Presiones empresariales consiguen paralizar un importante proyecto urban¨ªstico en Alicante
Todo estaba preparado y bien atado. La propuesta del concejal de Urbanismo de Alicante, Jos¨¦ Ram¨®n Garc¨ªa, del PP, para urbanizar m¨¢s de 700.000 metros cuadrados del casco urbano contaba con el benepl¨¢cito de todos los grupos pol¨ªticos municipales e incluso con el apoyo del movimiento vecinal. Iba a ser la primera vez en el actual mandato que se alcanzar¨ªa la unanimidad en materia urban¨ªstica, pero una llamada telef¨®nica fue suficiente para detener el debate y paralizar, al menos hasta final de mes, el expediente, sometido a fuertes presiones empresariales.
La llamada proced¨ªa, al parecer, de Valencia, y supuso la confirmaci¨®n de que las presiones empresariales consiguieron imponerse a la voluntad del equipo de gobierno. La adjudicaci¨®n del Plan de Actuaci¨®n Urban¨ªstica (PAU) n¨²mero uno de Alicante lleva camino de convertirse en un esc¨¢ndalo sin precedentes por los intereses pol¨ªtico-econ¨®micos que encierra y porque, de momento, ha colocado entre la espada y la pared al PP, que dispone de mayor¨ªa absoluta en el Consistorio pero, a lo que se ve, muy poca capacidad de maniobra en lo que a asuntos urban¨ªsticos se refiere. Se trata de un territorio considerable (720.000 metros cuadrados exactamente), sobre el que se podr¨¢ edificar entre 3.600 y 4.500 viviendas de nueva planta y que albergar¨¢ adem¨¢s zonas verdes y dotaciones p¨²blicas educativas. Un negocio, en definitiva, de decenas de miles de millones de pesetas que se disputan importantes promotoras valencianas. De acuerdo al articulado de la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU), el Ayuntamiento recibi¨® hasta cuatro proyectos t¨¦cnicos para dar forma urbana a un apetitoso paraje que se extiende entre los populosos barrios de La Florida y San Blas. Las opciones fueron avaladas por las mercantiles Playas de Orihuela, Enrique Ort¨ªz e Hijos, Camservi y Nuepro. Los t¨¦cnicos municipales, partidos pol¨ªticos y vecinos de los barrios afectados estimaron que el mejor proyecto, por volumen de edificabilidad a la baja (3.625 viviendas), dotaci¨®n de zonas p¨²blicas y disposici¨®n para acoger un colegio, era el de Camservi, una empresa perteneciente al grupo de Ort¨ªz e Hijos, por lo que desde el principio se dio por hecho que ser¨ªa esta mercantil la que conseguir¨ªa la adjudicaci¨®n con relativa facilidad. El expediente sigui¨® su curso hasta conocerse las propuestas econ¨®micas que avalaban cada una de las opciones t¨¦cnicas, proceso que depar¨® sorpresas. El proyecto de Playas de Orihuela, que plantea edificar un total de 5.466 nuevas viviendas, ten¨ªa el respaldo de una Agrupaci¨®n de Inter¨¦s Urban¨ªstico (integrada por los propietarios de al menos el 51% de los terrenos), y la firma Hipana, participada por poderosas constructoras y promotoras entre las que destacan Lubasa (dirigida por el castellonense Luis Batalla), Ecisa (del alicantino Manuel Pel¨¢ez) y Edival, en manos del valenciano Manuel Pujades, un promotor que ha irrumpido con fuerza en el desarrollo urban¨ªstico de la ciudad de Valencia. Adem¨¢s, el proyecto llevaba la firma de Roberto P¨¦rez Guerras, un arquitecto que participa en algunos de los m¨¢s emblem¨¢ticos proyectos del PP valenciano, entre los que destacan Terra M¨ªtica y la Ciudad de la Luz. Para los partidos de la oposici¨®n, esos empresarios han presionado a la c¨²pula del PP regional hasta conseguir paralizar un expediente que les era desfavorable. Con