El Gobierno tiene pendientes 170 casos en la Sala de lo Contencioso con las dem¨¢s administraciones

El Gobierno vasco tiene en la actualidad pendientes 170 recursos en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco por pleitos con las distintas administraciones p¨²blicas. Estos casos son una m¨ªnima parte de los casi 6.000 que recibe la jurisdicci¨®n contenciosa vasca, que cuenta con tres salas y nueve magistrados para resolverlos. El resultado: una media de tres a?os y medio en recibir el fallo y un colapso en la resoluci¨®n de los recursos que ayuntamientos, diputaciones y Ejecutivo conf¨ªan que solvente la Ley Reguladora de la Jurisdicci¨®n de lo Contencioso-administrativo del pasado 14 de julio, que se pondr¨¢ en marcha el pr¨®ximo mes de diciembre.

El habitual retraso de la Justicia tiene en los tribunales de lo Contencioso-administrativo su ejemplo m¨¢s di¨¢fano: cualquier particular que se sienta agraviado por una Administraci¨®n p¨²blica y quiera litigar contra ella ha de tener claro que antes de tres a?os, por lo menos, no se va a resolver su caso. Pero las administraciones tambi¨¦n pleitean entre s¨ª. Aunque los asuntos se lleven con la tranquilidad que ofrece lo p¨²blico, la tardanza en la resoluci¨®n de los pleitos exaspera tambi¨¦n a los abogados de las instituciones: "La creaci¨®n de los juzgados de lo Contencioso-administrativo en las audiencias provinciales era algo imprescindible, sino se quer¨ªa llegar al colapso de esta rama de la Justicia", reconoce Pedro Goti, letrado jefe del Ayuntamiento de Vitoria. Los 170 casos que tiene abiertos en la actualidad el Gobierno vasco, ya sea como recurrente, ya como recurrido, codemandado o coadyuvante, son de diversa ¨ªndole, aunque en su mayor parte (un 65%) han sido promovidos por los Ayuntamientos de la comunidad contra el Ejecutivo de Vitoria. Las materias objeto de recurso abarcan desde la fijaci¨®n de justiprecios en expropiaciones o los pleitos relativos a las normas de urbanismo de los distintos ayuntamientos a la autorizaci¨®n de espect¨¢culos o el pago de distintos tributos. En este ¨²ltimo apartado es donde tiene cabida el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), caballo de batalla entre Osakidetza y aquellos municipios en que se ubican sus centros sanitarios. Recursos sobre el IBI Los consistorios de Vitoria, Mondrag¨®n o Zum¨¢rraga llevan varios a?os interponiendo recursos contra el Ejecutivo a cuenta de este asunto. El de la capital alavesa tiene en tr¨¢mite los correspondientes al IBI de 1995, 1996 y 1997, aunque la Sala de lo Contencioso-administrativo ha dado la raz¨®n a los recursos del Ejecutivo con respecto a los a?os precedentes por considerar que con las transferencias de la Seguridad Social, la comunidad aut¨®noma asumi¨® todas las facultades y derechos que pueden recaer sobre los inmuebles correspondientes, excepto su titularidad, que contin¨²a a nombre de la Seguridad Social. En este asunto del pago del IBI, el equipo de abogados de la corporaci¨®n vitoriana tiene otro frente abierto con la Delegaci¨®n del Gobierno y la residencia del Delegado: en espera de resoluci¨®n est¨¢n los pleitos interpuestos en 1995, 1996 y 1997 para que estas dos sedes del Ejecutivo central paguen los tributos de dichos a?os. En los ¨²ltimos a?os, los ayuntamientos est¨¢n embarc¨¢ndose en pleitos contra sociedades p¨²blicas o semip¨²blicas a cuenta de la acometida de la red de telecomunicaciones: el consistorio vitoriano, por ejemplo, ha interpuesto un recurso contra Radio Vitoria (dependiente de EITB) a causa de la ocupaci¨®n del dominio p¨²blico municipal por el cableado. Seg¨²n el letrado Pedro Goti, "los trabajos de implantaci¨®n de las nuevas telecomunicaciones van a suponer un nuevo enfrentamiento judicial entre administraciones". Otro asunto que enfrenta a los ayuntamientos de las grandes ciudades y el Gobierno vasco es el precio de los servicios p¨²blicos. Los consistorios de Bilbao y Vitoria han recurrido las resoluciones de la Comisi¨®n de Precios de Euskadi respecto a los cambios en el precio de sus transportes p¨²blicos. Las diputaciones pleitean menos con el Gobierno vasco, a tenor de los datos ofrecidos por el propio Ejecutivo. Suelen ser asuntos referidos a urbanismo, como el que enfrenta al Gobierno con la Diputaci¨®n de Vizcaya por sus normas provisionales de evaluaci¨®n de impacto ambiental por actuaciones agropecuarias y forestales. O los que mantiene con la Diputaci¨®n guipuzcoana a cuenta del Plan de Ordenaci¨®n Urbana de San Sebasti¨¢n.