"La justicia no ha mejorado pese a las transferencias"
Enrique Beltr¨¢n (Almassora, 1932) es uno de funcionarios judiciales m¨¢s veteranos de la Comunidad Valenciana. Ejerce de acusador p¨²blico desde 1960. Presume de su independencia, defiende a los jueces y no oculta su orgullo por el funcionamiento de la fiscal¨ªa valenciana, que dice supervisar con rigor y dedicaci¨®n. Pregunta. Puede resultar una cuesti¨®n recurrente, pero es, sin duda, necesaria. ?Porqu¨¦ los ciudadanos -tal como reflejan reiteradamente las encuestas del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas- denostan el funcionamiento de la justicia? Respuesta. La ciudadan¨ªa no est¨¢ bien informada. Se juzga a la justicia por las decisiones de los jueces, cuyas sentencias son dictadas conforme a la ley. Y la ley no est¨¢ hecha por los magistrados. La lentitud de la justicia viene marcada por la permisividad de nuestra legislaci¨®n con las partes, ya que un abogado experto puede dilatar la resoluci¨®n de un proceso eternamente. La pobreza de medios y la escasez de magistrados, junto con la naturaleza de los procedimientos, son las causas de esta lentitud. P. La sociedad espa?ola duda de que la justicia sea igual para todos. ?Es as¨ª? R. Los crimin¨®logos estadounidenses ya hablaban de la justicia del white collar, y un insigne jurista espa?ol, Quintililano Salda?a, distingu¨ªa entre los "justiciables de corbata y los justiciables de alpargata". Qui¨¦n tiene m¨¢s dinero, puede financiarse una mejor defensa contratando al mejor letrado. Eso ha sido as¨ª y as¨ª es ahora. Creo que la gente est¨¢ desinformada. P. Pero el sistema est¨¢ colapsado. Los juzgados de Valencia arrastran 36.000 casos pendientes de resoluci¨®n, y la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 22.000, por poner dos ejemplos. R. El sistema est¨¢ colapsado, es cierto, sobre todo la justicia administrativa y la laboral. La civil va bastante bien y la penal, al d¨ªa. Los juicios en esta instancia se resuelven tambi¨¦n en un plazo razonable. No obstante, no puedo decir mucho en este aspecto porque el fiscal no participa en la mayor¨ªa de los procedimientos administrativos y laborales, s¨®lo en algunos de ¨¦stos ¨²ltimos cuando hay una supuesta violaci¨®n de los derechos fundamentales. No obstante, la soluci¨®n pasa por la creaci¨®n de m¨¢s juzgados y la descentralizaci¨®n de la justicia. Lo ideal ser¨ªa crear juzgados de lo Penal en Gandia, Alzira o Ll¨ªria, por ejemplo. Pero eso tampoco es responsabilidad de los jueces. P. Alguna responsabilidad tendr¨¢n en los problemas de la Justicia todos los implicados en ella. R. Por supuesto. No quiero eludir la responsabilidad, ni mucho menos, pero es evidente que sufrimos unas carencias que no hay en otras partes de la Administraci¨®n, central, auton¨®mica o local. P. ?Por qu¨¦ la Administraci¨®n abandona a la justicia? R. No lo s¨¦, pero eso ha sucedido siempre, es algo tradicional y abarca desde los sueldos de los funcionarios hasta la limpieza de las dependencias, que el personal responsable no puede mantener decentes por falta de recursos. Otro ejemplo, ahora tenemos unos ordenadores magnificos, pero hemos de sufrir un suplicio, por la burocracia, para conseguir una goma de borrar. P. ?Ha mejorado la justicia valenciana con la transferencia de parte de las competencias a la Administraci¨®n auton¨®mica? R. La mejora que todos esperabamos, no. Estoy de acuerdo con la valoraci¨®n que el presidente del TSJ ha hecho en la ¨²ltima memoria de este organismo. De hecho, estamos pr¨¢cticamente igual. En algunas cosas mejor, tenemos ordenadores, pero por lo general no ha habido cambios notables. P. ?Qu¨¦ responsabilidad tienen los fiscales en el mal funcionamiento de la justicia? R. Voy a barrer para casa. El trabajo del ministerio p¨²blico valenciano se cumple con puntualidad. Todos los asuntos se resuelven en un plazo de tres meses. Y eso es un dato objetivo, como tambi¨¦n lo es que padecemos la misma falta de medios que el resto de los compa?eros, muy diferentes a los recursos de que disfrutan los fiscales norteamericanos, que tienen cientos de millones y eso les permite disfrutar hasta de helic¨®pteros. P. Tanta diferencia hay entre un fiscal estadounidense y uno espa?ol. R. Tanta como entre el presidente del Banco de Santander y el responsable de una sucursal de pueblo de Pakist¨¢n. Es impensable que un fiscal valenciano pueda gastar cientos de millones en un procedimiento como el impulsado por Kenneth Starr . P. ?Es usted partidario de un modelo de fiscal¨ªa pol¨ªtico, al estilo norteamericano?. R. En absoluto. Soy partidario de una fiscal¨ªa no independiente, pero s¨ª aut¨®noma. A m¨ª no me da ¨®rdenes ni el Rey, ni el presidente del Gobierno ni el de la Generalitat. Mi ¨²nico superior es el Fiscal General del Estado, al que incluso puedo plantearle que una orden no se ajusta a derecho. En casi 38 a?os de carrera no he tenido problema alguno de ese tipo. P. ?Ha habido falta de comunicaci¨®n entre los juzgados y la fiscal¨ªa en el caso de la hepatitis C, que aparentemente fue investigado, en un principio, en ambas instancias? R. No. El entendimiento entre jueces y fiscales es ¨®ptimo. Simplemente, en este desgraciado caso hubo varias denuncias, y los ciudadanos denunciaron ante los juzgados y la Consejer¨ªa de Sanidad puso el caso en conocimiento de la Fiscal¨ªa, que lo primero que hizo fue averiguar si hab¨ªa alg¨²n magistrado encargado del caso. As¨ª lo hicimos, e inmediatamente remitimos al titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero nueve de Valencia toda la informaci¨®n que ten¨ªamos para que el act¨²e seg¨²n su criterio. La comunicaci¨®n es fluida. P. Entonces, ?Es la burocracia un enemigo del sistema judicial? R. Es muy posible. Los procedimientos no han evolucionado conforme a los tiempos. Las leyes fueron concebidas el siglo pasado, cuando no exist¨ªa el tel¨¦grafo y el correo se repart¨ªa a caballo. Ahora tenemos fax y disfrutamos de Internet, por lo que la reforma de la Ley de Procedimiento Civil, que pretende ajustarse a los tiempos que corren, est¨¢ muy avanzada. Espero ver su aplicaci¨®n, y la de la proyectada Ley de Enjuiciamiento Civil, antes de jubilarme.
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