Nadie quiere m¨¢s de 100.000 millones

Algunos concluyen que en el mercado financiero japon¨¦s se producir¨¢ el efecto Wimbledon. Se jugar¨¢ un buen torneo, pero sin participantes locales.Con las crisis de Yamaichi y Hokkaido sangrando, la amenaza de otras nuevas y el temor al p¨¢nico financiero, el Gobierno, entonces encabezado por Ruytaro Hashimoto, decidi¨® en febrero ayudar con dinero p¨²blico al sector financiero y aportar 30 billones de yenes.

Las nuevas garant¨ªas ya funcionan, pero de los 13 billones previstos para inyecciones de capital s¨®lo se han dispuesto 1,8, en la sorprendente forma de partes al¨ªcuotas: 100.000 millones de yenes para cada uno de los seis grandes bancos. Nadie quer¨ªa ser el primero en recibir o recibir m¨¢s que otros. Por eso todos piden lo mismo (ver cuadro).

Se apremi¨® al banco m¨¢s potente, el Tokyo-Mitsubishi, a que fijase su petici¨®n, y luego todos la copiaron. Ni se ha premiado a los bien gestionados ni se ha castigado a los mal gerenciados, sino todo lo contrario.

"Bancos-puente"

El segundo paso para el reflotamiento de la banca empieza ahora, con la discusi¨®n parlamentaria de la ley de los bancos-puente, una variante del Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos espa?ol. Su esquema, en s¨ªntesis, es el siguiente: el banco en apuros pasa a ser administrado por el sector p¨²blico, si no se ha conseguido venderlo al privado; un banco-puente transitorio, de capital p¨²blico, lo absorbe; pasa los cr¨¦ditos fallidos a un colector o sumidero pagado por la Administraci¨®n, mantiene los pr¨¦stamos buenos e inyecta capital para mantener la actividad crediticia a los clientes; al cabo de cinco a?os, restablecido el equilibrio patrimonial, el banco-puente se vende en el mercado, o recala definitivamente en el sector p¨²blico si no encuentra comprador.Los primeros borradores del proyecto de ley (en realidad, seis textos) ahora en curso levantaron pol¨¦mica. Las cr¨ªticas se cebaron en que no establecen criterios tajantes para discriminar cr¨¦ditos buenos y malos. Peor a¨²n, normas recientes autorizan a las entidades a contabilizar los activos a sus precios hist¨®ricos, aunque est¨¦n inflados, y no a los de mercado. El esquema confiere al criterio del primer ministro, y no a una autoridad t¨¦cnica, la autorizaci¨®n que desencadena el acogimiento de un banco en crisis al esquema reflotador. Tampoco especifica claramente la responsabilidad de los accionistas, reduciendo el valor de sus acciones, a un yen en el caso l¨ªmite, algo que s¨ª propone la oposici¨®n. Y configura una mara?a de agencias oficiales, con responsabilidades a veces solapadas, que dificultan las decisiones y permeabilizan el sistema a todo g¨¦nero de influencias.