Simplemente prevaricaci¨®n

LA FISCAL?A de Catalu?a ha presentado una querella por prevaricaci¨®n contra el presidente de la Secci¨®n Octava de lo Penal de la Audiencia de Barcelona, Santiago Raposo Gar¨ªn, y contra las otras dos magistradas que integran la Sala, por archivar una causa por delito fiscal alegando sin fundamento que hab¨ªa prescrito. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a ha admitido a tr¨¢mite la querella y ha citado a declarar como imputados a los tres magistrados. De esta manera comienza la investigaci¨®n de una causa que debe servir para corroborar o desmentir si los jueces dictaron una resoluci¨®n a sabiendas de que era injusta, la m¨¢s grave de las imputaciones que pueden hacerse contra quien tiene el deber de impartir justicia.A primera vista, el archivo de la causa acordado por la Secci¨®n Octava contradice una doctrina consolidada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, seg¨²n la cual la prescripci¨®n se interrumpe desde el momento mismo en que se produce la imputaci¨®n de un delito. Jaime Sent¨ªs Abad, el ex gerente de Casinos de Catalu?a encausado desde el 29 de noviembre de 1994 por un delito contra la Hacienda p¨²blica en los ejercicios de 1988 a 1990, no declar¨® ante el juez hasta el 12 de febrero de 1998, fecha que fue contabilizada por el juez Raposo para concluir que hab¨ªan prescrito los delitos fiscales anteriores a 1993.

Los magistrados cometen errores, como cualquier otro profesional, pero en algunos casos, adem¨¢s de tomar resoluciones injustas, lo hacen a sabiendas. Es, sin embargo, excepcional que un juez sea acusado simplemente de prevaricaci¨®n sin que se produzca a la vez una imputaci¨®n por un delito conexo, a menudo el de cohecho, que proporcione un m¨®vil o explicaci¨®n a una actuaci¨®n tan diametralmente contradictoria con la justicia.

La escasa utilizaci¨®n de la figura de la prevaricaci¨®n para enjuiciar la labor de la judicatura no se debe ¨²nicamente a la dificultad de demostrar el dolo o intenci¨®n, sino a un reflejo corporativo que tiende a blindar a los magistrados ante sus peores errores, que son los que se cometen con malicia y no siempre por mero inter¨¦s material.

El primer caso en que se ha producido un procesamiento por prevaricaci¨®n sin conexi¨®n con otros delitos es el del ex juez de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez de Lia?o. Las caracter¨ªsticas singulares de la conducta judicial de G¨®mez de Lia?o, que mantuvo abierto durante meses un proceso sin que existiera ning¨²n delito que investigar, hacen dif¨ªcilmente repetible un supuesto de prevaricaci¨®n como el que actualmente instruye el Supremo contra dicho magistrado.

Este nuevo caso afecta a un juez significado por la excentricidad de sus sentencias, a veces claramente absurdas, y a sus dos compa?eras de Sala, que no fueron capaces de impedir el supuesto desaguisado. La presunci¨®n de inocencia obliga a dejar abierta la posibilidad de que se trate de un simple error, es decir, de una resoluci¨®n objetivamente injusta pero sin malicia por parte del tribunal. Pero el buen funcionamiento de la justicia obliga a los magistrados a situarse ante la ley y sus figuras delictivas en igualdad de condiciones respecto a los otros ciudadanos, y a ser objeto, por tanto, de control y, si es preciso, de imputaci¨®n judicial cuando toman conclusiones al albur de sus arbitrariedades o caprichos.