El TSJ consagra el parque de L"Albufera por encima del inter¨¦s de empresarios, agricultores y municipios

Cinco a?os despu¨¦s de que el Gobierno valenciano aprobara el decreto que regula el r¨¦gimen jur¨ªdico del parque natural de L"Albufera, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha desestimado, tras acumularlos, todos los recursos interpuestos por los grupos contrarios a la creaci¨®n del parque -empresarios, propietarios, agricultores y el Ayuntamiento de Cullera-, que ped¨ªan la anulaci¨®n del decreto. El auto refrenda y consolida as¨ª la creaci¨®n del m¨¢s importante de los humedales valencianos y uno de los m¨¢s valiosos de Espa?a, junto a Do?ana y el Delta del Ebro.

El parque natural de L"Albufera ya contaba con un decreto de creaci¨®n anterior pero fue anulado por un defecto de forma. Sin embargo, el Consell aprob¨® el 31 de mayo de 1993 el decreto que consagraba las 21.120 hect¨¢reas que integran y dan protecci¨®n ambiental al lago valenciano. El decreto provoc¨® r¨¢pidamente iniciativas jur¨ªdicas de varios grupos con intereses particulares y muy diversos en el espacio protegido: 17.000 hect¨¢reas del parque est¨¢n en manos privadas y su protecci¨®n afectaba l¨®gicamente a muchos propietarios. As¨ª, la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tramit¨® en 1993 cuatro recursos. Los interpusieron la Asociaci¨®n de Propietarios y Empresarios del Parque Natural de L"Albufera (Apepna), la Comunidad de Regantes de Sueca (junto al Sindicato de Riegos), la Asociaci¨®n Valenciana de Agricultores (AVA) y el Ayuntamiento de Cullera. Cinco a?os despu¨¦s, el TSJ rechaza todas sus argumentaciones en un auto alabado por los ecologistas. V¨ªctor Navarro, de Acci¨® Ecologista-Agr¨®, que ha seguido el proceso, espera que "esta sentencia sirva de una vez para que todo el mundo entienda que L"Albufera, que tiene muchos enemigos, debe ser parque natural". El ecologista tambi¨¦n califica de "contubernio contra natura" la coincidencia de los distintos demandantes en sus recursos. Y aunque estima l¨ªcita la defensa de los intereses de agricultores y regantes, tacha de "bastardos" otros proyectos especulativos en el parque. En los recursos, una de las principales cr¨ªticas esgrimidas era la no existencia previa a la creaci¨®n del parque de un Plan de Ordenaci¨®n de los Recursos Naturales (PORN), herramienta que marca las zonificaciones del espacio as¨ª como las actividades permitidas y prohibidas. Dicho PORN se aprob¨® finalmente el 13 de mayo de 1995, casi dos a?os despu¨¦s. Sin embargo, el TSJ desestima esta objeci¨®n al argumentar que la ley valenciana de Espacios Naturales Protegidos permite "excepcionalmente" crear parques sin un PORN previo cuando existan razones que lo justifiquen. En este sentido, fue el propio dictamen sobre el decreto de creaci¨®n elaborado por el Consejo de Estado, el ¨®rgano consultivo para temas jur¨ªdicos, el que consideraba que era pertinente la medida "en atenci¨®n a la urgencia de mantener la protecci¨®n de la zona declarada como parque". El Consejo de Estado daba un a?o de plazo para aprobar el PORN, que lleg¨® tarde. Sin embargo, el auto, contra el que cabe un recurso de casaci¨®n en la propia sala, estima que el retraso no implica la anulaci¨®n del decreto. Y lo argumenta: Dicha anulaci¨®n ser¨ªa "contraria al esp¨ªritu de la norma", es decir, la protecci¨®n del lago. Quejas municipales En el auto, los magistrados de la sala hacen un cap¨ªtulo aparte con los motivos alegados por el Consistorio de Cullera. El municipio esgrim¨ªa que las tierras de su t¨¦rmino situadas en la margen izquierda de la carretera que une Natzaret y Oliva constituyen un entorno h¨²medo distinto de L"Albufera, puesto que est¨¢n regadas por el r¨ªo J¨²car y no por el lago. Tambi¨¦n alegaba Cullera que la franja litoral de su municipio no formaba parte del cord¨®n litoral adyacente al parque. Respecto a esta tesis, los jueces dan como v¨¢lida la argumentaci¨®n del Consell, basada en un criterio amplio de la pol¨ªtica conservacionista con el que "se persigue conseguir una protecci¨®n integral de los espacios naturales incluyendo terrenos o sectores adyacentes". Tampoco aceptan que el decreto invada competencias municipales. Esgrimen los jueces que "las medidas de protecci¨®n de los espacios naturales prevalecer¨¢n incluso sobre el planeamiento".