Guerras sucias

Mientras la vista oral del caso Marey reconstruye judicialmente en el Supremo el arranque de las actuaciones criminales de los GAL (justificadas ante el tribunal por los acusados Sancrist¨®bal y Damborenea), un informe de Amnist¨ªa Internacional sobre los miles de asesinatos perpetrados por las dictaduras chilena (desde 1973 hasta 1990) y argentina (de 1976 a 1983) record¨® la semana pasada en Madrid los horrores de la guerra sucia en el Cono Sur. El dictamen de la benem¨¦rita instituci¨®n afirma que Espa?a tiene jurisdicci¨®n para conocer los cr¨ªmenes contra la humanidad cometidos en ambos pa¨ªses; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, sin embargo, niega esa competencia a los jueces instructores Garz¨®n y Garc¨ªa Castell¨®n. La sangrienta represi¨®n desatada por los militares chilenos y argentinos -sostiene Fungairi?o- fue solo "una venganza frente a los atentados terroristas", que no puede ser tipificada como delito de genocidio o de terrorismo; las Fuerzas Armadas sublevadas en el Cono Sur "no pretend¨ªan sino la sustituci¨®n temporal del orden constitucional", a fin de "subsanar las insuficiencias" de los gobiernos democr¨¢ticos para "mantener la paz p¨²blica".El juez Joaqu¨ªn Navarro Estevan ha lamentado ese "muy desafortunado" argumento del fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, ya que la toma del poder por las Fuerzas Armadas en ambos pa¨ªses "fue absolutamente anticonstitucional, antidemocr¨¢tica e ileg¨ªtima". A Fungairi?o -observa el popular magistrado y publicista- le falt¨® "finura y meticulosidad" al razonar "con el pie forzado de que los militares asesinos de Chile y Argentina no eran una banda armada terrorista". Sin embargo, y pese a que la lectura literal del "contradictorio, escol¨¢stico y farragoso" razonamiento del fiscal jefe de la Audiencia Nacional pudiera hacer pensar lo contrario, "el bueno de Eduardo" no habr¨ªa justificado en realidad a los golpistas del Cono Sur: "Estoy convencido, porque conozco y quiero a Fungairi?o [avala Navarro Estevan] , de que no quiso decir lo que parec¨ªa decir".

De creer al popular magistrado y publicista, las cr¨ªticas al fiscal jefe de la Audiencia Nacional por negarse a reconocer la jurisdicci¨®n espa?ola sobre los cr¨ªmenes contra la humanidad en el Cono Sur constituyen "una cacer¨ªa de brujas" demag¨®gica: "es muy f¨¢cil explotar los sentimientos, aunque sea pisando sobre cad¨¢veres y sangre asesinada". La "politiquer¨ªa estrecha" -sentencia Navarro Estevan- ha agriado indebidamente la pol¨¦mica doctrinal sobre una materia jur¨ªdica en s¨ª misma discutible, degrad¨¢ndola "al nivel de contienda facciosa y de intereses banderizos": los mismos que defienden "con fervor de catec¨²meno" la jurisdicci¨®n espa?ola sobre los cr¨ªmenes cometidos en Chile y Argentina "hac¨ªan lo posible y lo imposible" para obstruir la investigaci¨®n sobre los GAL". Sin duda, los demonios de la pol¨¦mica han cegado la mirada y nublado el entendimiento del popular magistrado y publicista: el juez Garz¨®n que defiende ahora -frente a Fungairi?o- la competencia de la Audiencia Nacional sobre el sumario argentino por cr¨ªmenes contra la humanidad es el mismo juez Garz¨®n que hizo posible antes -con la colaboraci¨®n de Fungairi?o- la celebraci¨®n del juicio del caso Marey en el Supremo.

La comparaci¨®n de las v¨ªctimas de los GAL entre 1983 y 1986 con los asesinados y desaparecidos en el Cono Sur entre 1973 y 1990 plantea preguntas de dif¨ªcil respuesta.

El elogiable rigor desplegado por Fungairi?o para perseguir a los estrategas en Espa?a de la guerra sucia en el Sur de Francia, ?se compadece con su benevolencia hacia las sangrientas dictaduras de Chile y Argentina? La investigaci¨®n en el presente del terrorismo de Estado descubierto en el pasado, ?debe circunscribirse a los delitos cometidos en reg¨ªmenes democr¨¢ticos, olvidando los cr¨ªmenes perpetrados bajo las dictaduras de Franco, Pinochet o Videla? Finalmente, las responsabilidades nacidas del asesinato de 28 personas por mercenarios pagados con fondos reservados durante la etapa socialista, ?son tambi¨¦n exigibles a los autores, c¨®mplices y encubridores de las casi 30 v¨ªctimas que Melchor Miralles y Ricardo Arques registran en su libro Amedo (Barcelona, 1989) para el periodo 1975-1982, reivindicadas por bandas parapoliciales compuestas en buena parte por los mismos mercenarios?