todo, los t¨¦cnicos del Ayuntamiento y de la Consejer¨ªa de Urbanismo coinciden en que el proyecto de Camservi supera, con mucho, al de Playas de Orihuela, que por otra parte incumple el planeamiento urban¨ªstico por superar en m¨¢s de 900 viviendas la edificabilidad m¨¢xima autorizada en esa zona de la ciudad. Por si este argumento no fuera suficiente, se estim¨® que la Agrupaci¨®n de Inter¨¦s Urban¨ªstico era de dudosa representatividad dado que inclu¨ªa terrenos situados fuera del ¨¢rea afectada. Con todos los informes favorables, el equipo de gobierno decidi¨® incluir el asunto en el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento, por v¨ªa de urgencia, una vez asegurado el apoyo un¨¢nime de los grupos municipales. Minutos antes de iniciarse el debate referido a ese punto, el alcalde atendi¨® una llamada telef¨®nica en el mismo sal¨®n de plenos, y acto seguido anunci¨® un receso en la reuni¨®n, tras el cual decidi¨® suspender el debate y dejar sobre la mesa el asunto hasta el pr¨®ximo pleno, que est¨¢ previsto que se celebre el d¨ªa 29. La reacci¨®n de la oposici¨®n fue contundente. Los portavoces del PSPV, EU y NE coincidieron en apuntar a la figura del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, como autor de la llamada telef¨®nica que interfiri¨® en el desarrollo del pleno. "El PP y Zaplana gobiernan Alicante desde Valencia, a golpe de tel¨¦fono rojo por el que se ordenan los pasos a seguir", se?alaron. De "atentado contra la autonom¨ªa municipal" y "suceso inadmisible" fue calificada la escena, mientras todos miraban de reojo al responsable del departamento de Urbanismo, Jos¨¦ Ram¨®n Garc¨ªa, que no pudo sacar adelante su propuesta.
Desahucio en favor de la fiesta
Con el voto en contra de los tres partidos de izquierda que se sientan en los bancos de la oposici¨®n, el PP del Ayuntamiento de Alicante aprob¨® ayer iniciar el expediente de desahucio de los 10 inquilinos que residen en un c¨¦ntrico edificio de diez plantas adquirido en diciembre pasado para habilitar en su interior el futuro Museo de Fogueres, la Casa de la Festa y oficinas municipales. Se trata del n¨²mero 29 de la Rambla de M¨¦ndez N¨²?ez, por el que la ciudad pag¨® al grupo Central Hispano cerca de 500 millones de pesetas, descontando la indemnizaci¨®n a los inquilinos, estimada entonces en dos millones de pesetas por vivienda. En todos los casos, los contratos de arrendamiento son anteriores al Decreto Ley sobre Medidas de Pol¨ªtica Econ¨®mica de 1985, y por tanto est¨¢n regulados por una ley anterior que protege al inquilino frente al propietario. Aunque en un principio se anunci¨® que la existencia de vecinos no imped¨ªa la ejecuci¨®n de las obras necesarias para habilitar en las primeras plantas las instalaciones festeras y culturales, un informe del arquitecto municipal indica ahora la "necesidad" de resolver la situaci¨®n de los inquilinos para ejecutar el proyecto de adecuaci¨®n del edificio en su globalidad. El argumento para llegar al desahucio no es otro que la potestad de los ayuntamientos para expropiar derechos de arrendamiento que afecten al patrimonio p¨²blico que vaya a ser destinado a servicios p¨²blicos. "El mundo de la fiesta reclamaba esas instalaciones con insistencia", se?al¨® el alcalde Luis D¨ªaz Alperi para justificar el desahucio. Los vecinos disponen ahora de un plazo m¨¢ximo de 15 d¨ªas para fijar las cantidades que pretenden conseguir como indemnizaci¨®n y el plazo de su desalojo.
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