Justicia inicia los tr¨¢mites para recurrir las plantillas vascas en el Constitucional

VIENE DE LA P?GINA 1 La decisi¨®n adoptada por el Ministerio de Justicia era la ¨²ltima carta que ten¨ªa escondida la ministra, Margarita Mariscal de Gante, en un conflicto que ha enfrentado a las administraciones central y vasca desde el pasado mes de febrero. Carta de cuya existencia era muy consciente el viceconsejero de Justicia, I?aki S¨¢nchez, quien ya alert¨® el pasado 7 de mayo que Justicia simplemente estaba haciendo tiempo para preparar un recurso a unas plantillas que considera "ilegales". En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el pasado 25 de febrero, Mariscal de Gante acus¨® al Gobierno vasco de saltarse la legalidad ya que, al menos, seis de los requisitos exigidos en la propuesta vasca de plantillas para los funcionarios de Justicia en Euskadi vulneraban art¨ªculos de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial y de otros decretos del Gobierno. Pese a que S¨¢nchez siempre sospech¨® que el Gobierno iba a apostar al final por el recurso de inconstitucionalidad, es dif¨ªcil entender que ¨¦ste venga un mes despu¨¦s de que Mariscal de Gante y el consejero de Justicia, el socialista Francisco Egea, mantuvieran una reuni¨®n "franca y constructiva" en la que supuestamente se hab¨ªa reconducido la pol¨¦mica. La informaci¨®n facilitada ayer por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Emilio Olabarria deja patente que el conflicto se mantiene vivo. El requerimiento, que es un tr¨¢mite previo a la interposici¨®n de un recurso de inconstitucionalidad, obliga al Ejecutivo vasco a responder en el plazo m¨¢ximo de un mes. En funci¨®n de cu¨¢l sea el sentido de la contestaci¨®n, podr¨ªa suscitarse un "conflicto de competencias" entre los dos gobiernos. "Instituciones estatales" Olabarria, quien ayer intervino en los Cursos de Verano de la Universidad del Pa¨ªs Vasco (UPV) en San Sebasti¨¢n, explic¨® que considera "poco razonable" que los magistrados del Tribunal Constitucional sean designados exclusivamente por "instituciones estatales", sobre todo por el car¨¢cter de "¨¢rbitro" que desempe?a entre la Administraci¨®n central y las de las comunidades aut¨®nomas. El vocal asegur¨® que est¨¢ f¨®rmula de elecci¨®n de los magistrados "no ocurre en ning¨²n pa¨ªs con estructura federal o regional". El Gobierno vasco ha cuestionado en repetidas ocasiones el car¨¢cter "pol¨ªtico" de algunas sentencias Tribunal Constitucional y, de hecho, no recurre a este tribunal desde hace siete a?os. El ¨²ltimo episodio se produjo hace dos semanas, cuando el alto tribunal fall¨® que las autopistas no son de titularidad foral, sino que pertenecen al Estado. Este veredicto mereci¨® duras cr¨ªticas del vicelehendakari, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, quien critic¨® la "descarada connotaci¨®n pol¨ªtica" de la sentencia. El vocal se?al¨® que el Constitucional es s¨®lo un ejemplo de la "inadaptaci¨®n" del poder judicial, -"r¨ªgidamente centralizado e id¨¦ntico al preconstitucional"- a la estructura "compuesta" del Estado de la autonom¨ªas, donde los poderes ejecutivo y legislativo s¨ª responden a una realidad que "ya no es centralista". Desde esta lectura, plante¨® la necesidad de un "gran pacto pol¨ªtico" para hacer viable una reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que acompase la estructura de la Justicia a la del Estado auton¨®mico. Entre las medidas que deber¨ªan incorporarse a la reforma del poder judicial, propugn¨® que "todos los Parlamentos del Estado" deber¨ªan participar en la designaci¨®n del Fiscal General del Estado, una atribuci¨®n reservada en la actualidad al Gobierno central. Asimismo, abog¨® por una descentralizaci¨®n administrativa, no competencial, del Consejo General del Poder Judicial, mediante la "ubicaci¨®n de algunos de sus servicios en las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades aut¨®nomas". Esta f¨®rmula supondr¨ªa, en la pr¨¢ctica, la creaci¨®n de una "administraci¨®n perif¨¦rica" de la instituci¨®n de gobierno de los jueces.