El fantasma de las pensiones

El candidato de los socialistas a la presidencia del Gobierno, Jos¨¦ Borrell, denunci¨® en el debate del estado de la Naci¨®n un presunto agujero de unos 280.000 millones de pesetas en la Seguridad Social. El secretario de Estado, Juan Carlos Aparicio, le acus¨® ayer de practicar "el tremendismo" y "el catastrofismo" y le emplaz¨® a que presente pruebas documentales. Sin embargo, el consejero de Econom¨ªa de la Generalitat catalana, Artur Mas, se ha sumado, a su vez, a quienes aprecian "visos de realidad" en la alarma encendida. As¨ª, el PSOE quiere que el propio Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar informe el pr¨®ximo mi¨¦rcoles en el Congreso, en el pleno de control al Ejecutivo, acerca de la financiaci¨®n de ese organismo.Alarma, confusi¨®n, ruido... Las pensiones p¨²blicas vuelven a la escena pol¨ªtica como arma arrojadiza. Acusaciones cruzadas sobre manejos contables, d¨¦ficit ocultos, recortes... A la hora de la verdad, est¨¢n en juego m¨¢s de siete millones de votos y la experiencia demuestra que ning¨²n partido est¨¢ dispuesto a quemarse con ese fuego.

?Tiene sentido todo este barullo? El Pacto de Toledo, suscrito por todas las fuerzas pol¨ªticas en 1995, dej¨® claro que, al menos hasta el a?o 2000, la viabilidad financiera del sistema p¨²blico de pensiones est¨¢ garantizada. La ley aprobada en 1997, consecuencia del mismo, recogi¨® un aspecto esencial: las pensiones suben cada a?o igual que los precios.

Adem¨¢s, el mencionado pacto estableci¨® el principio de que cada palo debe aguantar su vela. El Estado ha de asumir la financiaci¨®n de la sanidad y la Seguridad Social puede limitarse a pagar las pensiones contributivas (las que se perciben por haber cotizado). Debe asumir tambi¨¦n el Estado el complemento de m¨ªnimos (la cantidad que falta para que el pensionista perciba el m¨ªnimo garantizado por ley). En definitiva, la sanidad debe pagarse con impuestos; las pensiones, con cuotas sociales.

Un primer paso en este sentido se dio ya en los Presupuestos de 1997, aunque en el a?o 2000 debe completarse el proceso. Para 1998, 3,5 billones para la sanidad salen del Presupuesto del Estado y 116.000 millones de la Seguridad Social.

No falta quien considera ese acuerdo insuficiente para resolver a m¨¢s largo plazo un problema con ra¨ªces demogr¨¢ficas. La gente vive m¨¢s tiempo despu¨¦s de la jubilaci¨®n, luego la proporci¨®n entre a?os cotizados y a?os como pensionista evoluciona en favor de estos ¨²ltimos. Para 1998, el gasto en pensiones contributivas asciende a 7,4 billones, un 5,8% m¨¢s que en 1997, y los ingresos por cotizaciones ascienden a 8,4 billones, un 5,1% m¨¢s.

Todo ministro de Trabajo que accede al cargo recibe un primer consejo de su antecesor: las pensiones han de pagarse mes a mes y los ingresos por cotizaciones no siempre se obtienen a tiempo. En la gesti¨®n del d¨ªa a d¨ªa se producen as¨ª los "desfases de tesorer¨ªa", cubiertos por el Estado con pr¨¦stamos.

El problema se agrava cuando, como sucede hasta ahora, aunque cada vez menos, la Seguridad Social debe asumir parte de la financiaci¨®n de la sanidad, o hay una crisis econ¨®mica con aumento del paro y merma de los ingresos por cotizaciones. De aqu¨ª, que en a?os anteriores la deuda de la Seguridad Social con el Estado haya alcanzado el bill¨®n y medio. En 1997 fueron 350.000 millones y para 1998 est¨¢ prevista una cantidad similar. Estos pr¨¦stamos no se devuelven y, en teor¨ªa, deber¨ªan aparecer al menos como un d¨¦ficit del Estado.

Si a la Seguridad Social se le elimina todo lo que no son prestaciones contributivas, es decir se le deja con los gastos que le son propios, el balance actual es excedentario. En 1997, las cotizaciones ingresadas alcanzaron los 7,63 billones, mientras que los pagos por pensiones contributivas, bajas laborales, maternidades, ayudas familiares y gastos de gesti¨®n se situaron en 7,74 billones. Descontado el complemento de m¨ªnimos (608.000 millones), que debe asumir el Estado, el resultado es excedentario en 495.600 millones.

?sta ser¨ªa la foto fija y aislada del balance de la Seguridad Social. Pero el problema de fondo es que los gastos est¨¢n y en alg¨²n sitio deber¨ªan aparecer. La etapa de Carlos Solchaga como ministro de Econom¨ªa dej¨® un bill¨®n en facturas de sanidad no pagadas por la Seguridad Social -Borrell era entonces responsable de la ejecuci¨®n del Presupuesto como secretario de Estado de Hacienda-; su sucesor, Pedro Solbes, tuvo que reconocerlas y sufragarlas con pr¨¦stamos, y el Pacto de Toledo, suscrito en la etapa socialista y ejecutado por el Gobierno del PP, intenta poner orden en este caos contable.

Como se ha demostrado durante el debate, la contabilidad es un arma de doble filo que da margen para presentar las cosas a gusto de cada cual para mayor confusi¨®n del resto. Con Solchaga, los d¨¦ficit, simplemente, se ocultaban; Solbes hizo pr¨¦stamos a la Seguridad Social que se contabilizaban como d¨¦ficit de este organismo, y el Gobierno de Aznar los financia con deuda del Estado, luego no aparecen en su d¨¦ficit.

M¨¢s en detalle, la Seguridad Social, cargada de sus obligaciones actuales, present¨® un d¨¦ficit en 1997 del 0,23% del PIB, 180.000 millones. Aqu¨ª no aparecen los pr¨¦stamos del Estado y sus ingresos se contabilizan como derechos reconocidos o devengados ( lo que se ha cobrado m¨¢s lo que est¨¢ pendiente). Este criterio es distinto al de caja (s¨®lo contabiliza lo efectivamente ingresado) y, en este sentido, est¨¢ inflado.

A esta diferencia de criterio se agarr¨® Borrell, escudado en un informe de la Oficina del Presupuesto, que dirige Jos¨¦ Barea, para decir que hay 280.000 millones de d¨¦ficit oculto. Esta cifra sale de la diferencia entre los ingresos devengados y los cobrados en caja.

Barea afirma que la Seguridad Social tendr¨¢ que volver al criterio de caja en el a?o 2.000 por imperativo de la Uni¨®n Europea (UE). Pero el Gobierno del PP sostiene que nada de esto est¨¢ decidido y que sus criterios contables siguen al pie de la letra las exigencias de la UE.

?Tiene trascendencia pol¨ªtica esta discusi¨®n contable? En cierto sentido, s¨ª. Pero no por los argumentos t¨¦cnicos en los que Borrell se enred¨® durante el debate. El problema es que el Estado deber¨¢ asumir antes del a?o 2000 los gastos que el Pacto de Toledo descarga de la Seguridad Social y, al mismo tiempo, el Gobierno del PP proyecta una rebaja fiscal de al menos 600.000 millones. Sigue, pues, en el aire la pregunta de qui¨¦n y c¨®mo se pagar¨¢ todo esto.