprobarse una ley que legaliza las escuchas de cualquier ciudadano, con una autorizaci¨®n judicial gen¨¦rica, ante "la sospecha de un peligro para la seguridad p¨²blica". Se except¨²an los abogados, periodistas, sacerdotes, m¨¦dicos, diputados y dem¨¢s personas cuyo trabajo tiene que ver con la confidencialidad. Aqu¨ª, el Gobierno del PP plante¨® hace dos a?os un proyecto de ley que tambi¨¦n permit¨ªa la intervenci¨®n de comunicaciones con car¨¢cter preventivo en determinadas condiciones. El proyecto fue abandonado ante el esc¨¢ndalo que suscit¨® el anteproyecto de ley de secretos oficiales, que formaba parte del mismo paquete. Ya entonces se vio que el riesgo intentar legalizar actuaciones de los servicios secretos -situadas por definici¨®n en un terreno fronterizo entre lo legal y lo ilegal- era garantizar la impunidad de los agentes m¨¢s que su sumisi¨®n al principio de legalidad.

El dilema es, por tanto, dificil. Si un servicio secreto no puede espiar al entorno del terrorismo, es que no sirve para nada y no se justifican los 16.000 millones que cuesta al a?o. Pero, sin un marco legal, el riesgo de autonom¨ªa e impunidad de los servicios secretos es grande. Y m¨¢s en un pa¨ªs que tiene sobrados antecedentes de excesos en este campo. Como m¨ªnimo, habr¨ªa que establecer un mecanismo de control parlamentario, o mixto del poder judicial y legislativo. Sea como sea parece evidente que las escuchas en las sedes de HB carecen de cobertura legal. El ministro Eduardo Serra va a comparecer el d¨ªa 21 ante la Comisi¨®n de Defensa del Congreso para explicar la posici¨®n del Gobierno, que ya en marzo del pasado a?o tuvo sobre la mesa un informe del Cesid en el qu¨¦ fijaba la actuaci¨®n de HB como uno de sus objetivos prioritanios. No lo tiene f¨¢cil el ministro. Porque, incluso si logra convencer del car¨¢cter moral de esta actuaci¨®n, ser¨¢ muy dificil que demuestre que los hechos se ajustaron a la ley. Y un Gobierno no se rige por consideraciones morales, s ?no por el principio de legalidad. Por otra parte, la utilizaci¨®n que el PP hizo de los problemas del Gobierno socialista en relaci¨®n al Cesid, cuyas miserias puso en el escaparate un tal Perote, provocando la dimisi¨®n de un vicepresidente y un ministro, coloca muy alto el nivel de exigencia en materia de responsabilidades pol¨ªticas