"Gil debe entender que la ley est¨¢ hecha para todos"

. Pregunta. ?La decisi¨®n de no aprobar la revisi¨®n del PGOU de Marbella es pol¨ªtica o estrictamente t¨¦cnica? Respuesta. Podr¨ªa interpretarse como una decisi¨®n pol¨ªtica si la comisi¨®n hubiera denegado todo el plan, pero lo que ha hecho despu¨¦s de un estudio riguroso es aprobar lo que se ajusta a la legalidad y suspender lo que no est¨¢ justificado. Lo m¨¢s importante es que se garantice que el crecimiento de las zonas residenciales, nos guste m¨¢s o menos, vaya acompa?ado de infraestructuras y viarios, buscar un equilibrio entre la ciudad privada y la p¨²blica. Lo que se ha denegado es aquello que de ninguna de las maneras se ajusta a la legalidad vigente, bien sea urban¨ªstica o ambiental. Las comisiones provinciales de urbanismo act¨²an con criterios t¨¦cnico-jur¨ªdicos por encima de cualquier otro. Cuando hace mes y medio la comisi¨®n decidi¨® que no era preceptivo pedir el informe de impacto ambiental, las cr¨ªticas llovieron por el otro lado, e incluso se habl¨® de connivencia o corrupci¨®n. Gustara m¨¢s o menos el fondo, aquella decisi¨®n fue ajustada a lo que la comisi¨®n entend¨ªa que a medio plazo iba a ser visto en los tribunales de justicia. P. Pero s¨ª ha habido una presi¨®n pol¨ªtica por parte de dirigentes del PSOE que advirtieron que no pod¨ªa aprobarse la revisi¨®n del PGOU. R. Creo que no es bueno que se produzcan ese tipo de movimientos en un proceso de aprobaci¨®n de un plan general. Pero eso es relativamente habitual. Siempre que se aborda un plan de una gran ciudad da lugar a mucho movimiento de los grupos pol¨ªticos, de los constructores, de los empresarios, etc... En el caso de Marbella hay adem¨¢s un plus por las caracter¨ªsticas de su alcalde, por la cantidad e convenios urban¨ªsticos firmados previos a la aprobaci¨®n definitiva del plan, por el movimiento de la plataforma ciudadana e incluso por el conflicto de las primarias del PSOE. P. Los urbanizadores piden que la parte que se ha aprobado pueda aplicarse y no quede tambi¨¦n en suspenso hasta que el Ayuntamiento elabore un texto refundido, y alegan que se pueden paralizar inversiones. R. El plan de 1986 est¨¢ en vigor y hay a¨²n entre 10 y 12 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable disponible, seg¨²n ha reconocido el propio Ayuntamiento. Otra cuesti¨®n es que como ya est¨¢ catalogado de urbanizable, el Ayuntamiento no haya obtenido beneficios de los convenios con los propietarios. Si los promotores han empezado a construir sobre un plan que ten¨ªa una aprobaci¨®n provisional, saben donde se estaban metiendo y han jugado a una pol¨ªtica de hechos consumados. Ahora no pueden reprochar a la Junta que ellos hayan hecho una inversi¨®n sobre unos suelos sin tener garant¨ªas de que eran legalmente urbanizables. En un Plan de Ordenaci¨®n Urbana, las cargas de edificabilidad de un sector est¨¢n relacionadas con el conjunto de la edificabilidad de todo el plan, y si se altera una parte se afecta al todo, eso es lo que se llama las ¨¢reas de reparto o los aprovechamientos tipo. Por la seguridad de los propietarios y la coherencia del plan, la suspensi¨®n es una medida cautelar en defensa de los intereses de los propietarios. P. El horizonte parece dif¨ªcil porque Gil ha anunciado que no piensa elaborar un texto refundido. R. Gil no se acaba de enterar que la comisi¨®n provincial de urbanismo es la que tiene las competencias para la aprobaci¨®n definitiva de un PGOU. Deber¨¢ entender que la Ley del Suelo sirve para todos los ayuntamientos y ¨¦l tiene la responsabilidad y la obligaci¨®n de hacer