El Gobierno neg¨® en 1997 que las filtraciones de la mina amenazaran Do?ana

La maldici¨®n t¨®xica que amenazar¨¢ durante a?os el equilibrio del ecosistema de Do?ana ha tenido sus incomprendidos agoreros. En enero de 1996, la Confederaci¨®n Ecol¨®gica Pacifista de Andaluc¨ªa (CEPA) remiti¨® a la UE un informe en el que se se?alaban filtraciones de los residuos que almacenaba la presa minera de Aznalc¨®llar al r¨ªo Agrio, afluente del Guadiamar. ?Las aguas del r¨ªo Guadiamar no entran en el parque nacional de Do?ana?, fue la contestaci¨®n de las autoridades espa?olas al requerimiento de la Comisi¨®n Europea.

Esta respuesta del Gobierno espa?ol, recogida en la carta remitida a la CEPA en agosto de 1997, contrasta con la importancia que concedi¨® el pasado martes el director coordinador del Parque, Alberto Ruiz Larramendi, a las aguas de este r¨ªo para la pervivencia del ecosistema: ?Do?ana, al no poder nutrirse ya de las aguas contaminadas del Guadiamar, recibir¨¢ mucho menos aporte hidr¨ªco?. En la misma carta la Comisi¨®n Europea (CE) daba por archivado el expediente informativo que hab¨ªa abierto a ra¨ªz del informe de Manuel Aguilar, ex t¨¦cnico de la empresa sueca Boliden Apirsa, propietaria de Minas de Aznalc¨®llar. En la respuesta de la CE a la queja planteada por CEPA se daban por v¨¢lidos los argumentos de las ?autoridades espa?olas? basados en un informe de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir. Las ?autoridades? s¨ª reconoc¨ªan que ?el aumento de la concentraci¨®n de contaminantes en las zonas lim¨ªtrofes de las balsas? se deb¨ªa a que los residuos se filtraban y contaminaban al r¨ªo. Pero las medidas adoptadas por las autoridades espa?olas para ?prevenir cualquier tipo de filtraci¨®n? y la aclaraci¨®n de que la contaminaci¨®n de las aguas del Guadiamar no afectar¨ªa al Parque, bastaron a los expertos de la CE.

?Es impresentable que el Gobierno espa?ol mintiera en base a un informe de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica?, se lament¨® Juan Clavero, coordinador de la CEPA, tras presentar estos datos, ayer, a los medios de comunicaci¨®n en Sevilla. Clavero carg¨® contra todas las administraciones: ?No s¨®lo ha habido negligencia, sino que tambi¨¦n ha habido complicidad con la empresa?. El dirigente de la asociaci¨®n subray¨® que en los ¨²ltimos a?os, los ecologistas ?han llamado a todas las puertas posibles? para avisar de la cat¨¢strofe, ?pero se han encontrado con el muro de la Administraci¨®n?.

El informe de la CEPA ejemplifica su particular pr¨¦dica en el desierto. La denuncia de Aguilar, que trabaj¨® como jefe de carga y transporte en la explotaci¨®n hasta 1994, no s¨®lo se traslad¨® a la Comisi¨®n Europea. Tambi¨¦n se present¨®, el mismo mes de enero de 1996, ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero dos de Sanl¨²car la Mayor (Sevilla), la Agencia de Medio Ambiente y la Consejer¨ªa de Industria de la Junta de Andaluc¨ªa. En el escrito se afirmaba que la filtraciones de residuos almacenados en la balsa de Minas de Aznalc¨®llar eran debidas a la mala ejecuci¨®n del recrecimiento de las paredes de la presa minera.

La empresa Boliden Apirsa elev¨® la cota de las paredes de los 47, 5 metros del proyecto inicial a los 64,5 metros que med¨ªan en el momento de la rotura, en la madrugada del pasado s¨¢bado. El ex empleado afirmaba en su informe que se utilizaron materiales ?inadecuados? que explicaban la aparici¨®n de grietas en las paredes por las que se filtraba el agua contaminada. A pesar de la ampliaci¨®n de la capacidad de la balsa, no se construy¨® una nueva depuradora. La existente, seg¨²n el informe de Aguilar, s¨®lo depuraba el 25% de los residuos que se trataban cada d¨ªa.

En el informe presentado ayer la asociaci¨®n ecologista afirma que la Consejer¨ªa de Medio Ambiente desestim¨® un informe t¨¦cnico de la Delegaci¨®n Provincial en Sevilla en el que se constataba la existencia de grietas y filtraciones. Este escrito fue tambi¨¦n invocado ayer por el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Manuel Atencia, para pedir las dimisiones de los consejeros de Medio Ambiente, Jos¨¦ Luis Blanco, y de Trabajo e Industria, Guillermo Guti¨¦rrez. En marzo de 1996, Medio Ambiente apoy¨® la denuncia de la CEPA por la contaminaci¨®n de las aguas, pero actu¨® por el estado de la presa, que estim¨® era competencia de Industria.

El 10 de marzo del a?o pasado, el juzgado de Sanl¨²car la Mayor archivaba las actuaciones por no apreciar hechos ?constitutivos de ning¨²n delito ni falta?, lo que, seg¨²n Clavero, evidencia la insensibilidad que hay todav¨ªa respecto al delito ecol¨®gico.