El abogado del Estado rebaja a 300.000 pesetas la indemnizaci¨®n
El abogado del Estado, Rafael Mi?arro, se opuso ayer a que el Estado sea declarado responsable civil subsidiario de las indemnizaciones que el fiscal y la acusaci¨®n particular reclaman para Segundo Marey. No obstante, si los magistrados estiman lo contrario, considera que la compensaci¨®n solicitada para el secuestrado es "excesiva". Mi?arro cifr¨® la indemnizaci¨®n en 300.000 pesetas haciendo un c¨¢lculo basado en lo ocurrido con otros secuestrados por parte de ETA.Mi?arro hizo un repaso a los dict¨¢menes de los m¨¦dicos que examinaron a Marey y concluy¨® que buena parte de sus achaques no son imputables a sus diez d¨ªas de cautiverio en una caba?a de Colindres (Cantabria), sino al c¨¢ncer de sangre que padece.
Para ilustrar su opini¨®n, el abogado del Estado narr¨® una an¨¦cdota ocurrida a una mujer que requiri¨® los servicios de un m¨¦dico porque su marido ten¨ªa una fiebre muy alta. Tras reconocer al paciente, el doctor indic¨® que lo preocupante no era la fiebre, sino el acentuado color amarillento de su piel, ante lo que ella replic¨®: "Es que mi marido es chino...".
El letrado considera que los procesados son autores de los delitos que se les imputan, ya que la detenci¨®n ilegal de Marey se financi¨® mediante la malversaci¨®n de dinero p¨²blico. Pero recalc¨® que el Estado no debe ser declarado responsable civil de esta conducta, puesto que los implicados no s¨®lo no actuaron como funcionarios p¨²blicos, sino que lo hicieron de forma opuesta a como deben hacerlo ¨¦stos.
Villoslada y Ortega Lara
Mi?arro trajo a colaci¨®n la indemnizaci¨®n de 10 millones que el tribunal concedi¨® al industrial Adolfo Villoslada, que pas¨® 84 d¨ªas secuestrado por ETA, lo que le caus¨® un "s¨ªndrome ansioso" y una "reacci¨®n vivencial", aparte de otras secuelas f¨ªsicas.Otro caso citado fue el de Juan Pedro Guzm¨¢n, ex directivo del Athletic de Bilbao, que estuvo diez d¨ªas secuestrado y para el que la justicia fij¨® una indemnizaci¨®n de un mill¨®n.
Tambi¨¦n argument¨® que la Audiencia Nacional marc¨® una indemnizaci¨®n de 65 millones para el funcionario de prisiones Jos¨¦ Antonio Ortega Lara, cautivo 532 d¨ªas.
Sobre estos precedentes, Mi?arro calcul¨® para Marey una compensaci¨®n de 300.000 pesetas, una cifra muy alejada de los 130 millones que demanda la acusaci¨®n particular y de los 35 que reclama el fiscal.
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