el texto refundido. Si quiere seguir actuando contra la ley, sabr¨¢ porque lo hace. La justicia es lenta, pero es inexorable. P. Hay aspectos en el PGOU de Marbella que no se han aprobado porque no se ajustan a la ley, pero otros responden a aspectos de filosof¨ªa urban¨ªstica ?Hasta d¨®nde puede mantener la Junta la suspensi¨®n en estos casos? R. Es cierto que el Ayuntamiento tiene las competencias para dise?ar el modelo de ciudad que quiere construir. Las competencias de la Junta son, primero el control de la legalidad, y en segundo lugar una atenci¨®n a los intereses supralocales. Siempre hay m¨¢s conflictos en las grandes ciudades por la decisi¨®n de donde se ubican los grandes equipamientos. El Ayuntamiento de Marbella tiene mucho margen para ir al desarrollo urban¨ªstico que quiera, pero siempre de acuerdo con la legalidad vigente. P. Pero a la hora de revisar un plan, un Ayuntamiento puede determinar modificaciones de zonas de equipamientos R. Un Ayuntamiento tiene la capacidad de plantear alteraciones y cambios de las zonas de equipamientos, pero tiene que justificarlo, y el Ayuntamiento de Marbella no lo ha hecho. Nosotros tenemos que apreciar el inter¨¦s p¨²blico y si hay o no arbitrariedad en el uso de esa prerrogativa. Una cosa es que el Ayuntamiento tenga ese derecho y otra cosa es que lo pueda usar arbitrariamente. Puntualmente alguna de las modificaciones de zonas verdes podr¨ªan aprobarse, pero como no est¨¢n justificadas no podemos valorar si hay arbitrariedad y si est¨¢ garantizado el inter¨¦s p¨²blico. P. ?Ha recibido amenazas de Gil o le consta que lo haya hecho alg¨²n funcionario de la consejer¨ªa? R. Ni las he recibido, ni me consta que alguien lo haya hecho. P. Pero s¨ª ha habido filtraciones a Gil sobre los trabajos de los t¨¦cnicos de Urbanismo. R. Lo habitual es que un ayuntamiento conozca puntualmente las actuaciones que se est¨¢n haciendo. Esta direcci¨®n general intenta trabajar con los ayuntamientos con transparencia y cooperaci¨®n, y es normal que se les informe previamente de las resoluciones. Es cierto que en un momento se cort¨® esa relaci¨®n de car¨¢cter t¨¦cnico con el Ayuntamiento de Marbella, y tambi¨¦n me consta que Gil tiene buena informaci¨®n de lo que ocurre en la delegaci¨®n, pero es un lugar donde trabajan 200 ¨® 300 personas y es habitual que haya filtraciones, no hay que escandalizarse por ello. P. ?Habr¨¢ demoliciones de las construcciones iniciadas en Marbella con licencia municipal sin cobertura legal? R. La verdad es que la ley es muy garantista de los derechos de los propietarios, hay que ver por ejemplo lo que le cost¨® al alcalde de Jerez derribar determinado chal¨¦. La Junta no tiene la capacidad de meter las m¨¢quinas, y una vez que un ayuntamiento ha dado una licencia lo ¨²nico que puede hacer es poner un recurso. A veces parece que la Junta ha hecho la vista gorda, pero ha cumplido su obligaci¨®n. Hemos pedido la suspensi¨®n cautelar de las obras a los tribunales, que no la han concedido, y ahora vamos a volver a pedirla una vez suspendida la revisi¨®n del PGOU. Si en su momento hay demoliciones, ser¨¢n por resoluci¨®n judicial. P. ?La Junta se siente en guerra con Jes¨²s Gil? R. Ya ha dicho el presidente que no. Nosotros estamos ejerciendo las competencias de la comunidad aut¨®noma, aunque hay quienes entienden que estamos usurpando competencias municipales y quienes opinan que no estamos ejerciendo las nuestras. Tenemos unas armas legales que queremos ejercer con rigor en toda Andaluc¨ªa.

"Los promotores han construido sobre un plan provisional. Han jugado a los hechos consumados"