Senderismo constitucional

Mi m¨¢ximo respeto para el senderismo, pero me parece una actividad menor. De ah¨ª que cuando los pol¨ªticos se han dado a enriquecer el acerbo categorial de la Teor¨ªa de la Constituci¨®n encomiando la senda y denostando el atajo no creo que hayan contribuido al progreso de tal disciplina. Ni, ciertamente, a su utilidad.Para empezar, lo que a la hora de manejar la Constituci¨®n importa es su finalidad. No ciertamente c¨®mo se emprendi¨® el camino hace dos d¨¦cadas, sino la meta constitucional, que no es otra que la pac¨ªfica convivencia democr¨¢tica de los ciudadanos. Por ello no basta con invocar la senda constitucional, como hizo, en 1820, el m¨¢s fel¨®n de nustros gobernantes. Hay efectivamente que seguirla y, en ocasiones, hasta construirla. De ah¨ª la excelencia que, a veces, tiene el atajo cuando permite llegar a la meta, obviando sendas in¨²tiles, peligrosas o costosas en exceso y desbrozando, incluso, nuevos caminos.

La historia constitucional da cuenta de atajos magn¨ªficos y util¨ªsimos. Atajo fue la Ley para la Reforma Pol¨ªtica que permiti¨® en 1976 iniciar una transici¨®n r¨¢pida a la plenitud democr¨¢tica frente a la senda, por algunos propugnada, y que hubiera supuesto varios decenios -?o tal vez centurias?- de evoluci¨®n constitucional. Atajo era, para obviar eventuales dificultades, su art¨ªculo 5. Y atajos fueron, entre otros, a la hora de construir el Estado de las Autonom¨ªas, la transitoria 2? de la Constituci¨®n, frente al largo camino del art¨ªculo 151 o los Pactos Auton¨®micos de 1981. Por eso no hay que escandalizarse cuando, a la hora de integrar la dif¨ªcil plurinacionalidad espa?ola, haya expertos que busquen atajos en la literalidad de la propia letra de la Constituci¨®n, como es el caso de la Adicional 1?. Ciertamente que encontrar para tal fin buenos atajos exige imaginaci¨®n. Y la obra de arte tambi¨¦n.

Y hay tambi¨¦n atajos peligrosos. Los que pretenden conducir a la meta y, tras muchos rodeos, bordean el abismo, desde la guerra sucia a la explotaci¨®n pol¨ªtica del GAL. Tal ser¨ªa el caso cuando en la contienda pol¨ªtica se siguen, frente al adversario, caminos, de dif¨ªcil marcha atr¨¢s, que parecen pol¨ªticamente rentables y terminan, con una sentencia, yendo m¨¢s all¨¢ del quehacer propio de la justicia, tajando la opini¨®n p¨²blica y el cuerpo pol¨ªtico por la mitad, creando temibles agravios y poniendo en un brete a las propias instituciones. Los pol¨ªticos deben evitarlos; los jueces, tambien; y los primeros son insensatos si creen poder descargar su responsabilidad en los segundos.

En otras latitudes es atajo no menos peligroso utilizar instrumentos jur¨ªdicos generales para resolver problemas pol¨ªticos singulares. Ya se hizo con Rumasa en 1983 y vuelve a hacerse ahora con Egin, invocando, por cierto, en ambos casos, las deudas con la Seguridad Social. Para afrontar tales cuestiones patrimoniales, y a¨²n las pol¨ªticas a ellas inherentes, sirven las instituciones interventoras y alg¨²n buen ejemplo hubo de ello con ocasi¨®n de la crisis Banesto.

Las responsabilidades penales, siempre individuales, tienen su propio camino. Pero limitar la libertad de expresi¨®n consagrada en el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n requiere el procedimiento general y pol¨ªtico, no particular y jur¨ªdico, del art¨ªculo 54.1, que, felizmente, nunca se ha considerado preciso emplear. Lo otro es un atajo que se llama derogaci¨®n singular de la norma y atenta contra la interdicci¨®n de la arbitrariedad que la propia Constituci¨®n consagra (art. 9.2). Y eso es muy grave, con independencia de la antipat¨ªa que puedan inspirar los perjudicados por la arbitrariedad.

A la hora de festejar el XX aniversario de la Constituci¨®n conviene menos senderismo y m¨¢s rigor.