F¨²tbol gubernamental

EL ORGANISMO dise?ado por el Gobierno (por decreto) para decidir qu¨¦ acontecimientos deportivos ser¨¢n considerados ?de inter¨¦s general? -susceptibles, por tanto, de ser televisados en abierto- confirma las sospechas de ese intervencionismo arbitrista en el ¨¢mbito empresarial que tanto complace al Ejecutivo. Su composici¨®n, adem¨¢s de mastod¨®ntica, no s¨®lo impide una utilizaci¨®n neutral del mismo, sino que contiene el sesgo de cualquier instituci¨®n de control pol¨ªtico. El Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas estaba previsto en la Ley del F¨²tbol, recurrida ante el Tribunal Constitucional y denunciada ante la Comisi¨®n Europea. Instituciones aparentemente similares las hay en otros lugares de Europa, en culturas democr¨¢ticas en las que se busca la independencia de criterio, no el vasallaje al Gobierno de turno. A t¨ªtulo de ejemplo, la ley brit¨¢nica de 1996 que introdujo consideraciones de este tipo es tajante en su car¨¢cter no retroactivo y afecta s¨®lo a los contratos firmados con posterioridad. Lo contrario que en Espa?a, cuya ley confisca derechos leg¨ªtimamente adquiridos, lo que genera inseguridad jur¨ªdica.La composici¨®n del consejo constituye, en s¨ª, un disparate asambleario -52 personas (s¨®lo nueve menos que, por ejemplo, el Comit¨¦ Econ¨®mico y Social)- y rezuma todo tipo de sensaciones, salvo la de independencia. Bajo la apariencia de pluralismo -muchos, que no diversos-, el Gobierno se asegura un c¨®modo control y mayor¨ªa en este organismo. Estar¨¢ encabezado por el Ejecutivo a trav¨¦s del secretario de Estado para el Deporte, y habr¨¢ tres altos cargos del Ministerio de Fomento, instituci¨®n harto conocida por su inter¨¦s en el deporte y su objetividad en estos asuntos. De los 52 miembros que te¨®ricamente pueden estar m¨¢s interesados en la cuesti¨®n, s¨®lo tres representantes de las cadenas privadas, dos de los operadores de plataformas digitales y uno s¨®lo por los clubes de f¨²tbol.

La creaci¨®n de este consejo es una pieza m¨¢s del puzzle elaborado por el PP contra el desarrollo de una televisi¨®n no sometida al poder pol¨ªtico y, en general, contra la libertad de empresa: desde la parad¨®jica doctrina del inter¨¦s general aplicada al f¨²tbol, y la guerra de los descodificadores digitales (que Bruselas corrigi¨® para bochorno de nuestros liberales gobernantes), hasta la decisi¨®n de estrangular la producci¨®n cinematogr¨¢fica espa?ola forzando a TVE a no comprar ninguna pel¨ªcula coproducida por otras empresas de televisi¨®n. Hoy el Gobierno cuenta con un arma m¨¢s: su consejo.