Empresarios y sindicatos piden un trato especial para la Iglesia

Los empresarios y sindicalistas que integran el Consejo Econ¨®mico y Social (CES) creen que las obligaciones de la Iglesia respecto a su patrimonio hist¨®rico-art¨ªstico no pueden ser reguladas mediante una ley regional como la que ha elaborado el Gobierno de Alberto Ruiz- Gallard¨®n. Por eso, en sus recomendaciones han se?alado que, las condiciones de conservaci¨®n del patrimonio eclesi¨¢stico deber¨ªan ser reguladas "mediante acuerdos entre el Estado espa?ol y la Santa Sede".
Tambi¨¦n han pedido a la Comunidad que establezca en el art¨ªculo 6 de la nueva ley la concesi¨®n de beneficios fiscales a la Iglesia para la mejora de sus inmuebles protegidos.
El CES apunta en su dictamen que las visitas a los bienes de inter¨¦s cultural privados, que regula la futura ley regional, son problem¨¢ticas: "Se deber¨ªa tener presente el pleno respeto constitucional al derecho de propiedad, con la limitaciones y compensaciones que conlleva".
Algunos de los reparos que el CES puso al proyecto de ley de patrimonio ya han sido corregidos por la Consejer¨ªa de Educaci¨®n y Cultura. Las frases del art¨ªculo 42 que el CES consider¨® un "brindis al sol" y que establec¨ªan el compromiso de la Administraci¨®n p¨²blica para evitar mayores costes a los propietarios de bienes protegidos han sido corregidas. Las referencias a determinados art¨ªculos de la Ley estatal de Patrimonio "que no existen" seg¨²n el CES han sido suprimidas.
Los plazos de comunicaci¨®n entre administraciones sobre hallazgo de restos arqueol¨®gicos (diez d¨ªas) han sido acortados a cinco por indicaci¨®n del CES.
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