104 "perdedores" ganan el "caso Marey"
La querella de un grupo de ciudadanos en 1988 interrumpi¨® la prescripci¨®n y logr¨® la condena de Barrionuevo y Vera
"Yo creo que esta vez no termino detenido", afirm¨® Jos¨¦ Luis Gal¨¢n, el abogado de la acusaci¨®n popular del caso Marey en nombre de 104 ciudadanos, cuando a finales de julio tuvo noticias de que aquella querella, presentada sin mucha convicci¨®n el 23 de marzo de 1988, iba a terminar con la condena de un ex ministro y otros ex altos cargos de Interior y polic¨ªas cualificados. Con aquella frase, el correoso e implacable letrado expresaba con humor la dif¨ªcil satisfacci¨®n ante el hecho de que tras m¨¢s de 10 a?os de lucha jur¨ªdica la Sala Segunda del Tribunal Supremo declarara penalmente responsables del secuestro de Segundo Marey a los 12 procesados que se sentaron en el banquillo. No era para menos, porque tanto ¨¦l como los otros 58 hombres y 45 mujeres que decidieron tomar aquella iniciativa estaban sobre todo acostumbrados a perder.Gal¨¢n y Teodoro Mota, el otro letrado de la acusaci¨®n popular, recibieron la antorcha de Fernando Salas, el malogrado abogado, fallecido el 10 de septiembre de 1992, que realiz¨® todas las gestiones para convocar a 104 personas con sentido c¨ªvico suficiente para asumir la acusaci¨®n penal en el primer caso de guerra sucia de la etapa socialista, una vez que el entonces fiscal general del Estado, Luis Antonio Bur¨®n Barba, se hab¨ªa negado a ejercer la acci¨®n penal.
Una de los 104 firmantes, la periodista Inmaculada de la Cruz Mu?oz, recuerda la primera reuni¨®n de un grupo de personas todav¨ªa reducido, convocado por Salas, quien explic¨® que exist¨ªa certeza de que se hab¨ªan cometido una serie de hechos delictivos con ocasi¨®n de la lucha antiterrorista, cuya impunidad pon¨ªa en peligro el Estado de derecho. Ante la pasividad del Ministerio Fiscal, la ¨²nica posibilidad de que se exigieran responsabilidades era ejercer la acci¨®n popular, prevista por la Constituci¨®n, junto al Jurado, como forma de participaci¨®n ciudadana en la Administraci¨®n de Justicia.
Extender la iniciativa
Salas, Gal¨¢n y los otros abogados que promovieron la reuni¨®n, indicaron que ser¨ªa necesario extender la iniciativa lo m¨¢s posible. Una vez que se conociera quienes estaban dispuestos hab¨ªa que ir a una notar¨ªa para dar poderes a los procuradores y abogados, elaborar la querella y presentarla.Aproximadamente un mes despu¨¦s quedaron citados en el despacho de un notario sito en la madrile?a plaza del marqu¨¦s de Salamanca. Estaban 104, muchos de ellos desconocidos entre s¨ª. Hab¨ªa un grupo importante de abogados, pero tambi¨¦n de catedr¨¢ticos y profesores, algunos periodistas y otros profesionales.
Firmaron familias enteras, como la formada por el catedr¨¢tico de Sociolog¨ªa Jes¨²s Ib¨¢?ez -fallecido en agosto de 1992- y su esposa Esperanza Mart¨ªnez Conde; Juan, hijo de ambos, adem¨¢s de dos hermanas de Esperanza: Josefa y Micaela. Curiosamente, el matrimonio Ib¨¢?ez-Mart¨ªnez Conde fue muy amigo del formado por uno de los ahora condenados en el caso Marey, el ex ministro Jos¨¦ Barrionuevo, y su esposa,Esperanza Hu¨¦lamo.
La relaci¨®n se remontaba a la etapa de la transici¨®n en que unos y otros viv¨ªan en las proximidades del barrio del Pilar y participaban en los movimientos vecinales partidarios de que no se edificara en la zona denominada La Vaguada. Era la ¨²ltima parte de los a?os setenta, cuando los vecinos se manifestaban los fines de semana tras el eslogan ?La Vaguada es nuestra! y hasta plantaban ¨¢rboles para impedir ingenuamente que se edificara. Luego, cuando en 1979, los socialistas llegaron al Ayuntamiento de Madrid y se termin¨® edificando en la zona, algunos vecinos comentaban: "Dec¨ªan La Vaguada es nuestra y se la quedaron".
Progres¨ªa de izquierdas
Los 104 firmantes de aquella querella, progresistas de izquierda, estaban acostumbrados a perder. Los padres de los m¨¢s j¨®venes seguramente hab¨ªan perdido la guerra civil y ellos mismos hab¨ªan perdido en los encontronazos con los grises [polic¨ªas franquistas] en la universidad o en la f¨¢brica. Casi todos los 104, procedentes de partidos de izquierda, hab¨ªan perdido en su apuesta por una transici¨®n de ruptura frente a los partidarios de la triunfante reforma, como hab¨ªan perdido, incluso en las urnas, la pugna para que Espa?a saliera de la OTAN, o fueron deso¨ªdos cuando pidieron la dimisi¨®n de Enrique M¨²gica como ministro de Justicia.All¨ª estaban antiguos dirigentes comunistas como Francisco Javier ?lvarez Dorronsoro, el fil¨®sofo Carlos Paris, el soci¨®logo Fernando ?lvarez Ur¨ªa, el psiquiatra Enrique Gonz¨¢lez Duro, la abogada Francisca Villalba. Entre los abogados, junto a penalistas como Gonzalo Mart¨ªnez Fresneda, letrados m¨¢s j¨®venes, pero igualmente incisivos, como el propio Gal¨¢n, Luis Mar¨ªa Figueroa Cuenca, ?ngeles L¨®pez ?lvarez, que lleg¨® a ser presidenta de la Asociaci¨®n Libre de Abogados (ALA), pero siempre perdi¨® frente al decano Antonio Pedrol; o Fernando Oliete, procedente de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos, y Jorge del Cura, dirigente de la Asociaci¨®n contra la Tortura, en las que se cosechaban pocos triunfos.
Por eso, cuando la sentencia del caso Marey ha establecido que el delito no prescribi¨® gracias a la querella interpuesta por estos 104 ciudadanos contra Jos¨¦ Amedo, M¨ªchel Dom¨ªnguez y "cualesquiera otras personas, no juzgadas ni condenadas, o responsables de instituciones, que en el curso de la investigaci¨®n aparezcan como part¨ªcipes en las actividades de la organizaci¨®n terrorista denominada Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n", digan lo que digan los votos particulares, Gal¨¢n y 103 m¨¢s se asombran de no haber perdido esta vez.
De la Cruz se siente, adem¨¢s, "muy orgullosa".Y hace esta confidencia: "Lo de menos es que vayan a la c¨¢rcel. Lo que m¨¢s me gusta es que les hayan inhabilitado para ejercer cargos p¨²blicos y no se les pueda votar. Es la ¨²nica forma de poder volver a votar a los socialistas, porque, gracias a Dios, no todos son as¨ª".
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