La Agencia de Protecci¨®n de Datos investiga la fuga de informaci¨®n de Telef¨®nica a "Egin"

La Agencia de Protecci¨®n de Datos (APD), el organismo responsable de velar por la intimidad de los ciudadanos frente a los abusos de la inform¨¢tica, ha abierto un expediente para investigar la filtraci¨®n de datos confidenciales de Telef¨®nica a Egin, seg¨²n manifest¨® ayer el director de la APD, Juan Manuel Fern¨¢ndez L¨®pez. Los listados de llamadas realizadas desde el piso que ten¨ªa el Cesid sobre la sede de HB en Vitoria han permitido al citado diario identificar al menos a dos agentes del servicio secreto y publicar sus se?as personales, as¨ª como las de sus familiares.

Juan Manuel Fern¨¢ndez L¨®pez, quien se hizo cargo de la direcci¨®n de la agencia a principios del pasado mes de abril, declar¨® ayer a EL PA?S que orden¨® la apertura de un expediente en cuanto tuvo conocimiento de la publicaci¨®n en el diario Egin de datos supuestamente confidenciales procedentes de la Compa?¨ªa Telef¨®nica.Se trata, seg¨²n explic¨®, de unas diligencias informativas a cargo de la Subdirecci¨®n de Inspecci¨®n de la APD, que se transformar¨¢n en un expediente sancionador si se demuestra que ha existido vulneraci¨®n de la Ley Org¨¢nica de Tratamiento Automatizado de Datos de Car¨¢cter Personal (LORTAD).

Habr¨¢ que determinar, a?adi¨®, si la presunta filtraci¨®n se ha debido al comportamiento desleal de un empleado o a una acci¨®n de pirater¨ªa inform¨¢tica sobre los archivos de la compa?¨ªa. Fern¨¢ndez L¨®pez admiti¨® que el expediente tiene gran dificultad, pues a¨²n no existe un reglamento sobre medidas de seguridad que determine las disposiciones que han de adoptar las empresas para proteger los datos personales que tengan en su poder. Precisamente, el Ministerio de Justicia tiene ya muy avanzado un proyecto de reglamento sobre esta materia.

Para el director de la APD, la filtraci¨®n de estos datos confidenciales a un diario pr¨®ximo a HB, constituye "un hecho muy grave" por lo que, al margen del resultado del expediente en curso, "la competencia principal" para dilucidar este caso corresponde a los tribunales.

Como opini¨®n estrictamente personal y desde su experiencia como magistrado, Fern¨¢ndez L¨®pez cree que "el asunto debe ser investigado en la v¨ªa penal". Hasta ahora, sin embargo, no hay noticia de que se hayan abierto diligencias..

Por otra parte, el director de la agencia confirm¨® que puso en contacto con el Ministerio de Defensa a ra¨ªz de la convocatoria, el pasado 20 de febrero, de un concurso publicitario que incluye un mailing o env¨ªo postal a dos millones de j¨®venes, a los que se invitar¨¢ a enrolarse como soldados profesionales. Respecto a la legalidad de esta iniciativa, afirma que "la clave est¨¢ en si los datos se van a utilizar para el mismo fin con el que fueron recabados, ya que el art¨ªculo 4 de la LORTAD prohibe utilizarlos para otra finalidad". Fern¨¢ndez L¨®pez se ha limitado a recordar al Ministerio de Defensa este precepto, sin pronunciarse sobre si la campa?a publicitaria es o no un fin diferente al reclutamiento del servicio militar, para el que los ayuntamientos entregaron las listas de mozos, ya que, "al ser la agencia el ¨®rgano sancionador de los incumplimientos de la ley, no puede prejuzgar".

No obstante, el responsable de la APD agrega que, si finalmente Defensa encarga a una empresa la realizaci¨®n del mailing, ¨¦sta deber¨¢ comprometerse mediante contrato a destruir los datos tras cumplir el encargo, sin que sea posible su cesi¨®n o utilizaci¨®n con otro objetivo. El ministerio, agrega, deber¨ªa adoptar las cautelas m¨ªnimas necesarias para garantizar el cumplimiento de este compromiso, "aunque no puede llevarse al extremo de partir de la presunci¨®n de que el adjudicatario va a delinquir".

Finalmente, la agencia est¨¢ ultimado el proyecto de reforma de la LORTAD para adaptarla a la directiva de la Uni¨®n Europea, ya que el plazo de trasposici¨®n de la misma a las legislaciones nacionales acaba este a?o. Fern¨¢ndez L¨®pez considera que la ley espa?ola no necesita grandes modificaciones -la principal es ampliar su campo de aplicaci¨®n a los ficheros manuales y no automa-tizados-, aunque su prop¨®sito es aprovechar la reforma para corregir las deficiencias que se han observado desde su entrada en vigor, en enero de 1993.

La reforma legal se abordar¨¢, en todo caso, sin esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos presentados hace seis a?os y para cuya resoluci¨®n a¨²n no hay fecha.