La voladura controlada de la televisi¨®n p¨²blica

La r¨¢pida multiplicaci¨®n de las ofertas televisivas privadas por sat¨¦lite y por cable con tecnolog¨ªa digital est¨¢ poniendo en evidencia en Europa la falta de reflejos de los gobiernos y parlamentos para poner la televisi¨®n p¨²blica en la hora actual y garantizar su supervivencia y desarrollo. En Espa?a la situaci¨®n se agrava, ya que en el caos audiovisual actual, el Gobierno es al mismo tiempo juez y parte interesada. Es una paradoja que roza el esperpento que se haya constituido en el Congreso de los Diputados una subcomisi¨®n para definir el marco de desarrollo futuro de la RTVE y, al mismo tiempo y en paralelo, se hipoteque o se desmantele la propia televisi¨®n p¨²blica. Nos encontramos en un proceso de voladura controlada de la televisi¨®n p¨²blica que cuenta con una estrategia y un calendario bien definido. El primer paso comenz¨® hipotecando el futuro de la televisi¨®n p¨²blica asoci¨¢ndola a la plataforma V¨ªa Digital liderada por Telef¨®nica, donde confluyen intereses privados y partidistas del PP conculcando varios art¨ªculos del Estatuto de RTVE, principalmente el art¨ªculo 18 que se?ala que "el capital de las sociedades propias de la televisi¨®n p¨²blica no podr¨¢ gravarse, hipotecarse o cederse en cualquier forma onerosa o gratuita".

Actualmente se est¨¢ dando un segundo paso importante en la misma direcci¨®n a trav¨¦s del Proyecto de Ley en tr¨¢mite parlamentario, de autorizaci¨®n para la privatizaci¨®n total o parcial de las televisiones auton¨®micas. Se est¨¢ preparando ya la formaci¨®n de sociedades mixtas de sectores exclusivamente de rentabilidad econ¨®mica o partidista. Con similares objetivos se presentar¨¢ en los meses pr¨®ximos una reforma de la ley de televisi¨®n local que el Gobierno tiene en proyecto. Al mismo tiempo, el mapa de televisi¨®n por cable se est¨¢ configurando bajo el mismo modelo de confusi¨®n de intereses privados-partidistas, adjudicando las concesiones a los grupos empresariales m¨¢s pr¨®ximos al PP.

Para conseguir sus objetivos, el Gobierno se est¨¢ dotando de un marco legislativo y reglamentario, tanto estatal como auton¨®mico, en que se asegura un alt¨ªsimo grado de discrecionalidad que le permita actuar al dictado de sus intereses particulares, tanto en la concesi¨®n de licencias televisivas como en la difusi¨®n de sus mensajes informativos. Esta discrecionalidad traspasa frecuentemente sus l¨ªmites y se transforma en arbritrariedad de los poderes p¨²blicos que est¨¢ expresamente prohibida por el art¨ªculo 9 de la Constituci¨®n. En esta situaci¨®n se comprende perfectamente el empe?o del Gobierno del PP para evitar a toda costa la existencia de un Consejo Superior de lo Audiovisual independiente, nombrado por el Parlamento, con competencias matizadas para velar por la concesi¨®n equitativa de licencias televisivas y por la veracidad, la ¨¦tica y el respeto de los derechos fundamentales de las personas en los contenidos. En el sector audiovisual se da un ejemplo paradigm¨¢tico de la patrimonializaci¨®n partidista de la pol¨ªtica y de lo p¨²blico, reduciendo su sentido a lo gubernamental y olvidando su genuino significado como sin¨®nimo de inter¨¦s general 0 social. El deterioro de la televisi¨®n p¨²blica, que comenz¨® en la etapa del Gobierno del PSOE por seguir el mismo modelo competitivo que las televisiones privadas para conseguir audiencia y publicidad, ha llegado al extremo actual de convertir a la televisi¨®n p¨²blica en la causa principal de confusi¨®n y contaminaci¨®n de todo el panorama audiovisual. Tienen raz¨®n las televisiones privadas al se?alar que para conseguir un espacio audiovisual estable, con reglas de juego claras para todos, es prioritario partir de un modelo definitivo de televisi¨®n p¨²blica del que se carece actualmente. En estas circunstancias es grotesco que la direcci¨®n de RTVE se dedique, a publicar informes sobre el deterioro de las televisiones privadas como se ha hecho recientemente, cuando la frecuente manipulaci¨®n de los contenidos de RTVE quita toda autoridad para dar lecciones de credibilidad y cuando al mismo tiempo el Consejo de Administraci¨®n de RTVE por mayor¨ªa ha acordado solicitar la destituci¨®n del propio director general.

