El euskera en la justicia requiere a todos

Asisto con sorpresa a la difusi¨®n en todos los medios de un escrito firmado por un colectivo de jueces y magistrados, en el que se me cita por un art¨ªculo m¨ªo publicado s¨®lo en el diario Deia y tengo una sensaci¨®n de indefensi¨®n que me lleva a elaborar estas puntualizaciones: Me atribuyen los autores deplorar el resultado de una votaci¨®n habida en el Congreso de los Diputados, a prop¨®sito del asunto objeto de su nota, cuando el contenido de mi art¨ªculo y de mi intervenci¨®n en el pleno, de la que tra¨ªa causa, era justo el contrario. Me alegraba de poder debatir, hablar o escribir sobre un tema pol¨¦mico con argumentos. Me distanciaba tanto de quienes amenazan en la exigencia como de quienes truenan eludiendo a la ruptura de un poder ¨²nico en el Estado, que no es el caso de los firmantes. Desde la prudencia y desde el reconocimiento de la realidad socio-ling¨¹¨ªstica del pa¨ªs, me parec¨ªa interesante y necesario poner sobre la mesa un argumento de estricta constitucionalidad, que debe, seg¨²n mi opini¨®n, ser tenido en cuenta: el derecho de defensa en la lengua propia y oficial del sometido a un proceso penal. Para ello, alud¨ªa a la relevancia que el Tribunal Constitucional ha dado a la llamada autodefensa, a la viva voz del acusado, como integrante de este derecho. Cuando se alude al debate en el Congreso, del d¨ªa 21 de abril, se dice que fue a prop¨®sito de una iniciativa nacionalista, lo que es cierto, pero dado el ¨¢mbito de difusi¨®n en prensa del escrito, y la especial ebullici¨®n del problema localizado en Euskadi, no puedo evitar tener la impresi¨®n de que se elude decir qui¨¦n era en concreto, para que se cree la sensaci¨®n de que era del PNV puesto que va a ser descalificada a rengl¨®n seguido. Pues no. Era del Bloque Nacionalista Galego, y se planteaba en t¨¦rminos m¨¢s exigentes que lo que como partido venimos sosteniendo, ya que se hablaba del conocimiento de las lenguas como requisito, y no como m¨¦rito, que es la coordenada en la que nos estamos moviendo. Para rechazar la soluci¨®n de existencia de unos posibles jueces biling¨¹es m¨®viles, cuya configuraci¨®n legal requerir¨ªa de muy pausado estudio, se afirma que una soluci¨®n de este estilo contravendr¨ªa la voluntad democr¨¢ticamente expresada por el Congreso de los Diputados en el citado d¨ªa 21 de abril. No confundamos. Las se?or¨ªas firmantes saben de sobra lo que es un debate de toma en consideraci¨®n de un iniciativa, y conocen tambi¨¦n los estrictos t¨¦rminos de la proposici¨®n de ley del BNG, una reforma del art¨ªculo 341 y 471 de la Ley Org¨¢nica de Poder Judicial sustituyendo m¨¦rito por requisito. Esto es lo que se rechaz¨® exactamente, y no la "construcci¨®n" de soluciones transitorias como falsamente se afirma. ?stas fueron pedidas o hicieron llamamientos a buscarlas grupos como Converg¨¨ncia i Uni¨® o Izquierda Unida que se abstuvieron en la votaci¨®n. Por eso he dicho al principio que no he deplorado nada del debate, al contrario, me alegraba de que se pudiese empezar a plantear este asunto, a poner en la balanza todos los derechos y valores implicados: el derecho de defensa en la propia lengua; el derecho al juez natural predeterminado por la ley, que bien podr¨ªa predeterminar objetivamente un juez euskald¨²n; la realidad socio-ling¨¹¨ªstica de la carrera judicial y del pa¨ªs, y cualesquiera otros que sean atendibles. No dedicar¨¦ mucho esfuerzo a la comparaci¨®n de las soluciones al problema que yo apuntaba, con las justicia estamental y la menci¨®n a Corregidores de Capa y Espada o a Alcaldes de Hijosdalgo. El derecho a utilizar la lengua propia reconocida con el car¨¢cter de oficial no es un privilegio de casta. Finalmente, desde el reconocimiento a la labor de todos los firmantes y el afecto personal que tengo a muchos de ellos, les solicito que aporten sus muchos saberes al intento de soluci¨®n de un problema realmente existente, y no a confeccionar escritos como arma arrojadiza.

Margarita Uria es diputada de EAJ-PNV en el Congreso.