Suspenso un¨¢nime

SIN NING?N voto en contra, el pleno del Consejo General del Poder Judicial acord¨® ayer suspender provisionalmente en el ejercicio de sus funciones al juez G¨®mez de Lia?o, procesado por tres delitos de prevaricaci¨®n presuntamente cometidos durante la instrucci¨®n de una querella contra Sogecable. Como argumenta el Consejo y corroboran las asociaciones de los jueces, una vez producido el procesamiento por tres delitos de prevaricaci¨®n -?la conducta m¨¢s grave que se puede imputar a un juez?-, era inevitable la suspensi¨®n. Otra decisi¨®n hubiera da?ado gravemente la imagen de la justicia, por m¨¢s que el fiscal general se pronunciara por aplazarla hasta que se resolviera el recurso anunciado por Lia?o.La Ley Org¨¢nica del Poder Judicial no ofrece dudas. Su art¨ªculo 383 establece como primer motivo de suspensi¨®n de un juez que ?se hubiera declarado haber lugar a proceder contra ¨¦l por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones?. Y el 384-1, que el Consejo del Poder Judicial ?har¨¢ efectiva la suspensi¨®n previa audiencia del ministerio fiscal?. Est¨¢ claro, por tanto, que la suspensi¨®n es autom¨¢tica y que la opini¨®n de la fiscal¨ªa no es vinculante. La intoxicaci¨®n puesta en marcha por los amigos del juez Lia?o insin¨²a que el Consejo ha desautorizado la opini¨®n del fiscal, como si estuviera obligado a seguirla. En casos anteriores, la fiscal¨ªa se hab¨ªa manifestado siempre a favor de la suspensi¨®n inmediata y por la misma raz¨®n que ahora invoca el Consejo: la necesidad de salvaguardar ?la confianza de la sociedad en la justicia?.

Tambi¨¦n Lia?o -convertido en las ¨²ltimas horas en la estrella polar de los medios p¨²blicos y adheridos- se escuda en el respaldo que el fiscal del caso otorg¨® a las resoluciones ahora consideradas prevaricadoras. Ese fiscal, Ignacio Gordillo, sali¨® tambi¨¦n ayer en defensa del juez procesado, lo que no pasa de ser un ejercicio de autodefensa. Al defender a Lia?o, Gordillo se protege a s¨ª mismo, porque, efectivamente, aval¨® toda una serie de decisiones irregulares, y todas ellas en la misma direcci¨®n: la de orientar la causa de la manera que m¨¢s perjudicase a los directivos de Sogecable (y PRISA).

Alain Minc escribi¨® en su famoso libro sobre la sociedad medi¨¢tica que ?el juez de instrucci¨®n se convierte en un poder casi omn¨ªmodo cuando utiliza la prensa como caja de resonancia?. Porque ?el primer juicio, el de la opini¨®n, equivale siempre a una condena?. ?Hay alguien medianamente informado que pueda dudar hoy de que ¨¦se era el objetivo de una conspiraci¨®n iniciada por el falangista Campmany y continuada luego por una camarilla en la que participaban periodistas, jueces y fiscales? Dicen sus portavoces en las tertulias que es mucha casualidad que el archivo del sumario haya coincidido con la del procesamiento de Lia?o, pero, para coincidencia, la de que todos los errores de Lia?o en la instrucci¨®n del sumario se produjeran en el mismo sentido, obligando a siete revocaciones, siete, por parte de la sala correspondiente de la Audiencia.

Quienes convirtieron a Lia?o en su h¨¦roe y tal vez le embarcaron en esta desastrosa aventura alegan ahora que se ha demostrado que no se puede aplicar la justicia a ciertas personas. En su estrategia de mantener vivo el proceso contra Sogecable se olvidaron tal vez de un peque?o detalle: que los jueces no pueden perseguir ni investigar a nadie, por influyente que sea, si no ha cometido un delito. Y ese peque?o detalle es el que ha motivado el procesamiento de G¨®mez de Lia?o y la suspensi¨®n en sus funciones de juez. Mal que les pese, estas decisiones vienen a demostrar cabalmente que la igualdad ante la ley es un principio que alcanza a todos, incluso a los jueces cuando existen indicios racionales de que han cometido prevaricaci¨®n. Y eso no cambia por muchos que sean los apoyos medi¨¢ticos o porque una emisora p¨²blica como Radio Nacional preste sus micr¨®fonos por espacio de casi una hora al magistrado presuntamente prevaricador para despacharse a gusto contra el Tribunal Supremo. ?Es para esto para lo que el Gobierno quiere los 130.000 millones que pretende cargar en los presupuestos anuales con destino a RTVE?