Legislar contra la desesperaci¨®n

S¨®lo H¨¦ctor Maravall, director general del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso), se ha atrevido a ponerle una fecha de caducidad: marzo de 1999. El clamor para cambiar la Ley de Extranjer¨ªa ha hecho que lleguen varias propuestas de reforma al Parlamento. El verano ha impedido que prosperen, pero las negociaciones entre los partidos que m¨¢s han empujado la reforma (IU, CiU, PSOE) continuar¨¢n en septiembre.No s¨®lo los partidos advierten sobre la urgencia de modificar la ley vigente desde 1985. Las autoridades reconocen que no existe una pol¨ªtica de inmigraci¨®n integrada y que medidas como los famosos cupos son s¨®lo "una f¨®rmula de parches".

Las ONG van m¨¢s all¨¢. Afirman que esta ley convierte a Espa?a en una especie de fortaleza e impide reconocer que la inmigraci¨®n es una realidad social y no s¨®lo un problema coyuntural, que en el verano se manifiesta con toda su crudeza.

Todos reconocen que hay que reformar la ley y que la acci¨®n policial no frenar¨¢ los flujos migratorios por s¨ª sola. A las m¨¢s de 12.000 detenciones llevadas a cabo por la Guardia Civil cada a?o hay que sumar, seg¨²n el director del cuerpo, estrategias econ¨®micas, sociales y diplom¨¢ticas.

La fortaleza "es la Europa de las pateras, donde se ha sustituido el tel¨®n de acero por el muro de agua del Estrecho de Gibraltar y que funciona a modo de un gueto en negativo, en donde lo positivo est¨¢ dentro y lo negativo se encuentra fuera", afirma el portavoz de SOS Racismo, Jos¨¦ Antonio Moreno.

Lo que m¨¢s rechazan las ONG es que los acuerdos de Schengen, que eliminan las fronteras entre pa¨ªses de la Uni¨®n Europea, motiven una pol¨ªtica migratoria en la que se privilegia la acci¨®n policial sobre el control arm¨®nico de los flujos migratorios. Esto propicia que se criminalice autom¨¢ticamente a todos los inmigrantes y que se genere un ambiente en el que las sociedades receptoras perciben al extranjero como un competidor o un adversario, en el mejor de los casos. En el peor, se le considera un delincuente.

La opci¨®n de los inmigrantes en Espa?a ha sido la organizaci¨®n en colectivos como la Asociaci¨®n de Trabajadores Inmigrantes Marroqu¨ªes y Algeciras Acoge. Ah¨ª atienden su propia causa: asesor¨ªa jur¨ªdica, atenci¨®n social y actividades recreativas.El portavoz de Algeciras Acoge, Hassan Yetefti, se lamenta de que los inmigrantes no tengan acceso a nada, "ni a la vivienda, ni al voto, ni a empleos dignos, ni mucho menos a traer a sus familias".

Algunos sindicatos, como UGT, llegan al punto pr¨¢ctico del asunto. Los indocumentados ven en un permiso de trabajo el ¨²nico escape de la ilegalidad, lo que genera el abuso de los empleadores, amparados en las reglas impuestas por la Ley de Extranjer¨ªa.

Despu¨¦s de las pateras

El problema de los inmigrantes que consiguen llegar a Espa?a es conseguir los permisos de residencia. Despu¨¦s de a?os en los que se segu¨ªa un extra?o criterio por el que un trabajador s¨®lo era admitido si el Instituto Nacional de Empleo (Inem) certificaba que no hab¨ªa espa?oles buscando su puesto, se estableci¨® un cupo o contingente de plazas que el Gobierno espa?ol est¨¢ dispuesto a otorgar a extranjeros.Pero la realidad es cruda. Ese escaso cupo (que este a?o se ha fijado en 28.000 trabajadores) es utilizado por extranjeros que llevan a?os trabajando ilegalmente para conseguir el preciado permiso de trabajo.

Antes necesitan la colaboraci¨®n de su empleador, que es quien debe solicitar que se le conceda ese permiso. Eso no ocurre en la mayor¨ªa de los casos, ya que muchos empresarios prefieren tener a sus trabajadores de forma ilegal y evitar el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social y otros impuestos. No regularizarlos les permite chantajearlos con la amenaza de una denuncia.

Existe una gran bolsa de trabajadores (entre 50.000 y 100.000) que no figuran en ninguna lista oficial. No existen para la Administraci¨®n, aunque lleven a?os en Espa?a. Si alguno de ellos es detenido puede ser llevado a los centros de detenci¨®n de inmigrantes, donde se le tratar¨¢ como un delincuente com¨²n. Seg¨²n abogados expertos en el tema, el trato ah¨ª es "degradante y vejatorio".

Hay otros caminos para regularizarse, no exentos de problemas. Los m¨¢s comunes son casarse con un espa?ol o tener un hijo en Espa?a. En el primer caso hay que someterse a un periodo de tres a?os para acreditar el matrimonio. En el segundo, se corre el riesgo de que cuando se vaya a la comisar¨ªa para sacar el DNI del menor, pueden detener y expulsar al padre.

Estar casado con un inmigrante legal tampoco garantiza la residencia. El c¨®nyuge establecido en el pa¨ªs debe certificar que habita en un hogar "con las condiciones m¨ªnimas", no compartido. Si se supera este tr¨¢mite, s¨®lo tendr¨¢ derecho a un permiso de residencia, pero deber¨¢ arregl¨¢rselas para conseguir un permiso de trabajo.

La v¨ªa m¨¢s curiosa de todas es colaborar con la polic¨ªa en alguna investigaci¨®n. En principio, los extranjeros que hacen esto tienen el derecho a un permiso de residencia.