Seis d¨ªas de abril

Mientras Aznar recoge merecidamente en la cumbre de Bruselas los frutos de su buena pol¨ªtica econ¨®mica, que ha hecho posible la entrada de Espa?a en el euro (junto con otros factores tales como la fase alcista del ciclo y la labor del anterior Gobierno socialista), la lenta, d¨¦bil y confusa respuesta inicial de la Administraci¨®n a la catastr¨®fica rotura de la presa minera de Aznalc¨®llar (a 60 kil¨®metros de Do?ana) en la madrugada del 25 de abril muestra la distancia que nos separa todav¨ªa de otros eficientes Estados europeos. El Gobierno tard¨® casi una semana en adoptar las medidas necesarias para apretar el acelerador en sus actuaciones y coordinarlas con la Junta de Andaluc¨ªa; el ministro de Industria no visit¨® hasta anteayer las instalaciones causantes de la tragedia.Entretanto, el vertido de cinco millones de metros c¨²bicos de agua ¨¢cida cargada de minerales pesados hab¨ªa devastado ya 5.000 hect¨¢reas colindantes con el parque natural de Do?ana, afectado a sus acu¨ªferos, envenenado la cadena alimentaria de las aves del coto, arruinado extensas superficies de cultivo y destruido bancos de peces y crust¨¢ceos en la costa. Adem¨¢s de los da?os hasta ahora causados, todav¨ªa no cabe descartar que la reserva natural m¨¢s importante de la Europa meridional, utilizada como lugar de encuentro del presidente espa?ol con dignatarios europeos (una costumbre ferozmente criticada por el PP durante el mandato de Gonz¨¢lez pero que Aznar -reciente anfitri¨®n de Tony Blair- ha hecho suya), pueda sufrir un serio deterioro a medio y largo plazo.

Hasta el brusco viraje dado el pasado jueves por el Consejo de Ministros, el comportamiento del Gobierno de Aznar hab¨ªa rayado en la irresponsabilidad. Tras conocerse la rotura de la presa, la ministra de Medio Ambiente (una cartera creada en 1996 por el PP) se desplaz¨® a la zona, lanz¨® una r¨¢pida ojeada, se fotografi¨® vestida de coronel Tapioca , narcotiz¨® a la opini¨®n (?Do?ana est¨¢ salvado?), regres¨® a Madrid, propin¨® pellizcos de monja a los ecologistas y tom¨® el avi¨®n para Nueva York. Entre quedarse en Espa?a para cumplir las tareas que justifican su sueldo o desplazarse a Estados Unidos para figurar entre los firmantes del Procolo de Kiotto, Isabel Tocino opt¨® por el turismo pol¨ªtico-medi¨¢tico: la ministra de Medio Ambiente argument¨® que s¨®lo un viaje as¨ª permitir¨ªa -en la ¨¦poca de la televisi¨®n por sat¨¦lite- informar y concienciar al mundo de la tragedia. Siguiendo el camino trazado por la ministra Tocino, el PP intent¨® durante los d¨ªas posteriores a la cast¨¢strofe sacarse de encima todas las responsabilidades y descargar sobre los socialistas todas las culpas. Junto a su oportunista tendencia a monopolizar la autor¨ªa de las buenas noticias (como la entrada en el euro) y rechazar la m¨¢s m¨ªnima implicaci¨®n en los malos tragos (como la riada t¨®xica), el Gobierno de Aznar trat¨® de hacer pagar los platos rotos a la Junta de Andaluc¨ªa para saldar viejas cuentas; las deterioradas relaciones entre el Ejecutivo del PP y el gobierno auton¨®mico del PSOE llegaron al borde de la ruptura cuando el ministro Rajoy acus¨® a la Junta de gamberrismo institucional . Pero tiempo habr¨¢ para determinar d¨®nde empiezan, terminan o se solapan las competencias de las distintas Administraciones P¨²blicas y para saber c¨®mo cumplieron sus obligaciones desde el 25 hasta el 30 de abril: ahora s¨®lo cabe exigirles que olviden sus querellas y junten fuerzas para salvar Do?ana.

No s¨®lo la coordinaci¨®n entre las Administraciones p¨²blicas central y auton¨®mica tard¨® demasiados d¨ªas en producirse; adem¨¢s, ¨²nicamente el Gobierno puede movilizar los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar esos desaf¨ªos. Aznar pod¨ªa haber hecho uso de las competencias que le atribuyen tanto la Ley de Protecci¨®n Civil de 1985 ?para situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad p¨²blica o cat¨¢strofe extraordinaria? como la Ley de 1981 de Estados de Alarma, Excepci¨®n y Sitio para casos de ?cat¨¢strofes, calamidades o desgracias p¨²blicas?.

El PP no conseguir¨¢ desviar sus culpas sobre las administraciones socialistas del pasado: durante sus dos a?os de mandato, el Gobierno de Aznar ha tenido tiempo suficiente para adoptar las estrategias legales y ejecutivas que le hubiesen permitido combatir amenazas ya conocidas y denunciadas por los populares mientras permanec¨ªan en la oposici¨®n. As¨ª, el grupo parlamentario del PP pod¨ªa haber llevado de nuevo a las Cortes su proposici¨®n de Ley General del Medio Ambiente, presentada en julio de 1995. Y el Gobierno deber¨ªa haber aplicado en cualquier caso las en¨¦rgicas medidas contra los vertidos contaminantes de la mina de Aznalc¨®llar que la hoy ministra Palacio exigi¨® airadamente y prometi¨® demag¨®gicamente a los votantes en la campa?a electoral de 1996.