La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n teme que el PP quiera suprimirla
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, cuya jefatura ostenta Carlos Jim¨¦nez Villarejo, teme que el Gobierno del PP - que desde la oposici¨®n propuso su creaci¨®n- la suprima. En la Memoria de 1997, hecha p¨²blica ayer, existen datos que avalan este temor, que expresa uno de los seis miembros de esa fiscal¨ªa y presidente de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, Carlos Castresana: "Tememos que se cumpla el deseo del influyente catedr¨¢tico Andr¨¦s de la Oliva de que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n debe ser disuelta".Castresana recuerda que De la Oliva mantuvo en la Revista de Derecho Procesal la necesidad de que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n "pudiera desaparecer cuanto antes". De la Oliva invocaba el voto particular discrepante con la ley que cre¨® la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, suscrito en 1995 por ¨¦l y por los entonces tambi¨¦n vocales del Consejo General del Poder Judicial Margarita Mariscal de Gante, hoy ministra de Justicia, y Jos¨¦ Luis Manzanares, hoy consejero de Estado.
Entre los d¨¦ficit de funcionamiento que seg¨²n Castresana confirman esa voluntad de disoluci¨®n figura que a diferencia de la Fiscal¨ªa Antidroga, que cuenta con 16 delegados, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n s¨®lo tiene dos, a pesar de llevar asuntos en toda Espa?a. Igualmente, las unidades de apoyo de la Guardia Civil y de Hacienda no cuentan con despachos en la sede de la fiscal¨ªa.
"Sede indigna"
Castresana califica de "indigna" la sede en la que provisionalmente se instal¨® la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, por la que Justicia paga "una renta multimillonaria", y asegura que las gestiones para el traslado a unas instalaciones adecuadas "han quedado paralizadas desde la llegada del PP al Gobierno".El propio Jim¨¦nez Villarejo, en la Memoria de 1997, estima que, adem¨¢s, "no es admisible" que precisamente esta fiscal¨ªa se ubique en unos locales alquilados al industrial franc¨¦s Maurice Gozlan, "persona conocida en Francia por su actividad societaria e inmobiliaria presuntamente delictiva".
La Memoria de 1997 de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, de 271 p¨¢ginas, echa en falta una mayor colaboraci¨®n de las entidades financieras, "ya que no son atendidos con la debida diligencia", dice, "requerimientos como origen y destino de fondos". Entre las circunstancias que contribuyen al ¨¦xito de las conductas corruptas, la Memoria destaca la intervenci¨®n de grandes despachos profesionales, que no s¨®lo asesoran en aspectos jur¨ªdicos o econ¨®micos, sino que colaboran en el dise?o de ingenier¨ªa financiera y prestan la infraestructura necesaria para llevarla a cabo.
Para luchar contra estos procedimientos frente a quienes se amparan en "un uso indebido del secreto profesional" y ante las dificultades de la prueba pericial en los delitos econ¨®micos, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide m¨¢s facultades, adem¨¢s de m¨¢s medios humanos y materiales.
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