Para que la subcomisi¨®n parlamentaria, limitada actualmente al tratamiento de la RTVE, no haga el papel de don Tancredo o se convierta en un convidado de piedra mientras se avanza en el proceso de desmantelamiento de la televisi¨®n p¨²blica, deber¨ªa reconvertir sus objetivos, ampli¨¢ndolos para definir el modelo de toda la televisi¨®n p¨²blica en su dimensi¨®n internacional, estatal, auton¨®mica y local. En este marco global debe plantearse la identidad de la televisi¨®n p¨²blica definiendo en un orden l¨®gico y cronol¨®gico contenidos program¨¢ticos espec¨ªficos, financiaci¨®n, organizaci¨®n jur¨ªdica y direcci¨®n.

La televisi¨®n p¨²blica debe justificarse no s¨®lo por cumplir las exigencias jur¨ªdicas y ¨¦ticas de veracidad y de respeto a los derechos fundamentales, que es obligaci¨®n com¨²n a todas las televisiones, sino principalmente por asumir acciones positivas que la conviertan en una televisi¨®n innovadora por su calidad, su perfil cultural y por constituir un foro permanente de debate libre y democr¨¢tico. A diferencia de las televisiones privadas, los ¨ªndices de audiencia no deben ser factores determinantes de su programaci¨®n. Salvaguardando sus se?as de identidad, la televisi¨®n p¨²blica deber¨ªa estar abierta a la colaboraci¨®n con las nuevas plataformas digitales privadas sin discriminaciones previas. S¨®lo un nuevo modelo de contenidos en la televisi¨®n p¨²blica legitimar¨¢ su financiaci¨®n permanente por parte de los presupuestos p¨²blicos con un soporte complementario m¨ªnimo de la publicidad.

Para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, la televisi¨®n p¨²blica se deber¨ªa dotar de un Consejo de Direcci¨®n y Administraci¨®n integrado por expertos y profesionales independientes y que como tal actuar¨ªan en el ejercicio de sus funciones y en la programaci¨®n de contenidos. La legitimidad de origen a trav¨¦s de una elecci¨®n parlamentaria de los miembros del Consejo no es impedimento para su autonom¨ªa de funcionamiento si al Consejo se le concibe como ¨®rgano aut¨¦nticamente colegiado con capacidad decisoria por mayor¨ªa de votos y con competencia para elegir el presidente y solicitar su cese con fuerza vinculante. Se terminar¨ªa as¨ª con la situaci¨®n actual en que el Consejo de Administraci¨®n de RTVE es el ¨²nico en su g¨¦nero en que el presidente no es elegido por los miembros que lo integran ni est¨¢ obligado por sus decisiones mayoritarias. Mutatis mutandi este mismo modelo deber¨ªa servir para las televisiones p¨²blicas auton¨®micas y locales.

La televisi¨®n p¨²blica es un factor indispensable para el desarrollo de la cultura y de la vida democr¨¢tica, a condici¨®n de que se conciba como un aut¨¦ntico servicio p¨²blico. Dada su importancia y complejidad, su supervivencia y desarrollo s¨®lo ser¨¢ posible si existe un consenso y compromiso de los diferentes grupos pol¨ªticos independientemente de que est¨¦n en el poder o en la oposici¨®n de no utilizarla como mercanc¨ªa al servicio de intereses pol¨ªticos privados o partidistas. La actual subcomisi¨®n parlamentaria de RTVE no deber¨ªa perder la ocasi¨®n de servir de punto de partida para el despegue de una nueva etapa de la televisi¨®n p¨²blica en Espa?a.