El Ministerio de Justicia de EEUU estrecha el cerco sobre Al Gore
Como si el presidente Bill Clinton no tuviera bastantes problemas legales y pol¨ªticos con el caso Lewinski, su heredero y vicepresidente, Al Gore, se enfrent¨® ayer a una investigaci¨®n que podr¨ªa poner en peligro su casi segura candidatura presidencial para el a?o 2000. La fiscal general (ministra de Justicia), Janet Reno, orden¨® ayer la apertura de una nueva investigaci¨®n preliminar sobre la financiaci¨®n de la campa?a presidencial dem¨®crata de 1996, requisito previo al nombramiento de un fiscal especial sobre el caso, seg¨²n informaron fuentes del Departamento de Justicia.
Reno se neg¨® ayer a hacer comentarios sobre el tema invocando la confidencialidad que debe rodear cualquier investigaci¨®n. "No puedo decir nada", fue su escueto comentario.La fiscal general se encuentra en la in¨¦dita situaci¨®n de haber sido acusada de desacato al Congreso por la comisi¨®n de la C¨¢mara de Representantes encargada del control de las actuaciones gubernamentales por su retraso en nombrar un fiscal especial que investigue la posible financiaci¨®n irregular de la campa?a para la reelecci¨®n de Clinton y Gore en 1996. Las vacaciones parlamentarias han impedido que el pleno de la C¨¢mara se pronuncie sobre la procedencia de acusar oficialmente a Reno de desacato.
El asunto de la posible financiaci¨®n irregular de la campa?a presidencial de 1996 colea desde hace casi tres a?os como consecuencia de las denuncias de varios congresistas republicanos, que sospechan que Gore abus¨® de su cargo para conseguir contribuciones econ¨®micas para la campa?a. Todo estriba en la sutil diferenciaci¨®n que la ley electoral norteamericana hace entre lo que se denomina soft money (dinero suave), destinado a engrosar las arcas de un partido pol¨ªtico, y el hard money (dinero duro), que va directamente a las campa?as personales de un candidato.
Una ley promulgada el siglo pasado proh¨ªbe taxativamente a los pol¨ªticos solicitar contribuciones para sus campa?as personales desde cualquier edificio federal. Y, seg¨²n las acusaciones republicanas, Al Gore realiz¨® en 1995 un total de 45 llamadas telef¨®nicas desde la Casa Blanca en solicitud de dinero para su reelecci¨®n y la de Clinton en 1996. Los republicanos pretenden que ese dinero debe ser considerado hard money y, por tanto, ilegal.
El vicepresidente, que ya ha declarado en dos ocasiones ante los investigadores del Departamento de Justicia, volvi¨® a negar ayer, a trav¨¦s de su abogado, James Neal, la comisi¨®n de cualquier acto ilegal. Sin embargo, en sendos informes sometidos a la fiscal general por el director del FBI, Louis Freeh, y por el jefe de la unidad especial del Departamento de Justicia para estudiar la financiaci¨®n de los partidos, Charles LaBella, se recomienda a Reno el nombramiento de un fiscal especial independiente. Fue precisamente la negativa de Reno a entregar esos informes a la comisi¨®n parlamentaria sobre control de gobierno lo que provoc¨® la acusaci¨®n de desacato sobre la que se debe pronunciar el pleno de la C¨¢mara cuando reanude las sesiones en septiembre, despu¨¦s de las vacaciones.
En dos ocasiones anteriores Reno se ha negado a iniciar el proceso de nombramiento de un fiscal especial, posiblemente escarmentada por las actuaciones de Kenneth Starr, cuyas investigaciones sobre Bill Clinton desde 1994 han sacudido los cimientos de la Casa Blanca y han minado la credibilidad personal del 42? presidente de EEUU ante sus conciudadanos. Para los republicanos, y especialmente el presidente de la comisi¨®n de control al Gobierno, Dan Burton, las repetidas negativas de Reno a nombrar un fiscal especial no hacen "sino acentuar las sospechas de que el Departamento de Justicia tiene algo que ocultar".
La decisi¨®n de Reno de ordenar el inicio de una investigaci¨®n a Gore se debe a una minuta manuscrita por el ayudante del vicepresidente, David Strauss, en la que propon¨ªa destinar parte del dinero te¨®ricamente recaudado para los fines generales del partido a la campa?a espec¨ªfica de reelecci¨®n del presidente y vicepresidente. Los republicanos aseguran que Gore aprob¨® la decisi¨®n de Strauss.
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