El Gobierno se negar¨¢ a desclasificar los datos sobre las escuchas a HB solicitados por la juez

El Consejo de Ministros se negar¨¢ a desclasificar los datos sobre las escuchas del Cesid a HB que le ha solicitado, con el visto bueno del fiscal, la titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de Vitoria. Fuentes gubernamentales indicaron que estos datos, referidos a la identidad de muchos agentes y a los procedimientos del Cesid, afectan a la seguridad del Estado y est¨¢n protegidos por la ley de Secretos Oficiales y el acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986. La juez advierte, sin embargo, que los datos son "indispensables" para la causa, que sin ellos est¨¢ "condenada al fracaso".

El procedimiento abierto en Vitoria por el espionaje a HB se encamina con rapidez hacia un conflicto como el que se produjo con motivo de los llamados papeles del Cesid, que se sald¨® con la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 de abril del a?o pasado. Al igual que hiciera entonces Baltasar Garz¨®n, la juez Carmen Lasanta ha dirigido una exposici¨®n razonada al Gobierno en la que pide que se desclasifique todo lo relacionado con las escuchas descubiertas en la sede de la coalici¨®n radical.Tambi¨¦n ahora, como el 2 de agosto de 1996, el Consejo de Ministros se negar¨¢ a acceder a dicha petici¨®n, aunque conf¨ªa en que esta vez el Supremo no le quite la raz¨®n. Las fuentes consultadas indicaron que en este caso, a diferencia del anterior, no existe ninguna duda de que la informaci¨®n solicitada afecta a la seguridad del Estado, pues se trataba de investigar a personas que forman parte del complejo de apoyo a ETA, lo que se encuadra en el marco de la lucha contra el terrorismo y en las misiones propias del Cesid, seg¨²n han reiterado tanto el titular de Defensa, Eduardo Serra, como el propio presidente, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

A¨²n no sabe cu¨¢ndo se producir¨¢ el acuerdo del Consejo de Ministros, ya que no hay plazo legal para contestar a la juez y habr¨¢ que recabar antes los correspondientes informes jur¨ªdicos. No obstante, la decisi¨®n pol¨ªtica se adopt¨® hace varias semanas al m¨¢ximo nivel. Incluso se baraj¨® la posibilidad de que el Gobierno hiciese un pronunciamiento formal, aunque finalmente se prefiri¨® esperar a que la juez elevase su exposici¨®n razonada, lo que hizo el 14 de mayo con el informe favorable del fiscal.

Previamente, los d¨ªas 7 y 8 de este mes, la instructora recibi¨® las respuestas a dos oficios dirigidos al ministro de Defensa y al director general del Cesid, Javier Calder¨®n. Ambos se acogieron a la legislaci¨®n sobre secretos oficiales para no dar detalles de la operaci¨®n, aunque con dos excepciones. Serra admiti¨® que M.C., el agente cuyo nombre real figuraba en un documento olvidado en el piso del Cesid, "mantiene una relaci¨®n de empleo con el Ministerio de Defensa". Calder¨®n reconoci¨®, por su parte, que el Cesid "dispon¨ªa en el inmueble se?alado de medios t¨¦cnicos susceptibles de ser utilizados para fines de la lucha antiterrorista".

A partir de este reconocimiento, que ya hizo Serra en su comparecencia ante el Congreso del 21 de abril, la exposici¨®n razonada de la juez, que ayer adelant¨® El Mundo, solicita que se desclasifiquen las respuestas a 14 preguntas agrupadas en ochos puntos.

En concreto, pregunta desde qu¨¦ fecha dispon¨ªa el Cesid de los medios t¨¦cnicos instalados sobre la sede de HB; qui¨¦n orden¨® su instalaci¨®n y con qu¨¦ fin; qu¨¦ agentes han intervenido en la operaci¨®n, cu¨¢l es su identidad real y destino actual; a qui¨¦n daban cuenta del resultado de su trabajo, qui¨¦n era el mando o cargo del Cesid del que depend¨ªan, cu¨¢l era el departamento encargado de la operaci¨®n y qui¨¦n es su m¨¢ximo responsable; qui¨¦n era el receptor ¨²ltimo de la informaci¨®n y si ¨¦ste conoc¨ªa la forma en que se hab¨ªa obtenido; a qui¨¦n se inform¨® el pasado 31 de marzo de que hab¨ªa sido descubierta la instalaci¨®n situada sobre la sede de HB; si pertenecen al Cesid cinco personas cuyos nombres enumera, si se trata de identidades ficticias y, caso de ser as¨ª, que se aporte la identidad real y el destino actual, as¨ª como sus fotograf¨ªas, e inf¨®rmese de qu¨¦ relaci¨®n mantienen con los hechos que se investigan; y, por ¨²ltimo, cualquier otro dato de inter¨¦s para la causa que pueda derivarse de los anteriores.

Destinatario ¨²ltimo

Respecto a los cinco nombres, dos de ellos son reales y ya han declarado como imputados -se trata de M.C. y F.B., un agente del Cesid y un guardia civil-, mientras que los otros tres -Miguel ?ngel Navarro, Alfonso D¨ªez Herrera y Jos¨¦ Ignacio L¨®pez, correspondientes a la persona que alquil¨® el piso en 1992, a la que lo compr¨® en 1994 y a la que contrat¨® un tel¨¦fono son presumiblemente falsos. La juez argumenta que la informaci¨®n solicitada "resulta indispensable" para el esclarecimiento de los hechos y la identificaci¨®n de los presuntos responsables, precisamente "porque algunas personas han podido actuar bajo identidad ficticia", y advierte que, de no obtener respuesta a sus preguntas, "simple y llanamente esta instrucci¨®n est¨¢ condenada al fracaso".De todas las cuestiones planteadas, la m¨¢s relevante pol¨ªticamente es la que se refiere al "destinatario ¨²ltimo" de la informaci¨®n y a su conocimiento sobre la forma en que ¨¦sta sido obtenida, ya que, seg¨²n la legislaci¨®n vigente, los destinatarios de los informes del Cesid son los ministros de Defensa e Interior y el propio presidente. Serra manifest¨® en el Congreso que los miembros del Gobierno "no tienen por qu¨¦ conocer" c¨®mo obtiene el Cesid la informaci¨®n que facilita.