Una plaga de 16.000 intervenciones clandestinas

"?Aprueba usted la despenalizaci¨®n de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo si es realizada por opci¨®n de la mujer en las diez primeras semanas de embarazo y en un establecimiento de salud legalmente autorizado?". ?sa es la pregunta a la que hoy responden los portugueses en una consulta que pretende refrendar la Ley de Alteraciones al Aborto, aprobada el pasado mes de febrero por la Asamblea de la Rep¨²blica.Ese proyecto autoriza la despenalizaci¨®n del aborto en las 10 primeras semanas de embarazo, ampl¨ªa hasta las 16 semanas el supuesto del riesgo ps¨ªquico y f¨ªsico para la madre, y mantiene los supuestos de violaci¨®n (hasta las 12 semanas) y malformaci¨®n del feto (hasta las 24 semanas).

La ley en vigor castiga a las mujeres y m¨¦dicos con penas de hasta tres a?os de c¨¢rcel si consienten la pr¨¢ctica de abortos fuera de los plazos establecidos.

Al amparo de esta ley, durante 1995 fueron realizados 268 abortos legales y 281 el a?o siguiente. Seg¨²n la Direcci¨®n General de Salud, los hospitales portugueses contabilizaron 7.875 internamientos a lo largo de 1995 debido a las complicaciones surgidas por abortos clandestinos, de los cuales un 38,3% eran j¨®venes con menos de 15 a?os.

Las autoridades sanitarias estiman que, a lo largo de un a?o, se practican m¨¢s de 16.000 abortos clandestinos en Portugal, con grave riesgo para las mujeres. Estas operaciones son su principal causa de mortalidad.

Las dificultades planteadas por algunos sectores de la clase m¨¦dica y los altos precios de la cl¨ªnicas privadas han obligado a muchas mujeres portuguesas a abortar en Espa?a.

Algunos centros de M¨¦rida y Madrid reciben semanalmente una media de diez portuguesas que no pueden abortar en su pa¨ªs por diferentes motivos.