El Defensor del Pueblo pide a Prisiones m¨¢s dureza con los funcionarios expedientados

El defensor del Pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda, entreg¨® ayer al presidente del Congreso, Federico Trillo, el informe anual en el que se incluyen las 18.138 quejas tramitadas por la instituci¨®n durante 1997. En el cap¨ªtulo en el que se recogen las 10 nuevas investigaciones abiertas por malos tratos en las prisiones, el defensor es partidario de que la Administraci¨®n penitenciaria aplique con m¨¢s frecuencia las medidas disciplinarias a sus funcionarios, en lugar de " hacer un uso restrictivo" de las mismas " m¨¢s all¨¢ de lo que parecer¨ªa proporcionado".Durante 1997 el Defensor recibi¨® 11.882 quejas individuales, "lo que representa un ligero ascenso respecto a 1996", seg¨²n se recoge en el informe. De ellas, unas 6.000 fueron formuladas por ciudadanos de la Comunidad de Madrid. La mayor¨ªa de las reclamaciones son referidas al trabajo, la vivienda y la Seguridad Social y la educaci¨®n, aunque tambi¨¦n hay otras por discriminaci¨®n por raz¨®n de sexo, pol¨ªtica o pertenencia a una determinada clase social. El defensor ha dirigido 113 recomendaciones y sugerencias a diversas instituciones.

Uno de los aspectos seguidos con especial inter¨¦s por el Defensor del Pueblo ha sido el relativo a las prisiones y a los casos de suicidios y malos tratos ocurridos en estos centros. En 1997 se iniciaron 9 investigaciones por fallecimientos de internos -por presunto suicidio, sobredosis de droga u otras causas-, apreciando que la Administraci¨®n penitenciaria deber¨ªa haber adoptado "m¨¢s vigorosas medidas cautelares" para evitar que un recluso acabara con su propia vida.

?lvarez de Miranda critica que la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias no se decida a aplicar medidas cautelares contra funcionarios sometidos a investigaci¨®n. "La adopci¨®n de estas medidas en casos concretos no entra en contradicci¨®n con el principio de presunci¨®n de onocencia que se mantiene siempre hasta que se sustancian las v¨ªas penales y administrativa".

Al Defensor del Pueblo no "le parece razonable , en algunos casos, que con la finalidad de evitar un perjuicio futuro a unos funcionarios no se adoptaran las medidas cautelares que el ordenamiento confiere a los gestores p¨²blicos cuando existen indicios claros que ponen de manifiesto una conducta irregular por parte de los funcionarios".

La instituci¨®n recoge tambi¨¦n quejas sobre las listas de espera qurir¨²rgicas y de diagn¨®stico, si bien aprecia un "descenso". Las mayores demoras -de hasta 26 meses- se refieren a las especialidades de traumatolog¨ªa y oftalmolog¨ªa. En Educaci¨®n, se destacan las insuficiencias en equipamientos: s¨®lo cuatro de los 42 centros estudiados disponen de todas las instalaciones estipuladas por ley. Los colegios en los que se imparte primero y segundo curso de secundaria suelen tener una dotaci¨®n de profesores especialistas "francamente insuficiente".