El fiscal investiga el perd¨®n de la deuda tributaria a los clubes de golf

lona [EN] La fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha abierto diligencias para investigar la existencia de un supuesto acuerdo entre la Junta de Aguas, dependiente de la Generalitat, y la Federaci¨®n Catalana de Golf para que los propietarios de los campos paguen ¨²nicamente una sexta parte del canon de infraestructuras hidr¨¢ulicas. La investigaci¨®n ha sido asumida por el fiscal jefe, Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, despu¨¦s de que la Confederaci¨®n de Asociaciones de Vecinos de Catalu?a (Confavc) denunciase los hechos.

El importe total de ese canon entre los a?os 1991 y 1996 se situaba en 120 millones de pesetas, pero en aplicaci¨®n de ese pacto no escrito se redujo la cantidad a 20 millones. La Junta de Aguas siempre ha negado ese acuerdo con los campos de golf, aunque ha reconocido que la federaci¨®n catalana le pidi¨® un trato espec¨ªfico. Sin embargo, tras la publicaci¨®n en la prensa del acuerdo (v¨¦ase EL PA?S de 19 de abril), el caso lleg¨® al Parlament y el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, anunci¨® el 29 de abril que se realizar¨ªan cambios en la ley para que dejase de ser ambigua y no amparase a los clubes de golf para que dejen de pagar el canon hidr¨¢ulico. En ese debate, el consejero de Pol¨ªtica Territorial, Pere Macias, explic¨® que se hab¨ªan cursado requerimientos a 20 campos de golf porque se negaban a pagar, que otros 13 estaban al corriente de pago y que 9 m¨¢s estaban exentos legalmente. Supuesto fraude Fuentes judiciales consideran que si las diligencias abiertas confirmasen los hechos denunciados, ¨¦stos podr¨ªan constituir un delito de fraude. El derogado C¨®digo Penal, que es el que se deber¨ªa aplicar porque los hechos se cometieron cuando estaba en vigor, castigaba en su art¨ªculo 400 con penas de entre seis meses y seis a?os de prisi¨®n al "funcionario p¨²blico que, interviniendo por raz¨®n de su cargo en alguna comisi¨®n de suministros, contratas, ajustes o liquidaciones de efectos o haberes p¨²blicos, se concertase con los interesados o especuladores, o usare de cualquier otro artificio para defraudar al Estado, provincia o municipio". La dificultad de la investigaci¨®n de la fiscal¨ªa estriba en aclarar y demostrar si realmente existi¨® ese concierto entre los funcionarios adscritos a la Junta de Aguas y los intereses particulares de los propietarios de los campos de golf. El C¨®digo Penal vigente desde junio de 1996 castiga esa conducta con penas de uno a tres a?os de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n de seis a diez a?os. Los propietarios de los campos de golf aseguran que su actividad es id¨¦ntica a la de los agricultores y que, por ello, no ha de estar gravado el consumo. En la comparecencia de la Confavc en la fiscal¨ªa se aport¨® documentaci¨®n que acredita el acuerdo t¨¢cito para rebajar el recibo del agua. Una de las cartas, de fecha 5 de junio de 1997, est¨¢ escrita por Carlos Rosal, en nombre de la Federaci¨®n Catalana de Golf, y va dirigida al presidente del campo de golf de Sant Cugat del Vall¨¨s. En ella revela que hubo una entrevista con el consejero de Pol¨ªtica Territorial de aquella ¨¦poca, Artur Mas -hoy titular de Econom¨ªa-, y que "se ha confirmado el convenio de liquidaci¨®n del canon de infraestructuras hidr¨¢ulicas y acuerdos para el futuro (...), que representa pagar una sexta parte de lo que la Junta de Aguas pretend¨ªa".