Los o¨ªdos sordos de los pol¨ªticos del medio ambiente

El desastre de Do?ana exige una respuesta ciudadana firme al tiempo que merece una profunda reflexi¨®n de las administraciones, que vaya acompa?ada con un serio prop¨®sito de enmienda. Y digo administraciones porque en este caso han quedado implicadas absolutamente todas las administraciones habidas y por haber. La Junta de Andaluc¨ªa, con competencia en materia de Medio Ambiente, por la sistem¨¢tica negligencia, cuando menos, de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente ante las denuncias que, habiendo llegado a sus manos durante los ¨²ltimos a?os, han sido sistem¨¢ticamente ignoradas o despreciadas. El Gobierno central, a trav¨¦s de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, responsable directa de la gesti¨®n de las aguas, incluida la gesti¨®n de los vertidos, y que siendo conocedora de las sistem¨¢ticas fugas de alta toxicidad, multitud de veces denunciadas por la Coordinadora Ecopacifista de Andaluc¨ªa (Cepa ), as¨ª como de la inseguridad de estas presas, ha legalizado situaciones que nunca debieron ser legales al tiempo que ha ignorado las ?irregularidades? contaminadoras de la empresa. Tampoco se libra la judicatura que deber¨ªa reflexionar autocr¨ªticamente ante el archivo de las denuncias presentadas por la Cepa ya en 1996. Incluso la Uni¨®n Europea deber¨ªa meditar sobre su pol¨ªtica de subvenciones y decir algo ante el desastre; pues Bruselas, a pesar de haber recibido informaci¨®n documentada del estado de las balsas y de las peligrosas filtraciones permanentes que generaban, nunca dej¨® de financiar a esta empresa (a trav¨¦s de la Junta de Andaluc¨ªa), que de esta forma ha venido recibiendo un total de unos 5.000 millones de pesetas durante los ¨²ltimos a?os. Es penoso seguir viviendo en la pr¨¢ctica cotidiana la experiencia de departamentos, concejal¨ªas, consejer¨ªas e incluso ministerios que, bajo el apelativo de Medio Ambiente, en lugar de ser los adalides de la defensa de nuestro patrimonio natural, dedican sus esfuerzos a desprestigiar la labor de las organizaciones ecologistas y de los t¨¦cnicos y profesionales que continuamente alertamos a la sociedad sobre situaciones peligrosas o denunciamos irregularidades administrativas y transgresiones de la ley en materia ambiental. El calificativo de ?catastrofistas?, o la descalificaci¨®n como ?radicales?, ?extremistas? o ?enemigos del progreso? est¨¢n siempre dispuestos... En este caso, una vez m¨¢s disponemos de un nuevo y triste ejemplo durante los ¨²ltimos a?os: los ecologistas denunciando pol¨ªtica, administrativa e incluso judicialmente la situaci¨®n, con apoyos documentales y t¨¦cnicos tan solventes como los que se derivaban de los datos aportados por el ingeniero de la propia empresa, que en 1995 alert¨® a las diversas administraciones respecto a los graves riesgos que exist¨ªan; la empresa, Boliden Apirsa, ?haci¨¦ndose la sueca? como corresponde a su naturaleza, pues, como bien es sabido, sueca es; y las diversas administraciones escondiendo sus propios an¨¢lisis de calidad de aguas, que demostraban fugas sistem¨¢ticas, poniendo pa?os calientes en momentos tan cr¨ªticos como la de la anterior rotura con vertido masivo de contaminantes en 1996, ignorando o devaluando las denuncias y, eso s¨ª, siempre en permanente campa?a de desprestigio hacia los ecologistas y los t¨¦cnicos que las ven¨ªan haciendo...

Curiosamente en breve se preparaba una manifestaci¨®n ecologista en defensa de Do?ana... Y es que mientras los pol¨ªticos pasean por el mundo ostentosamente las maravillas naturales de estos entornos (todav¨ªa est¨¢n frescas las im¨¢genes del se?or Aznar y el se?or Blair disfrutando del para¨ªso natural del parque...), la Junta de Andaluc¨ªa anulaba el plan de protecci¨®n territorial conocido como PDTC en los t¨¦rmicos municipales de Sanl¨²car y Trebujena para permitir al se?or Hohenlohe poner en pr¨¢ctica un ambicioso negocio inmobiliario en la zona...

?Qu¨¦ sentido tiene que trabajemos, por ejemplo, desde el comit¨¦ MAB (Hombre y Biosfera), auspiciado por la Unesco y financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, impulsando la declaraci¨®n y protecci¨®n de ?reservas de la biosfera?, como Do?ana, si esos mismos pol¨ªticos que bendicen formalmente nuestro trabajo siguen amparando y fomentando actitudes tan antiecol¨®gicas y b¨¢rbaras en su pr¨¢ctica real cotidiana?

En cualquier caso, tras los desastres s¨®lo caben dos cosas: exigir responsabilidades pol¨ªticas, administrativas y penales por un lado; y por otro, sobre todo, aprender, rectificar y poner los medios y las personas adecuadas para que el futuro sea mejor.

En este caso la envergadura del desastre deber¨ªa hacer inevitable un proceso serio de reflexi¨®n e insoslayable la exigencia de responsabilidades; sin embargo, el hecho de que sean esta vez todas las administraciones las que est¨¢n involucradas con serias responsabilidades en los acontecimientos, me hacen temer lo peor: un pacto generalizado de justificaci¨®n de la cat¨¢strofe como imprevisible con la correspondiente impunidad y encubrimiento de responsabilidades...

Ante esa posibilidad tan s¨®lo cabe la movilizaci¨®n ciudadana, y esperemos que esta vez la ciudadan¨ªa responsable e indignada no sea s¨®lo la ciudadan¨ªa ecol¨®gicamente militante, sino la ciudadan¨ªa en general, y especialmente el pueblo andaluz que tiene el privilegio de acoger en su territorio tan singular joya de la naturaleza, Patrimonio de la Humanidad.