Debate en Portugal por la muerte de toros en festejos taurinos
La tradici¨®n se impuso a la ley. La muerte de cinco toros durante las fiestas de Barrancos, una peque?a localidad portuguesa situada junto a la frontera espa?ola de Huelva, ha reabierto una antigua pol¨¦mica sobre las corridas de toros, cuya estocada final est¨¢ prohibida en el pa¨ªs vecino desde 1928. El desaf¨ªo a la legislaci¨®n vigente, ante la pasividad de las fuerzas del orden p¨²blico, ha provocado un debate nacional entre quienes exigen el cumplimiento estricto de la ley y aquellos que defienden la excepci¨®n para mantener las tradiciones.La controversia comenz¨® hace unos 15 d¨ªas cuando la Sociedad Protectora de Animales denunci¨® a un juez de Lisboa la sistem¨¢tica violaci¨®n de ese decreto durante las fiestas de Barrancos, que se celebraron el pasado fin de semana. El magistrado orden¨® a las autoridades del Ministerio del Interior que tomaran las medidas necesarias para hacer cumplir la ley, pero los vecinos de Barrancos anunciaron que mantendr¨ªan su tradici¨®n de hace m¨¢s de 300 a?os y amenazaron con arriar la bandera portuguesa e izar la espa?ola en el Ayuntamiento. Apoyados por toda la poblaci¨®n, toreros espa?oles mataron a los animales y pudieron salir de Barrancos sin problemas, a pesar de que hab¨ªan sido alertados de una posible detenci¨®n.
Un comunicado oficial explicaba que la actuaci¨®n de las fuerzas del orden deb¨ªa de tener en cuenta "una sensata y ponderada utilizaci¨®n de los medios materiales y humanos para eludir da?os personales o materiales a¨²n mayores de los que se pretend¨ªa evitar. Antes la sangre del toro que la humana". El texto oficial a?ad¨ªa que una actuaci¨®n m¨¢s contundente podr¨ªa haberse traducido en "graves perturbaciones del orden p¨²blico, de consecuencias imprevisibles".
El ex diputado del Partido Socialista y vicepresidente de la Comisi¨®n Regional de la regi¨®n de Alentejo, Gavino Paixao, no descarta tomar medidas de presi¨®n para proponer la legalizaci¨®n en la Asamblea de la Rep¨²blica, recabando el apoyo de diputados de todos los partidos pol¨ªticos, entre ellos el de algunos ministros. La controversia, pues, ha llegado hasta las m¨¢s altas instancias del Estado.
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