Un juez chileno procesa a cinco militares por la muerte de siete guerrilleros en 1987

El juez civil Hugo Dolmetsch ha procesado a cinco oficiales, cuatro del Ej¨¦rcito y uno de carabineros, tres de ellos tenientes coroneles, todos ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI, sucesora de la Dina), como autores del delito de "violencia innecesaria" en la muerte en 1987 de siete miembros del Frente Patri¨®tico Manuel Rodr¨ªguez (FPMR) durante la llamada Operaci¨®n Albania. De los sometidos a proceso, tres ya est¨¢n detenidos en unidades militares y dos permanecen pr¨®fugos. El juez dijo que el caso no ha hecho m¨¢s que comenzar.

La Operaci¨®n Albania, como la bautiz¨® el servicio secreto de la dictadura, tambi¨¦n conocida como la matanza de Corpus Christi por la fecha en que ocurri¨®, es uno de los casos m¨¢s representativos de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la dictadura del general Augusto Pinochet. Entre el 15 y 16 de junio de 1987, un centenar de agentes de la agencia sucesora de la Dina, y que hab¨ªan dectectado una c¨¦lula del FPMR, acribill¨® a todos sus componentes, nueve hombres y tres mujeres. Unos perdieron la vida en la calle. Otros, en sus casas. El caso se present¨® simulando un enfrentamiento inexistente.Todas las v¨ªctimas presentaban varios impactos de bala en sus cuerpos. Varios recibieron disparos por la espalda o al descender de un autob¨²s. En una de las viviendas fueron rematadas siete personas, dos de ellas en sus dormitorios. Por estas siete, el juez someti¨® a proceso a los cinco ex agentes que integraban el operativo de la CNI.

La versi¨®n oficial del r¨¦gimen militar se ha repetido de forma machacona. Fue s¨®lo un "enfrentamiento", aunque ning¨²n agente result¨® herido, no hubo resistencia y las autopsias revelaron que las v¨ªctimas fueron abatidas a corta distancia.

A pesar de las m¨²ltiples evidencias incriminatorias, el caso permaneci¨® atrancado en el limbo judicial. Sin responsables, la justicia militar lo sobresey¨® en 1995. Todo apuntaba a que este asunto iba a terminar como el de otros muchos asesinados durante la dictadura: sin culpables.

Sin embargo, el 23 de marzo pasado el Tribunal Supremo orden¨® su reapertura, ratificando la competencia de la justicia militar, pero exigiendo que llevar¨¢ la investigaci¨®n un juez civil, misi¨®n que recay¨®, el 2 de abril, en Hugo Dolmestch.

En tres meses, este juez ha logrado lo que la justicia militar no consigui¨® en 11 a?os. Influy¨® en el cambio de procedimientos la nueva actitud del poder judicial -el Tribunal Supremo se renov¨® este a?o-, la actitud del magistrado y el relevo de la c¨²pula del Ej¨¦rcito, con su nuevo comandante jefe, el general Ricardo Izurieta.

Se trata del primer caso de violaci¨®n de derechos humanos en el que un juez civil procesa a varios militares e investiga a 100 ex agentes de la Dina.

El Ej¨¦rcito, junto con el resto de las Fuerzas Armadas, entreg¨® al juez una lista con los nombres de 1.500 ex agentes de la CNI, de los cuales el juez ha tomado declaraci¨®n a 100.

Durante la etapa de Pinochet, los militares trataron de torpedear la investigaci¨®n facilitando a la justicia nombres falsos de los agentes que participaron en esa operaci¨®n. El Ej¨¦rcito declin¨® ayer hacer comentarios. Un portavoz de la instituci¨®n asegur¨® que su costumbre es no comentar las resoluciones judiciales. El magistrado, en cambio, agradeci¨® la colaboraci¨®n recibida.

Cuando Dolmetsch dio a conocer su resoluci¨®n, en la noche del lunes, hubo l¨¢grimas. "Se nos abre un camino de esperanza. Pensamos que el magistrado est¨¢ poniendo todo su empe?o para el esclarecimiento del caso", afirm¨® la madre de una de las v¨ªctimas.

El abogado querellante Nelson Caucoto a?adi¨®: "No hay ning¨²n crimen cometido por la dictadura que no se pueda aclarar. Con la justicia siempre es posible".