El cierre de "Egin"

EL JUEZ de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n orden¨® ayer la clausura cautelar del diario Egin y de la emisora de radio del mismo nombre en el curso de las investigaciones que desarrolla contra el entramado financiero de ETA. Se trata de una decisi¨®n de extraordinaria gravedad, que no tiene precedentes desde la reinstauraci¨®n de la democracia en nuestro pa¨ªs. El juez ha aplicado en este caso el art¨ªculo 129 del C¨®digo Penal, que delimita las medidas aplicables para hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas de la comisi¨®n de un delito.La estrecha conexi¨®n que existe entre la democracia y el ejercicio pleno de las libertades de informaci¨®n y expresi¨®n exige ser extremadamente vigilantes ante cualquier actuaci¨®n de los poderes del Estado que pueda interponerse arbitrariamente. De ah¨ª que en m¨²ltiples ocasiones nos hayamos pronunciado en contra de los planes, m¨¢s o menos declarados, de distintos Gobiernos de actuar contra el diario Egin, de cuya l¨ªnea editorial y praxis period¨ªstica estamos, por otra parte, tan alejados. A menos que pudiera acreditarse una acusaci¨®n criminal. Puesto que nadie, tampoco los peri¨®dicos ni los periodistas, puede invocar la impunidad bajo la bandera de la libertad de expresi¨®n.

El peri¨®dico radicado en Hernani ha sido desde su creaci¨®n, hace ya 21 a?os, el referente informativo y el ¨®rgano que conforma la opini¨®n del magma social que se mueve alrededor de ETA-HB. En m¨²ltiples ocasiones ha rozado, cuando no vulnerado, en sus p¨¢ginas preceptos del C¨®digo Penal, y algunos miembros de la empresa editora han sido condenados por colaboraci¨®n con banda armada. Sin embargo, es cierto tambi¨¦n que su publicaci¨®n ininterrumpida ha supuesto la m¨¢s gr¨¢fica y contundente refutaci¨®n a quienes han buscado justificaciones a la violencia de ETA en el supuesto de que la opci¨®n de la independencia no pod¨ªa expresarse.

Por lo que se conoce de la actuaci¨®n judicial, declarada secreta, ni el peri¨®dico ni la radio se han cerrado por defender la autodeterminaci¨®n del pueblo vasco, sino porque son indiciariamente dos ¨®rganos de ETA-KAS, que fijaba su estrategia econ¨®mico-financiera y que utilizaba alguna secci¨®n del peri¨®dico (agurrak) para transmitir mensajes cifrados a sus comandos. Naturalmente todo esto debe ser probado de forma fehaciente para poder dar amparo legal a una decisi¨®n que en otro caso podr¨ªa interpretarse como una limitaci¨®n injustificable del ejercicio de la libertad de expresi¨®n. No estamos, pues, ante un supuesto delito de opini¨®n o de imprenta, sino ante un presunto caso de pertenencia a banda armada.

Cabe esperar que unas medidas cautelares de esta gravedad, que tienen que ver con el ejercicio de un derecho fundamental especialmente protegido por el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n, resulten proporcionadas al presunto il¨ªcito que se investiga. A quienes antes de conocer los motivos de la decisi¨®n de Garz¨®n ya la han desautorizado como una operaci¨®n pol¨ªtica para amordazar una voz inc¨®moda, hay que recordarles que nadie est¨¢ excluido del cumplimiento de la ley y que la exigencia de ¨¦sta no puede supeditarse a consideraciones t¨¢cticas o de conveniencia. Durante demasiado tiempo, el desistimiento en la aplicaci¨®n de la ley para no provocar la respuesta de los violentos ha instaurado en el Pa¨ªs Vasco una atm¨®sfera de impunidad en la que ¨¦stos han campado a sus anchas. De ah¨ª que la mera exigencia a ese sector de la sociedad vasca de que cumpla las normas que obligan al resto de los ciudadanos les parezca a algunos casi revolucionario, cuando no inconveniente.

Si se reclama, como es de com¨²n, la presunci¨®n de inocencia para los 11 detenidos ayer, habr¨¢ que otorgar al menos presunci¨®n de responsabilidad al juez que adopt¨® la decisi¨®n de cerrar el diario y la radio de forma cautelar. El hecho de que su actuaci¨®n est¨¦ ¨²nicamente sujeta al principio de legalidad y sometida al control jurisdiccional de otros ¨®rganos jurisdiccionales constituye una garant¨ªa adicional para los implicados. Tambi¨¦n para quienes consideramos la libertad de informaci¨®n y publicaci¨®n un principio esencial de la democracia, aunque discrepemos del uso que de ese derecho hace habitualmente Egin. Pero la gravedad del caso exige conocer cuanto antes y en profundidad el peso de las pruebas.

El secreto del sumario debe levantarse cuanto antes. Bien est¨¢ que se proteja la investigaci¨®n judicial, pero no a costa de que pueda anidar alguna sospecha en un lugar como el Pa¨ªs Vasco, donde ya ETA, con el asesinato de concejales del PP, crea suficientes dudas sobre si se dan o no las condiciones m¨ªnimas para ejercer a plenitud la democracia.