El Estado pagar¨¢ con intereses a 5.270 afectados de Tous al no respetar el plazo fijado por el juez

Una espera de 15 a?os bien puede justificar otra de algunos meses. Esa debe ser la opini¨®n del Gobierno, que pagar¨¢, en representaci¨®n del Estado, 11.125 millones de pesetas a 5.270 perjudicados por el derrumbamiento de la presa de Tous con el gravamen del tipo de inter¨¦s legal vigente. La Audiencia de Valencia, instancia que marc¨® las cantidades a pagar a los perjudicados por la pantanada que agotaron la v¨ªa judicial, dio al Estado un plazo de tres meses para abonar las compensaciones. En caso contrario, tal como ha sucedido, los pagos se han de afrontar con intereses.

El auto de ejecucion de la sentencia del caso Tous, hecho p¨²blico el pasado 27 de febrero por la Audiencia de Valencia, vino a cerrar el eterno proceso provocado por la famosa pantanada, el procedimiento judicial abierto hace ya 15 a?os, poco despu¨¦s del 20 de octubre de 1982, cuando el derrumbamiento de la presa de esa localidad seg¨® la vida de ocho personas y provoc¨® destrozos de miles de millones de pesetas en 32 localidadades de las comarcas de La Ribera, La Costera y L"Horta. El auto no s¨®lo daba carpetazo a un proceso pr¨¢cticamente concluido tras la celebraci¨®n de cuatro juicios, sino que ven¨ªa a fijar las cantidades con las que el Estado, como responsable civil subsidiario, deb¨ªa compensar a 5.270 de los cerca de 33.000 perjudicados por la pantanada. La Audiencia marc¨® una indemnizaci¨®n global de 11.125 millones de pesetas, decidi¨® dejar fuera de estas cantidades a los 28.000 perjudicados que se acogieron a las ayudas ofrecidas por el Gobierno en sendos decretos-ley y, para evitar la dilaci¨®n en los pagos, concedi¨® un plazo de tres meses al Estado para hacer efectivas las indemnizaciones. Pasado ¨¦ste, las compensaciones se deben pagar con el sobrecoste marcado por el tipo de inter¨¦s legal vigente, el 4,25%. Los tres meses han expirado y el Ejecutivo no ha pagado ni un duro. Tampoco ha anunciado cuando va a hacerlo, si bien es cierto que la decisi¨®n del tribunal, presidido por el magistrado Juan Luis de la Rua, no establec¨ªa la obligaci¨®n de abonar las indemnizaciones en ese ni en ning¨²n otro plazo, aunque marcaba ese t¨¦rmino tanto para salvaguardar los derechos de los ciudadanos que recibir¨¢n las compensaciones como para dar un marco de referencia al Estado. Por ello, no parecer¨ªa l¨®gico que se prorrogaran en exceso los pagos de una cat¨¢strofe ocurrida hace d¨¦cada y media. Esa es la opini¨®n de Amadeo P¨¦rez, uno de los letrados de Afiva y Apemeda, las dos asociaciones de damnificados cuyos componentes, en su mayor parte, renunciaron a las compensaciones del gobierno para reivindicar sus derechos por la v¨ªa judicial: "La notificaci¨®n del auto de ejecuci¨®n de la sentencia se hizo el 27 de febrero. Y la resoluci¨®n es clara: Da tres meses, a partir de esa fecha, para que el Estado abone las indemnizaciones marcadas sin intereses. El plazo ha finalizado y, en buena l¨®gica, los pagos se han de afrontar con intereses y entendemos en que pocas semanas". P¨¦rez asegura que, de manera inminente, realizar¨¢n "alguna iniciativa para apremiar al Estado a cumplir con su papel de responsable civil subsidiario" por la cat¨¢strofe. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carlos Gonz¨¢lez Cepeda, reconoci¨® ayer, en el transcurso de una reuni¨®n con los alcaldes de los municipios de la Ribera, la voluntad del Ejecutivo presidido por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar de hacer frente al pago de los intereses de demora en la liquidaci¨®n de las indemnizaciones. No obstante, y pese a que han transcurrido ya 90 d¨ªas desde la notificaci¨®n del auto que obliga a hacer efectivas las compensaciones, Gonz¨¢lez Cepeda reconoci¨® que el Estado no ha habilitado a¨²n la partida presupuestaria necesaria para hacer frente a los 11.000 millones que se deben abonar. Consorcio de Compensaci¨®n El delegado del Gobierno tambi¨¦n ratific¨® la postura del Gobierno de no extender la cuant¨ªa de las indemnizaciones fijadas por la Audiencia a los cerca de 28.000 afectados que se acogieron a las ayudas del gobierno. 40.000 millones tienen la culpa, la cantidad que, seg¨²n los c¨¢lculos del Ejecutivo, ser¨ªa necesaria para equiparar las compensaciones que recibir¨¢n los perjudicados que agotaron la v¨ªa judicial con las ya percibidas por el resto. Mientras, fuentes del Consorcio de Compensaci¨®n de Seguros aseguran que esta instituci¨®n, dependiente del Estado, "no solicitar¨¢ la devoluci¨®n de ninguna de las cantidades pagadas en su d¨ªa con motivo de las inundaciones de 1982", por lo que renuncia al derecho que le reconoci¨® la Audiencia de Valencia. El Consorcio, que a¨²n no ha hecho p¨²blica su decisi¨®n, entiende que las indemnizaciones satisfechas en su d¨ªa se hicieron efectivas por el devastador efecto de las lluvias torrenciales de aquellos d¨ªas, no por el desastre causado por el derrumbamiento de la presa.