Los magistrados del Constitucional fueron investigados en el "caso Rumasa"

La investigaci¨®n abierta por decisi¨®n del presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado Barrio, respecto a los magistrados de la Sala Segunda tiene su precedente en otra que se practic¨® hace 15 a?os sobre los del Constitucional, precisamente a ra¨ªz de otra anticipaci¨®n informativa de EL PA?S sobre la sentencia del caso Rumasa. En aquella ocasi¨®n los magistrados del Constitucional fueron investigados y tuvieron que declarar por escrito ante la Sala Segunda del Supremo.El 4 de diciembre de 1983, casualmente el mismo d¨ªa en que se produjo el secuestro de Segundo Marey, este peri¨®dico public¨®, cinco d¨ªas antes de que el Constitucional lo hiciera p¨²blico, el fallo por el que este tribunal desestimaba el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados contra el decreto ley por el que el Gobierno socialista hab¨ªa expropiado el holding Rumasa el 23 de febrero anterior.

La informaci¨®n a?ad¨ªa los pormenores de la votaci¨®n y daba cuenta de que el voto de calidad del presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Garc¨ªa Pelayo, rompi¨® el empate a seis que se produjo en la votaci¨®n de los magistrados.

En enero de 1984, el Supremo acord¨® la apertura de una investigaci¨®n sobre los 12 miembros del Constitucional, para tratar de esclarecer las eventuales responsabilidades por una supuesta violaci¨®n de secretos.

El 1 de febrero de 1984, el Supremo cit¨® a declarar a los 12 magistrados del Constitucional. El auto por el que la Sala Segunda del Supremo decidi¨® la declaraci¨®n de todos ellos para el intento de esclarecimiento de los hechos denunciados por Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos caus¨® fuerte malestar en el Gobierno y en medios de la Fiscal¨ªa General del Estado.

Secreto profesional

El fiscal recurri¨® en s¨²plica ante la Sala Segunda del Supremo contra la apertura de diligencias previas, pero este tribunal rechaz¨® el recurso y ratific¨® su decisi¨®n de investigar a los miembros del Constitucional.El director de EL PA?S, entonces Juan Luis Cebri¨¢n, que fue interrogado por el Supremo sobre las fuentes en que se bas¨® la informaci¨®n, se acogi¨® al secreto profesional, que es amparado por la Constituci¨®n.

A finales de febrero, el Supremo archiv¨® las diligencias al considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito alguno.

Seg¨²n dijo entonces el Supremo, "si antes de la publicaci¨®n oficial de la sentencia, el d¨ªa 14 de diciembre, se anticip¨® en un medio de comunicaci¨®n un texto aproximado de aqu¨¦lla y el n¨²mero y nombre de los magistrados discrepantes, esto podr¨ªa constituir a lo sumo una indiscreci¨®n a corregir tal vez por la v¨ªa disciplinaria, pero no el delito que se pretende, puesto que el secreto no exist¨ªa ya y no pod¨ªa derivarse ning¨²n da?o de la publicacion de la sentencia".