El Defensor del Pueblo investiga quejas por la aplicaci¨®n de la "ley del catal¨¢n"

El Defensor del Pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda, anunci¨® ayer que ha abierto una investigaci¨®n para aclarar la veracidad de unas quejas que han llegado hasta esa instituci¨®n sobre la aplicaci¨®n de la ley del catal¨¢n. En un receso de su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para presentar su informe anual, ?lvarez de Miranda explic¨® tambi¨¦n que recibi¨® miles de peticiones individuales de ciudadanos que le solicitaban que recurriese esta ley ante el Tribunal Constitucional, aunque finalmente opt¨® por no hacerlo.

Pese a la decisi¨®n final de no presentar recurso de inconstitucionalidad, el Defensor del Pueblo realiz¨® una serie de recomendaciones a la Generalitat y adviriti¨® entonces que estar¨ªa atento a la aplicaci¨®n que se hiciese de ese texto desde las instituciones de Catalu?a, especialmente de la Generalitat, para que la poblaci¨®n castellanohablante no resultase discriminadad.En este sentido, ?lvarez de Miranda explic¨® ayer que las primeras quejas sobre la ley han llegado ya a la instituci¨®n que preside y que, en consecuencia, ha acordado abrir una investigaci¨®n. Las quejas se refieren a la utilizaci¨®n exclusiva del catal¨¢n en los r¨®tulos informativos de algunos juzgados y a la exigencia de saber hablar y escribir esta lengua para cubrir una plaza de alba?il municipal en la localidad de Roses (Girona), gobernada por CiU.

Hace una semana, los r¨®tulos biling¨¹es que hasta entonces figuraban en el Palacio de Justicia de la Audiencia de Barcelona empezaron a ser sustituidos por otros ¨²nicamente en catal¨¢n. El departamento de Justicia ya anunci¨® en su d¨ªa que, pese a las cr¨ªticas de algunos sectores conservadores de la judicatura, sustituir¨ªa progresivamente los r¨®tulos, como as¨ª est¨¢ ocurriendo. Hasta el momento no se han recrudecido las cr¨ªticas que se formularon en su d¨ªa desde la mayoritaria Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece el mismo presidente de la Audiencia de Barcelona, Francisco Javier B¨¦jar.

En cuanto a la exigencia del catal¨¢n hablado y escrito para la plaza de alba?il de Roses, el ayuntamiento desminti¨® en su d¨ªa que se planteara ese requisito, pero el Defensor del Pueblo dijo ayer que la queja recibida procede de uno de los aspirantes que aseguraba haber sido rechazado por no cumplir las exigencias.

Unas semanas antes de que entrase en vigor la ley del catal¨¢n, el Ayuntamiento de Olot (Girona), gobernado tambi¨¦n por CiU, plante¨® ese mismo requisito para acceder a otra plaza de alba?il municipal.

En otro momento de sus declaraciones ante los periodistas, ?lvarez de Miranda explic¨® que "miles de ciudadanos" le pidieron a t¨ªtulo individual que recurriese la constitucionalidad de la ley del catal¨¢n y precis¨® que "las solicitudes de las organizaciones han sido m¨¢s bien escasas".

Plazas para ancianos

Al mismo tiempo que relataba esas quejas recibidas por la aplicaci¨®n de la ley del catal¨¢n, el Defensor del Pueblo record¨® tambi¨¦n a los periodistas que ha recibido quejas de jubilados que se han trasladado de otras comunidades a vivir a Catalu?a y tienen dificultades para obtener una plaza en una residencia p¨²blica.?lvarez de Miranda record¨® el derecho a la libertad de traslado en todo el territorio espa?ol y pidi¨® que se eliminen las dificultades que han sido motivo de queja, y que las autoridades competentes en esta materia act¨²en para resolver esta cuesti¨®n. Hace m¨¢s de un a?o 1.600 personas se encontraban en lista de espera en Catalu?a para ingresar en una residencia y entonces ya hac¨ªa falta doblar el n¨²mero de plazas.