Pegatinas paralelas

El comienzo -anteayer- de la vista oral del caso Marey es la prueba del nueve de la solidez del Estado de Derecho en la Espa?a democr¨¢tica: varios altos cargos del Ministerio del Interior durante la etapa socialista se sientan en el banquillo, acusados del secuestro en diciembre de 1983 -acci¨®n reivindicada por los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL)- de un ciudadano franc¨¦s. Los juicios paralelos para condicionar las decisiones del Supremo en el caso Marey cubren todas los supuestos imaginables: mientras algunos dirigentes del PSOE y los portadores de pegatinas exculpatorias del ex ministro dictan por anticipado la absoluci¨®n de Barrionuevo y Vera, los militantes y publicistas mas aguerridos del PP, IU y el PNV exigen su condena. La operaci¨®n no es inocente: s¨®lo un desmesurado optimismo antropol¨®gico podr¨ªa concluir que los jueces son insensibles a la escandalera pol¨ªtica y medi¨¢tica organizada a las puertas de sus despachos.Los veteranos de esas pr¨¢cticas intimidatorias suelen fingir un respeto reverencial hacia la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, el inexperto Cascos fue lo bastante imprudente como para declarar el 10 de septiembre de 1995 a la agencia Europa Press que la justicia espa?ola se jugaba "el prestigio" en el caso GAL, dado que "la opini¨®n p¨²blica espa?ola ya ha dictado su propio veredicto pol¨ªtico"; seg¨²n el actual vicepresidente primero del Gobierno, "en la medida en que la sentencia no se corresponda con el veredicto de los ciudadanos" la justicia "va a salir perdiendo". De acuerdo con la doctrina Cascos, el Supremo no tendr¨ªa m¨¢s salida en el caso Marey -si quiere mantener su cr¨¦dito ante los ciudadanos- que limitarse a copiar al pie de la letra y con buena caligraf¨ªa el fallo ya pronunciado por la opini¨®n p¨²blica: una salom¨®nica esfinge que s¨®lo comunica sus sentencias a los tertulianos y publicistas capaces de coincidir con Cascos en el desciframiento de sus ominosos mensajes.

Los promotores de los juicios paralelos para absolver o para condenar a los acusados del sumario Marey amenazan de forma expl¨ªcita (si aplican la doctrina Cascos) o impl¨ªcita (si act¨²an de manera menos grosera) con deslegitimar al Supremo en el caso de que la mayor¨ªa de los once magistrados de la Sala Segunda no sigan obedientemente sus dictados. Nadie deber¨ªa infravalorar esa fanfarrona estrategia: las vistas orales de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y del caso Filesa mostraron la potencialidad de esas campa?as de desprestigio. Los juicios paralelos explotan en su favor la inevitable distancia registrada entre las claras evidencias de la vida cotidiana, gobernada por el sentido com¨²n, y la jerga t¨¦cnica del mundo procesal, que residencia la realidad en el sumario y que otorga al acusado la protecci¨®n de un generoso sistema garantista. La ingenua pretensi¨®n de que la verdad judicial establecida por los magistrados puede ser el calco fiel de alguna de las m¨²ltiples y contradictorias verdades hist¨®ricas al alcance de los legos significar¨ªa renunciar a un logro de la Ilustraci¨®n: que ning¨²n inocente pueda ser condenado, aun a costa de que alg¨²n culpable pueda escapar a la justicia.

Han transcurrido dos d¨¦cadas desde el restablecimiento de la democracia en Espa?a: durante estos a?os, la carrera judicial ha pasado por el mismo proceso de remozamiento generacional y de interiorizaci¨®n de valores constitucionales que las restantes instituciones del Estado. Cabe presumir, por c¨¢lculo de probabilidades, que hay jueces venales, prevaricadores o incompetentes; no existen razones, sin embargo, para suponer que la magistratura ofrezca mayores niveles de corrupci¨®n, parcialidad o estupidez que la pol¨ªtica, la universidad, la abogac¨ªa o el periodismo. Dado que la distribuci¨®n de los vicios y de las virtudes en una sociedad es aleatoria, los magistrados encargados del caso Marey estar¨¢n seguramente equiparados intelectual y moralmente con los promotores de los juicios paralelos que pretenden darles clase de derecho y dictarles los veredictos; esos once jueces del Supremo, en cambio, tienen a su favor una clara ventaja: dominan un oficio dificil de adquirir y de ejercer, han estudiado un sumario formado por miles de folios, tienen experiencia para apreciar las pruebas y conocen la jurisprudencia sobre atenuantes, agravantes y prescripciones. Sea cual sea la opini¨®n privada que cada cual pueda expresar -el d¨ªa en que el Supremo dicte sentencia- sobre la correspondencia entre la verdad judicial del caso Marey y su verdad hist¨®rica, parece obligado recordar que las normas, los valores y los usos del Estado de Derecho atribuyen al Poder Judicial la ¨²ltima palabra p¨²blica sobre la resoluci¨®n de los conflictos jur¨ªdicos.